Chihuahua, Chih.

Hay muy poco margen para el comentario fácil, pero sí una gran veta para la reflexión y, sobre todo para los nuevos gobernantes, el señalamiento de la tarea a la que deberán abocarse sin dilación.

Pocas cosas se pueden agregar a lo que es una de las tragedias persistentes de la entidad: Como desde 2008, las dos principales urbes chihuahuenses, Juárez y Chihuahua, están ubicadas en el top ten de las ciudades más violentas del país, tanto en el número de homicidios, como en el de feminicidios, lo mismo en el número absoluto, como en el proporcional, de acuerdo con su población.

A lo largo de casi década y media, y del paso de gobiernos de la república emergidos de los tres principales partidos -PRI, PAN y MORENA- Tijuana, Cd. Juárez, Culiacán y Guadalajara, se conservaron con más homicidios y feminicidios, en los primeros diez lugares en tal incidencia. (Nota de Fabiola Martínez y Roberto Garduño, La Jornada, 3/XI/21).

Además, “según las cifras oficiales del gobierno federal, hay cinco delitos contra las mujeres (feminicidios, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones) que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria”. Entre ellos se encuentran Ciudad Juárez y Chihuahua, de acuerdo con lo informado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En algunos delitos, la disminución adquirió niveles importantes, sin embargo informó que en este año “se han abierto mil 277 carpetas de investigación por violación, es decir, 28.7% más que el año anterior”. (Ibídem).

A su vez, Fabiola Alanís, titular de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), presentó el informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que destacó el decreto de siete alertas de violencia de género para Baja California, Guerrero, Estado de México, Sonora, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua.

Es de pavor. Al menos 22 estados tienen alerta de género, lo que significa que 642 municipios (uno de cada cuatro en el país) tienen la obligación de implementar acciones especiales.

A tres años de haber arribado al poder, los funcionarios de la 4T apenas se percataron del gravísimo estado en que se encuentra la seguridad pública y especialmente el deterioro que en esa materia sufren las mujeres.

Y la pandemia ha agravado seriamente esto, sin que se advierta la aplicación de una estrategia que salga al paso de la tragedia: “Nueve de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares y a su entorno más cercano y no se denuncia por miedo, desconfianza a la autoridad o por pena”.

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, dió a conocer que “se trabaja en un modelo integral de prevención primaria de violencia contra las mujeres, para abarcar distintos enfoques, cuyo objetivo es generar un nuevo pacto social en el que no haya cabida para la exclusión y violencia contra las mujeres”.

¡Híjole!

Cuando sólo les restan tres años, a la mitad del sexenio, que anunciaron sería el de la transformación del México de nuestros días, cuando se cierne sobre la población femenina una de las oleadas más violentas, ¡apenas están contemplando lo que debieron arrancar en los primeros días de la actual administración!

Sorprende el pasmo existente en el gobierno de López Obrador en estas materias; las cifras son de espanto, tanto en uno, como en otro rubro, a pesar de haber puesto en la calle a cerca de 100 mil elementos de las fuerzas militares, el número de homicidios (más de 103 mil) es el doble de los presentados en los dos sexenios anteriores y, vuelta a decirlo, no se advierte estrategia alguna para combatir, tanto a “los generadores de violencia”, como al incremento de los asesinatos.

Es cierto, hay que combatir las causas profundas, dicen los actuales gobernantes, pero el problema estriba en que no consideran a un buen número de causas que van más allá de la simple enunciación de los niveles de pobreza, desempleo, marginación y exclusión.

Para nada se abordan temas como el de los bajos salarios, el de la casi nula procuración de justicia, la falta de entornos sociales adecuados, la enorme corrupción existente en los aparatos de justicia y administración de justicia; y cuando se abordan esos temas, sólo se hace como mero mecanismo propagandístico para criticar al pasado.

Ese es el que se debe cambiar, el pasado. Poco se hace en ese sentido.

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)