Chihuahua, Chih

Desde la semana anterior comenzó a correr el rumor sobre una serie de nombramientos que eventualmente se vendrían en escalada dentro de próximos días, derivados del proceso de renovación de la rectoría en la universidad, lo que una vez terminado, determinó que será el director de la Facultad de Derecho, Luis Rivera Campos, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua para el período 2022-2028, del cual, se dice, será la diputada Georgina Bujanda, expresidenta del Congreso del Estado quien funja como Secretaria General de nuestra máxima casa de estudios.

Aun en el campo de la especulación, sobre todo por las declaraciones de la parlamentaria referentes a que no ha recibido invitación formal, se comienza a instalar en la telaraña de conjeturas, el ascenso de la actual directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Margarita Blackaller a ocupar su curul puesto que es su suplente registrada; cabe recordar que también lo fue de Maru Campos en su segundo periodo como alcaldesa y que debió haberla suplido cuando contendió por la gobernatura y que, por extrañas razones, no expuestas ni dirimidas en la opinión pública, no cumplió con la obligación que electoralmente le fue interpuesta. 

¿Falta de capacidad para cumplir el encargo? Probablemente; no lo sabremos y eso es lo lamentable de no hacer parte a la opinión pública de las decisiones políticas; no generar un entendimiento amplio de la forma en que se construyen nuestros procesos de representación que, a su vez, inhiben una participación activa en el ejercicio del derecho de construcción de ciudadanía. 

Sin afirmaciones concretas ni negativas tajantes venidas de alguna versión oficial salida de la Palacio, los escenarios posibles ante este par de movimientos que integran posiciones emblemáticas, se añade una que pone los cabellos de punta: el nombre de Teresa Ortuño como probable titular del ICHMUJERES. 

Y de lo malo, lo peor. La ex comendadora -perdón- directora general de los Colegios de Bachilleres de Chihuahua posee un negro historial dentro de la función pública y un gris desempeño en su quehacer legislativo. 

Ex diputada local, dos veces federal y senadora, acostumbrada al dispendio del erario en beneficio personal, buscó ser candidata a la presidencia municipal y a la gobernatura, perdiendo contra Miguel Riggs y Carlos Borruel, respectivamente, en contienda interna de su partido. 

Su negro paso por la dirección de los planteles de nivel medio superior dejó una estela de corrupción, de la que dio cuenta la Auditoría Superior de la Federación por un desfalco de 449 millones de pesos, al no acreditar una serie de subsidios federales a puestos, plazas y tabuladores.

De personalidad y quehacer político conservador a ultranza, impuso un programa educativo de carácter religioso para suplantar el ordenamiento federal que, en materia de política pública para la prevención de embarazo adolescente, instruía integrar modelos de educación sexual integral aprobados por la Secretaria de Educación Pública y que por el contrario, cometiendo un nuevo acto de corrupción, que impactó a miles de adolescencias en el estado, implementó Formando Corazones, negándoles la posibilidad de que a través de una adecuada orientación e información, adquirieran habilidades, facultades y competencias para la vida y el ejercicio de sus derechos en temas de salud y educación.

Sus declaraciones como figura de autoridad demostraron su talante protofascista: capacitista por discriminar a personas con diversidad funcional (discapacidad), también atentó contra la identidad de adolescentes de la diversidad sexual y negó categóricamente la existencia de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de estar contenidos en el marco legal vigente, lo que orienta a considerar que su paso por el Congreso del Estado, la Cámara de diputados y el Senado de la República fue inútil porque no aprendió nada: cuando fue cuestionada por reporteros sobre el libre desarrollo de la personalidad, específicamente por el corte de cabello de los alumnos de los planteles del COBACH y su orden para no admitirles el ingreso si no portaban el reglamentario, mencionó: “aquí la Constitución no entra”.

¡Caray! Una locura inconcebible en alguien que ha pasado casi 15 años legislando, como para no saber que la Constitución es el máximo ordenamiento legal existente en nuestro país.

Este rosario de abruptos y desazones retratan de cuerpo entero a una persona sin capacidad para atender encargo en la administración pública estatal, que es diametralmente distinto a ostentar un puesto de elección popular, mínimo. 

La debida distinción entre las esferas de los poderes del estado requieren habilidades instaladas distintas. Para el ICHMUJERES, de acuerdo a la Ley de creación del órgano, se define en su artículo 14°, se debe acreditar experiencia y conocimiento en relación con los objetivos o atribuciones del Instituto y conocimiento sobre la desigualdad por razones de género en todas sus dimensiones (económica, política, jurídica, social, cultural, etc.) y los mecanismos ya existentes para enfrentarlos y así, eliminar las brechas de desigualdad. 

Un sinsentido si la que es objeto de esta colaboración ha afirmado categórica en múltiples espacios y ocasiones que la perspectiva de género es un invento malévolo que instrumenta la ideología de género.

Reitero que todo lo anterior es solo una serie de especulaciones alimentadas por rumores, porque no creemos que la gobernadora asuma un riesgo político de estas dimensiones al otorgarle un espacio en su administración, sobre todo siendo alguien de un grupo político distinto al que actualmente gobierna y a la que el ex gobernador Javier Corral favoreció y protegió de manera notable en la pasada administración, manteniéndola en su puesto a pesar de los múltiples escándalos de corrupción, sus reiteradas y diversas violencias para con las adolescencias para las que desarrollaba su función.

Su falta de pericia para gestionar controversias laborales que detonaron un conflicto sindical de gravedad que involucró al personal administrativo y docente a su cargo.

Apelamos a que la gobernadora no cometa el terrible desatino de convertir al Instituto Chihuahuense de las Mujeres en una sucursal del Santo Oficio y, con ello, le niegue a las mujeres y niñas del estado posibilidades de desarrollo y de vivir una vida libre de violencia.

La política pública para el avance de la igualdad entre mujeres y hombres y la de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género requiere a alguien capaz de gestionar grandes pactos políticos con diversas entidades gubernamentales y de la sociedad civil; por eso decimos:

Tere Ortuño, no.

@MarieLouSalomé