Chihuahua, Chih.

Una de las consecuencias -positivas- del hecho de que la autoridad federal no ha decretado la FASE 3, de acuerdo con la legislación vigente, lo que obligaría al presidente López Obrador solicitar al Congreso de la Unión  la suspensión de los derechos ciudadanos -bajo vigilancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, lo que equivaldría, en la práctica, a un estado de queda, es que no se han paralizado el total de las actividades económicas del país.

Pero, conforme pasan los días y crece el número de contagios, un buen número de gobernadores y alcaldes, de todos los colores partidarios, creyeron llegado el momento de imponer sus propias condiciones restrictivas para impedir la propagación de la epidemia.

Pocos podríamos argumentar que no los animan buenas intenciones, sin embargo, sin perder de vista el enorme riesgo abatido sobre la sociedad mexicana, es necesario enfatizar, recordarle a las autoridades, y recordarlos nosotros mismos, que las autoridades no pueden hacer más allá de los que las leyes les tienen permitido.

No está demás recordar que las autoridades sólo pueden hacer lo que las regulaciones les permiten, y si éstas no los facultan para efectuar cualquier acción no contemplada en el marco legal, entonces les está prohibido.

Y también recordar que los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohiba expresamente.

Así, bajo el argumento de la contingencia sanitaria, diversas autoridades han emitido distintas prohibiciones que van desde la imposición del toque de queda en sus municipios, en algunas regiones de los estados, la imposición de multas, o hasta amenaza de cárcel a quienes violen lo que hasta ahora son recomendaciones de las autoridades de salud, federal o estatales -y que algunas sí tienen fundamento legal restrictivo-, pero de ninguna manera, si no lo decreta el Congreso de la Unión, no podrían decretarse medidas especialmente restrictivas.

Digámoslo enfáticamente, las medidas hasta ahora decretadas por el gobierno mexicano se basan en el convencimiento de la población, la conminación a hacerlo y, de esta manera, empujar a la coerción social -y, también, el fundamentado temor social al contagio- para que ésta se constituya en el principal motor de control de la epidemia.

Y si la aplicación de medidas restrictivas están en tales condiciones, la aplicación de multas a los conductores, en cuyo vehículo viajen más de dos adultos, tal como lo decretaron el gobierno de Chihuahua y la alcaldía juarense (ésta, en hasta la segunda infracción), cae en el supuesto aquí relatado. 

No tienen facultades para decretar tal medida y menos sensibilidad se muestra si, como es el caso, una buena cantidad de los agentes de vialidad de la ciudad de Chihuahua -seguramente siguiendo órdenes superiores- se han destacado por su afán recaudatorio.

Ni hay reformas a la ley de vialidad y tránsito, ni a los reglamentos de tránsito que justifiquen tal decisión sancionadora.

Peor aún, al momento de buscar la legislación correspondiente en el portal del Congreso del Estado, lugar en el que se encuentran todas las regulaciones vigentes, arrojó que la Ley de Vialidad y Tránsito “está en actualización”.

Por supuesto, el Congreso del Estado no ha aprobado ley alguna en la que se basen para infraccionar de ese modo.

Todos debemos estar involucrados en la adopción de las medidas de la contingencia sanitaria, pero las autoridades son las obligadas, en primer lugar, a respetar la ley. 

No pueden hacer más allá de lo que el marco legal les permite, menos si, como es el caso, se advierte una clara intención recaudatoria.

Peor, el gobernador Javier Corral, en plena pandemia, y ante las crecientes críticas por las sorpresivas multas, anunció ayer que pasarían de 521 pesos a 200!

¡Sólo porque así lo decretó él!

Pues ni ese monto, ni el otro puede cobrar. 

Lo que sí deberán hacer los agentes viales será conminar a los conductores a seguir las indicaciones restrictivas y actuar con la prudencia y el buen juicio para entender que habrá algunos conductores que merced a sus rutinas laborales, médicas, familiares, etc. estarán necesitados de trasladar a más de dos adultos.

No, ni este momento, los gobernantes tienen permiso para hacer lo que se les plazca; con epidemia, o sin ella, están obligados al estricto cumplimiento de la ley.

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