En medio de las guerras del narcotráfico y del huachicoleo, la Cámara de Diputados aprueba la militarización de la seguridad pública

Juárez bajo fuego

Término tan “tropicalizado” fue acuñado por el entonces gobernador Patricio Martínez para referirse al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Herrera, uno de los emblemáticos del PAN local, al que tildaba de ser un extremista y político falto de racionalidad.

Así pudiera, en primer término y a botepronto, catalogarse lo que culminará mañana en el período extraordinario de sesiones del Congreso del Estado, convocado para varios asuntos, pero en realidad para uno en el que el grupo gobernante tiene especial interés: El de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para desaparecer la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, cuyo titular es, hasta ahora, Omar Holguín, ex presidente del Consejo Estatal de Morena.

La propuesta, avalada por diputados de todos los partidos, con las excepciones de Morena y de 2 diputados del PRI (uno de ellos, Jesús Velázquez, cercanísimo al ex gobernador César Duarte), implica no solamente ubicar bajo la égida del Secretario Administrativo, el ex diputado del PAN, Jorge Issa, la coordinación de Comunicación Social, sino la representación jurídica del Congreso del Estado, que sería la encargada de conducir todos los procesos judiciales y/o legislativos en los “juicios políticos”, así como el de todos los juicios de amparo establecidos en contra de las determinaciones del Poder Legislativo.

Pero más allá de lo anterior, o precisamente por eso, mediante el albazo de mañana, el gobernador asumirá el control de prácticamente todos los hilos del poder y de los poderes en la entidad.

Cercanos al mandatario son quienes ocupan la presidencia del Instituto Chihuahuense de Transparencia, del Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura; la titularidad de la Auditoría Superior del Estado; la presidencia del Congreso del Estado, así como la coordinación de los diputados locales; también la de los diputados federales; el senador Gustavo Madero, la recién designada fiscal anticorrupción; la presidente del Comité Estatal del PAN; el Secretario Administrativo del Congreso y por supuesto los integrantes del gabinete con funciones fiscalizadoras y/o de procuración de justicia.

De aprobarse la reforma -todo hace suponer que así será- Omar Holguín superará a Jorge Issa en una más que sui géneris competencia: Los dos fueron sujetos y objetos de sendas reformas legislativas, todas a la Ley Orgánica del Congreso.

En primer lugar, la legislatura anterior aprobó una reforma para eliminar el requisito de contar con una profesión relacionada con los cargos a desempeñar en el Poder Legislativo, lo que le permitió a Issa ocupar la Secretaría Administrativa pues es médico de profesión.

Luego, Holguín recibió los beneficios de la reforma que le quitaba el requisito de una edad mínima y por lo menos 5 años de experiencia para ocupar la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales.

Pero ahora superará a Issa pues se aprobará una reforma especialmente diseñada para sacarlo del Congreso del Estado.

Tal pretensión se concretará debido a que el gobernador Corral obtuvo en todo este proceso otro instrumento de control político: Mayoría calificada en el Congreso de Chihuahua.

Ni siquiera en la anterior legislatura lo había logrado con tal solvencia. Lo obtiene como fruto de la conjunción de varios factores y fenómenos.

Sin duda que la falta de cohesión las fuerzas de Morena es factor fundamental, así como la inexperiencia y carencia de conocimientos del casi depuesto Secretario Holguín, acerca del papel del Poder Legislativo, especialmente cuando lanzó su operativo “Congreso del Pueblo”, consistente en llevar a las colonias programas de asistencia social, que no le corresponde a su dependencia.

Pero esos son, simplemente, los factores agregados. De un análisis detallado de la composición de las fuerzas parlamentarias existentes en el Congreso podía deducirse, casi sin margen de error, que sería cuestión de tiempo para que la minoría del PAN lograse el apoyo de los otros partidos.

Los diputados del PT, muy temprano, informaron que no participarían en la coalición de Morena en el ámbito local.

A su vez, tres de los cuatro diputados del PES se mantuvieron fieles a sus antecedentes: son proclives al gobernante en turno, independientemente del origen partidario. En tiempos de Duarte y Peña Nieto, fueron fieles apoyadores de ambos gobiernos; hoy son respaldo del gobernador Corral y del presidente López Obrador en cada nivel de gobierno.

También los diputados del PANAL y del Verde son congruentes seguidores de esa práctica política.

El PRI se dividió, dos de sus diputados -Jesús Velázquez y Anna Elizabeth Chávez Mata- en la práctica han abandonado al PRI, se mantienen Omar Bazán y Rosa Isela Gaytán, en lo que parece ser (si tomamos en cuenta la votación del PRI en la Cámara de Diputados, junto a Morena) un aparentemente e incipiente acuerdo político.

Pero la determinación del grupo gobernante local tendrá consecuencias políticas, el morenaje, ahora disperso y confrontado entre sí, entre los diversos acuerpamientos existentes, que hasta ahora mantienen una no tan soterrada disputa por las posiciones ¡del 2021!, pueden reaccionar, unirse por el más elemental sentido de sobrevivencia y actuar, en lo local, y exigir, en lo federal, una respuesta que obligue al gobierno de Javier Corral a bajar el encono en contra de Morena.

Por supuesto que lo mismo pedirá el panista, respecto de sus opositores en el ámbito local, pero siempre habrá límites para las confrontaciones políticas, más por los momentos de apremio que viven los chihuahuenses.

De los ataques a los policías estatales, las bandas criminales -aparentemente- pasaron a la ofensiva en contra de las dos principales policías municipales, las de Juárez y Chihuahua, además de las agresiones y asesinatos de los elementos de “Asuntos Internos”, encargados de la investigación de las corruptelas de los policías de las distintas agrupaciones que, muy probablemente y en la mayor parte de los casos, tienen conexión directa con el crimen organizado, responsable de las agresiones a las corporaciones policiacas.

Podría colegirse que hechos como los sufridos en estos días, y los que diariamente ocurren en el país, deberían llevarnos a coincidir con los diputados federales que aprobaron la reforma constitucional, que da origen a la Guardia Nacional bajo un nuevo esquema, distinto al de su origen y propósito, que eran el de su origen civil y de coadyuvar a la seguridad nacional y que ahora el grupo gobernante pretende se erija a partir de las fuerzas armadas y sea la responsable -en el ámbito nacional- de la seguridad pública.

Es, sin ambages, una militarización en pleno del país, no guarda paralelismo con lo realizado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ni con lo efectuado en primer término por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Cada uno puso en marcha distintas fases de incorporación de fuerzas militares y mandos en los agrupamientos policíacos, en los tres niveles de gobierno.

Ni los esfuerzos civiles, ni los militares fueron capaces de impedir el crecimiento de los índices delictivos, ni del fortalecimiento de las bandas criminales. Además, la incesante participación de las fuerzas militares conllevó a un preocupante crecimiento en el número y grado de las violaciones a los derechos humanos.

¿Esto se debió a la “perversidad” de las fuerzas armadas, o a la puesta en práctica de un “malévolo” plan militar?

De ninguna manera, obedeció a la falta de preparación policiaca de las fuerzas armadas; no están capacitadas, ni su tropa, ni sus mandos, para afrontar la muy difícil tarea de la seguridad pública, en el único país que comparte frontera -por el sur- con el principal consumidor de drogas en el mundo.

Y es que, claramente, se necesita una estrategia global para acometer esa tarea, la de la seguridad pública, la que no puede dejar de lado la construcción de una muy sólida policía federal, civil, con mandos civiles, tanto en la parte operativa, como en la administrativa; no puede haber mando dividido, o “mixto”, como ahora se pretende “chicanear” en la aprobación de la GN.

No, no hubo en el pasado una supuesta “militarización”, como tibiamente argumentan algunos defensores de la reforma morenista; y si la hubo, de ninguna manera legitima, ni justifica, que ahora se pretenda militarizar la seguridad pública; los resultados están a la vista, el fracaso en esa materia ha llevado al país a un inacabado baño de sangre.

Y no basta, para defender la reforma, asentar que porque ahora está al frente del gobierno un presidente honesto, las corporaciones militares actuarán de manera diferente al pasado.

No se trata de la bondad, o de la honestidad del gobernante, solamente, el modo en que actuará un cuerpo militar o policiaco, depende de la estructura, preparación y objetivos para los que fue creada.

De esas diferencias deriva la existencia de agrupaciones policiacas y fuerzas armadas, no deberemos cometer el error de fusionarlas, lo lamentaremos.

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