Chihuahua, Chih.

En un boletín de prensa, el diputado Jesús Valenciano a nombre del grupo parlamentario del PAN, dio a conocer que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) requiere de “algunas modificaciones a diferentes leyes estatales, lo que va a generar un gran trabajo procesal para los diputados ante el Congreso, que serán jornadas intensas al interior de varias Comisiones”. 

Entre los ordenamientos que serán reformados, destacan los siguientes: la Ley de la Auditoría Superior (la cual tendría el mayor número de modificaciones), el Código Administrativo, la Ley Orgánica de los Poderes Ejecutivo y Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el Código Municipal, la Ley de Programación y Presupuesto, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Para el diputado panista la adecuación reglamentaria de la reciente reforma a la Constitución del Estado en materia de anticorrupción, será sinónimo de un “toque de modernidad” a la legislación local, ya que “para concluir con el proceso que consolide al recién creado SEA, el Congreso cuenta con seis meses de plazo (¿?), el cual “es un tiempo justo porque son muchos procedimientos” (sic). 

El legislador deliciense también dio a conocer que en los próximos días se convocará a las distintas comisiones legislativas “con el fin de elaborar y aprobar diferentes dictámenes, los cuales se subirán al Pleno, y será a partir de octubre, cuando se concluya este proceso… los diputados vamos a trabajar mucho para dar a los chihuahuenses un Sistema Anticorrupción integral y moderno que nos llevará a trascender este tema, seremos ejemplo a nivel nacional”. 

Sin embargo, a pesar del prematuro entusiasmo de este legislador panista, el diseño del SEA es muy deficiente y tan solo aumentará la burocracia estatal, ya que las personas que integrarán los ‘órganos internos de control’ de las tantas dependencias estatales y de los organismos autónomos, serán personas afines al gobierno estatal en turno; es decir, personas que desde su nombramiento serán servidores públicos cuyo actuar será tildado de parcialidad.

Acreditemos lo antes dicho: La nueva redacción del Art. 178 de la Constitución Local establece que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal “tendrán órganos internos de control, con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.

Luego, si se toma en cuenta la cantidad de dependencias estatales, centralizadas y descentralizadas que integran la Administración Pública Estatal, y los órganos autónomos y los desconcentrados; imagine usted amable lector, el número de burócratas que habrán de engrosar la nómina estatal. Obviamente, los funcionarios públicos que integren dichos órganos de control serán designados por el gobernador o por el Secretario respectivo.

En cuanto a la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, se establece que “será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción”. Y su titular será nombrado por el Congreso por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de una terna enviada por un panel de 9 especialistas en combate a la corrupción, de los cuales 5 serán designados por el Ejecutivo y 4 por el Legislativo, de conformidad con la convocatoria pública que para tal efecto expida ese grupo de ‘especialistas‘, obviamente, afines al PAN.

Yo me pregunto: ¿Acaso no resulta notoriamente inconstitucional que personas físicas expidan una Convocatoria Pública para nombrar a un funcionario público de suma relevancia política? ¿Y que ellos mismos sean los que presenten la terna de los mejores aspirantes? ¿Quién calificará el grado de especialización en combate a la corrupción de los miembros el Panel? Ni modo, a preparar otro amparo contra leyes porque, de plano, Javier Corral no tiene remedio ni vergüenza.



‘MAÑAS’ EJECUTIVAS:

Las ‘artimañas’ legislativas de Javier Corral serán, sin duda alguna, una constante durante este quinquenio de gobierno. Las reformas constitucionales en materia de la Judicatura y Anticorrupción son prueba palpable de ello.

En el Decreto mediante el cual se crea la Judicatura, se reformó todo el Título del Poder Judicial: incrustaron en su estructura y funcionamiento los requisitos para ser Consejero, las atribuciones de este órgano judicial y hasta el nombre de las comisiones que la conforman.

En cambio, para dar vida al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) como un órgano jurisdiccional autónomo, a la iniciativa de Javier Corral le bastó adicionar un solo artículo a la Constitución Local: en lo relativo a su organización, funcionamiento, integración, procedimientos, será la Ley Reglamentaria la que determine todo lo referente a estas cuestiones.

Inclusive el procedimiento de designación es diferente: Los Magistrados del TEJA serán designados por el Congreso mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, “después de un proceso de selección llevada a cabo por una Comisión Especial integrada por representantes de los tres Poderes del Estado”. Y al igual que los Consejeros de la Judicatura, los magistrados deberán satisfacer los mismos requisitos que los Magistrados del TSJ. ¿Con el mismo sueldo?