Chihuahua, Chih.

Indigna la actitud de los propietarios de las 170 empresas que se ampararon para impedir que se conocieran sus nombres como beneficiarios de las condonaciones de impuestos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La suma dada a conocer por el presidente López Obrador asciende a más de 400 mil millones de pesos (mmdp), aunque la organización Fundar afirma que rebasan los 620 mmdp. Esta última cantidad significa algo más del 10% del presupuesto federal para 2019, y pareciera ser más creíble, si se toman en cuenta lo que declarara en alguna tarde, durante su gobierno, el entonces presidente Felipe Calderón, cuando afirmó que la elusión fiscal de las más grandes empresas rebasaba la cantidad anual de 400 mmdp.

Al día siguiente, el presidente Calderón fue desmentido por su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.

Son datos que periódicamente ha aparecido y que develan, crudamente, la existencia del aparato del poder para favorecer a los suyos, en uno de los aspectos más sensibles de la vida de una nación, el pago de impuestos, en dos de sus vertientes más injustas y salvajes, la de la elusión de impuestos -mediante la cual eluden el pago de alrededor de 400 mdp anuales- y la devolución, cuyos montos ahora se revelan de manera oficial por el mismísimo presidente.

Pero nada ha pasado. Es decir, nada había pasado. A partir de la fecha, según el gobierno de la 4T cesarán esas devoluciones.

Y es que, como dijo el Cura Hidalgo, su dios es el dinero y para que no conozcan sus trapacerías al amparo del poder, “Un informe especial, elaborado por el SAT, con fecha del 8 de mayo, enlista los 52 juicios de amparo que impugnaron una orden dictada en agosto de 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que obligaba a la difusión de los favores fiscales y los grupos beneficiados”.

Ahí estaban televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y equipos de futbol, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Entre las empresas litigantes se encuentran: Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, Cinépolis, Hewlett-Packard, Grupo Carso, América Móvil, General Motors, Cemex, Minera México y Gruma; Industrias Peñoles, AT&T, TV Azteca, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, Televisa, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Nova (Sky), Grupo Herdez, Sanborn’s, Condumex, Ferrocarril Mexicano, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller, Procter & Gamble y Aeropuertos de Cancún”. (Ibídem).

El instituto de Transparencia había ordenado, en el sexenio de Peña Nieto, que el SAT difundiera los nombres de los beneficiarios de las condonaciones de “entre enero 2007 a diciembre 2013, los montos de condonaciones de enero 2007 a mayo 2015, y las causas de las condonaciones, de enero 2014 a mayo 2016”. (Ibídem).

Es impactante. Del total de las empresas beneficiadas por la condonación informada por el gobierno de la 4T, 108 se beneficiaron del 54% del total de la condonación.

Esta medida es, sin duda, una de las acciones más importantes en la ruta del desmantelamiento de la estructura de un régimen basado en la protección a los más enriquecidos empresarios del país.

Pero no será una medida que transite por la tranquilidad de debate político, o de las críticas de una parte de los analistas de los medios de comunicación más poderosos, máxime si se encuentran, sus empresas, en las listas, tanto de las beneficiarias de la condonación, como la de quienes pretenden la opacidad de su negativa a aportar fiscalmente lo que les corresponde, de acuerdo con la regulación existente hasta la fecha.

Puede ser que la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco sea una medida con mayor atractivo mediático, y que afecte a unos grupos empresariales, pero la que ahora comentamos es una de mayor trascendencia, de más largo alcance y de una mayor extensión que, además, le redituará al gobierno federal no menos de 100 mdp.

Y esta es la ruta a seguir, si se desea establecer algunas medidas en pro de combatir la injusta distribución de la riqueza.

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