Chihuahua, Chih.

La referencia es obvia, directa a la magnífica película de los hermanos Coen, Ethan y Joel, -Sin lugar para los débiles (No country for old men [2007]) que contó con un elenco de primerísima línea: Tomy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald y Tess Harper- que, por coincidencia, o quizá no, se desarrolla en la frontera mexico-norteamericana.

También, y ya no es una simple coincidencia, la temática es común, y no sólo, por desgracia, de la frontera: La extrema violencia presente en la sociedad.

Violencia que, como en el pasado, en Chihuahua se abate de manera preferente sobre las mujeres, las que ahora engrosan las estadísticas criminales, no sólo por caer, víctimas de la furia misógina, sino, también, por su participación en la delincuencia organizada.

Pero la obra cinematográfica no aborda -porque no era algo que tuviera contemplado- dos aspectos que son cardinales en la violencia abatida sobre Chihuahua: La ejercida en contra de las mujeres y los cada vez más alarmantemente frecuentes casos en los que la Fiscalía General del Estado fabrica -o intenta- chivos expiatorios; o en los que los fiscales “fallan” sorprendentemente en la elaboración de las investigaciones y de los expedientes.

Y hay un tercero, quizá el más importante, el de la creciente degradación social, fenómeno que se evidencia, sobre todo, desgraciadamente, en el incremento de la violencia doméstica.

Si hubiese que buscar un parámetro que ilustre que tanta violencia existe en una sociedad determinada, ese es, sin duda, el de las condiciones de violencia o ausencia de ella en el seno de los hogares

Además, en el caso de Chihuahua, todos los indicios y los datos estadísticos apuntan a un grave deterioro de las cifras de violencia prevaleciente en la sociedad, entre las que se encuentran las referentes a los casos de extrema violencia en contra de las mujeres; la de la desaparición y posterior asesinato de algunas de ellas, cuya dinámica es semejante a la presentada en aquellos años, en los que la aparición de varias decenas de mujeres asesinadas a lo largo de cada año, concitó la justificable alarma de la sociedad chihuahuense.

Y que en el caso de la violencia extrema abatida sobre las mujeres, la que ya no es solamente la que podría inferirse del involucramiento de las mujeres en el crimen organizado -sobre todo en las actividades relacionadas con el narcomenudeo-, sino el de la desaparición -por otras razones, básicamente las derivadas del género- y en algunos casos, la posterior aparición de los cadáveres.

Como entonces, la actitud gubernamental es semejante.

No obstante aquel pasado, que propició cambios legales, la creación de distintas figuras y dependencias oficiales, así como del fondo para las víctimas de la masacre, de una fiscalía especializada en los delitos en contra de la mujer, y/o de la familia, etc., la conducta de muchísimos funcionarios (as) encargados de atender tan sensibles áreas adolece de los mismos vicios y conductas de los presentes casi 3 décadas atrás.

Las informaciones dan cuenta de un notable deterioro de la eficacia de la Fiscalía General del Estado. Cada vez, con mayor frecuencia, aparecen las evidencias del incremento en los intentos de fabricar chivos expiatorios, así como del enorme desaseo en las investigaciones y la elaboración de los expedientes para fincarles cargos a los presuntos responsables.

El más reciente es el del caso de la joven deliciense, Salma Montes, desaparecida y asesinada, por lo cual la fiscalía detuvo al ex novio Kevin Gualberto P. en un caso en el que las tropelías de los agentes ministeriales recorrieron todo el patrón, incluido el de la detención arbitraria, el ocultamiento del detenido, el ilegal allanamiento de morada, el robo de pertenencias a los familiares del acusado, etc., hasta el de tener que aceptar su liberación, por un juez, debido a que no había pruebas que lo incriminaran.

O como el del presunto miembro de la pandilla “Los Aztecas”, liberado apenas  ayer, acusado de homicidio y al que un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió debido a que “el Ministerio Público pretendió acreditar la responsabilidad de Santos Javier Ledezma Sánchez con una entrevista ministerial realizada al propio detenido en el 2018”, cosa ilegal a todas luces.

Como esos casos, a puños se encuentran en los juzgados, en tanto, crecen las amenazas en contra de las mujeres, en las calles, pero, sobre todo, en el hogar.

¿Y el gobierno?

Bien, gracias.

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