Chihuahua, Chih.

No podía menos que causar escalofríos, pasmo, sorpresa, incredulidad, etc., la declaración del gobernante chihuahuense, Javier Corral.

Interrogado acerca de su asistencia a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizaría el 30 de abril y a la que acudiría el presidente López Obrador en la que el tema a tratar era el de la seguridad pública, Corral adujo que “por cuestión de agenda no acudiría a la reunión”, pues tenía programada su participación en el evento de la celebración del Día del Niño en Juárez y otro evento, de la niña gobernadora, en la ciudad de Chihuahua.

“Me dijeron que mañana va haber una reunión de la Conago, pero nosotros tenemos aquí en Juárez agendado desde hace rato un compromiso con los niños y niñas y tenemos el tema del niño gobernador, bueno va a ser niña”. (Nota de staff, El Diario de Juárez, 30 de abril de 2019).

La cosa se agrava si tomamos en cuenta que, apenas en enero de este año, el gobernante chihuahuense asumió la presidencia de la Comisión Permanente de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Su decisión la anunció apenas un día después de la última de las masacres ocurridas en la capital chihuahuense, cuando ya se sabía del violentísimo enfrentamiento ocurrido entre las fuerzas armadas y grupos de sicarios en San Juanito, en el que al menos 35 personas atacaron a los militares y todo ello en medio de severas críticas desatadas por el sostenido repunte de la violencia en el estado.

No solo eso, interrogado acerca de su infancia, Corral lanzó un extendido relato, que se vió interrumpido abruptamente cuando otro reportero lo cuestionó acerca de las cifras de violencia de abril y del alarmante aumento del número de homicidios en Chihuahua, “eso no es cierto”, respondió, molesto, y adujo que “nosotros estamos combatiendo la violencia”.

Pero el mes de abril cerraba con 215 homicidios, 152 de los cuales se presentaron en Juárez, “según cifras de la propia Fiscalía del estado”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 30 abril 2019).

“No es una cifra que sea a nivel nacional…eso no es así, no es cierto eso; hay en el país otras zonas muy violentas, nosotros estamos combatiendo la violencia”, sostuvo.

Sí, sí las hay, pero Chihuahua se colocó en el tercer lugar nacional, pues mientras en el país se registraron en abril 2 mil 227 homicidios; 5.5 menos cada día que en diciembre de 2018, en Chihuahua fue el que más repuntó y con los asesinatos de abril, en el gobierno del amanecer, se acumularon 5 mil 505, lo que representó un incremento del 36%, respecto del 2018, cifra sobre la que el reportero le cuestionaba y Corral negaba, sin parar mientes en que fue la mesa de seguridad del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la que, basada en datos de la Fiscalía General, informó acerca de fenómeno tan desalentador. (Nota de Miguel Silva/El Diario de Chihuahua, 1 Mayo de 2019).

Llama la atención que, mientras en Juárez se registraron 151 asesinatos, en la capital del estado solamente 16 homicidios, incluida la masacre ocurrida el pasado 28 de abril en Vistas del Norte.

Más preocupante que lo anterior, si es que pudiera haberlo, es el hecho de que la tasa de homicidios, si se proyectan al año los homicidios ocurridos en el primer cuatrimestre, llegaría a los 70 por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior a la que se había mantenido en los años 2016 y 2017, de alrededor de 50, tomando en cuenta, en el primero de ellos, solamente los meses de octubre a diciembre.

De la reunión nacional de seguridad del martes anterior se ausentó el gobernador de la entidad que se encuentra en el “top” cinco de mayor incidencia delictiva, merced a que Chihuahua presenta cifras líderes en el país en delitos como la violencia familiar, narcomenudeo, daño a la propiedad, robo de vehículos y lesiones dolosas. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 29 Abril de 2019).

“Lo anterior lo informó el Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder) con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, en los cuales se precisa que en Chihuahua se cometieron 16 mil 641 delitos, el 3.4 por ciento del total del país”. (Ibídem).

Acaso la molestia del mandatario tenga como explicación el hecho de que, por ejemplo, el 95% de asesinatos cometidos en Juárez, en 2018, siguen sin resolverse, de acuerdo “con la información proporcionada por la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a la solicitud de transparencia 039942019 hecha por El Diario”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 17 de abril de 2019).

Abruman las evidencias de la falta de atención gubernamental a lo que ocurre en el estado en materia de seguridad pública.

Con los datos anteriores, acerca del incremento de la inseguridad en el estado, sería suficiente para acreditar la muy necesaria actividad del gobernante, a fin de lograr una mejor coordinación con la esfera federal en esta materia, más allá de las notorias y frecuentes diferencias del gobernador Corral con el presidente López Obrador.

Y es que los encontronazos entre ambos son los más descollantes, incluso podríamos sostener que el presidente no los ha tenido con ningún otro gobernador, pero ante la magnitud de la severidad de la crisis en seguridad pública debiera ser suficiente como para encontrar la suficiente coordinación para combatirla, habida cuenta que sólo una estrategia a largo plazo y atendiendo, también, las causas de carácter socioeconómico, podría darle fin a la inmensa tragedia que enfrenta la sociedad mexicana.

Ante ella, no caben las posturas protagónicas a la que son tan afectos nuestros gobernantes pues la crisis presente en Chihuahua en el momento actual, no sólo hace recordar los peores momentos de la oleada violenta del 2008-2012, sino que, para algunas regiones de la entidad es, ya, peor que aquella, especialmente en la sierra Tarahumara y algunos municipios de los alrededores de Cuauhtémoc, en los que la inseguridad forma parte del diario acontecer de sus habitantes, que frecuentemente deben afrontar los riesgos de los continuos y frecuentes episodios violentos ocurridos ahí.

Y de ellos pueden derivarse más experiencias negativas, como el presentado a principios de la semana en San Juanito, en el municipio serrano de Bocoyna, en el que luego del enfrentamiento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se negó a dar información del hecho, en tanto que la Fiscalía carecía de información.

¿Es cosa menor?

Por supuesto, no. Cuando estamos a unos cuantos meses de la puesta en vigor de una estrategia en la que el acento se encuentra en el masivo incremento de la participación de las fuerzas militares en el combate a la violencia y la inseguridad, la transparencia y el acceso a la información deberán ser partes sustanciales de la misma.

Porque la investigación de los delitos cometidos y de los presuntos responsables es responsabilidad de los organismos civiles; pero sin información y sin acceso a las escenas del crimen, las fiscalías no podrán efectuar sus trabajos y, por tanto, la integración de los expedientes, la investigación sobre las bandas criminales y el esclarecimiento de los hechos no se podrán realizar y, mucho menos, desarticular a las bandas criminales.

“Debido a esa negativa (de la Sedena a proporcionar información del enfrentamiento), la Fiscalía Zona Occidente desconocía hasta ayer la identidad de los tres militares lesionados, la gravedad de las lesiones sufridas, y si serán llevados a declarar, como parte de la carpeta de investigación que se mantiene abierta…”. (Nota de la Redacción, El Diario de Chihuahua, 03 Mayo de 2019).

No será fácil la nueva etapa ¿Será efectiva? ¿Y si faltan la voluntad y la cooperación?

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