Chihuahua, Chih.

Algo deberán hacer muchos de los militantes de Morena llegados a la función pública.

Muchas cosas deberán revisar en relación a sus posturas y conceptualizaciones acerca del régimen que deberemos construir a partir de los escombros del anterior, si es que esa es la intención de la 4a. Transformación.

Pero, urgentemente, deberán revisar, analizar y sumarse a la agenda ciudadana, la que se fue construyendo ladrillo a ladrillo a lo largo de las últimas tres décadas, lapso en el que viejo régimen cedía espacios a golpe de las luchas ciudadanas, las que lo fueron de todo tipo.

No fueron graciosas concesiones del régimen, especialmente las que se refieren a la “ciudadanización” de diversos organismos que nacieron al influjo de esa tendencia, impulsada desde el seno de la sociedad, desde muy variadas expresiones de la vida social y política de la misma.

Una de ellas, central, era la de evitar, a como diera lugar, la intromisión de los partidos políticos en la conformación de los órganos dirigentes de esos organismos, entre ellos, especialmente, los electorales y los de derechos humanos, precisamente para evitar que sirvieran, no a los intereses para los que fueron creados, sino a las fuerzas partidarias.

Pero héte aquí que un novel legislador morenista y nada menos que el suplente de un luengo militante de la izquierda chihuahuense, en su primera declaración pública, ya como diputado, propuso que se quitara el requisito de no haber sido dirigente de partido político alguno para acceder a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ¡Justamente cuando se especulaba que Gustavo de la Rosa Hickerson (Pichú), el diputado propietario a quien suplía Román Alcántara Alvídrez, aspiraba a ocupar ese cargo!

Sin embargo, el Pichú De la Rosa caía en ese supuesto pues formó parte de las dirigencias de los partidos en los que militó, razón por la que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, está impedido, al igual que la diputada panista, Blanca Gámez, a quien también se mencionaba como una supuesta aspirante al mismo cargo.

“Debemos de revisarlo porque imagínense que un líder político de hace 20 años esté limitado y se le prohiba su participación, yo creo que es algo que vulnera y violenta los derechos humanos y pues si sigue esto así pueden venir amparos que detengan el proceso, estamos aún a tiempo para los que desean participar, no es por alguien en especial, es simplemente abrir la oportunidad a todos”, dijo el nuevo legislador de Morena. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 19/III/19).

No sólo eso, quizá por desconocer la ley (y si así fue, peor) propuso que en la convocatoria para la elección del Ombudsman se quitara tal requisito, es decir, que se violara lo establecido en la Constitución, así dispuesto para evitar el asalto de las cúpulas partidistas a organismos como éste, que claramente tienen el objetivo de evitar que un partido gobernante en una entidad determinada y con mayoría suficiente en el Congreso, pueda imponer a uno de los suyos en la presidencia de la CEDH, algo que ostensiblemente se padece en el actual gobierno, que lo ha hecho en varios de los organismos existentes en Chihuahua.

Esa era, precisamente, la pretensión y, también, para evitar que la llegada de cualquier otra fuerza al poder (por muy sana, honesta y comprometida con las “causas del pueblo”) pretendiera regresar al viejo régimen del partido “casi único” que copó todos los espacios.

Por todo ello, los morenistas están obligados a delinear cuáles son los rasgos del nuevo régimen que se proponen impulsar.

Uno de ellos, esencial, deberá ser el de privilegiar e impulsar la participación de la sociedad en todos los organismos ciudadanizados, como uno de los mecanismos centrales de la construcción de un régimen inconmensurablemente más democrático que el actual.

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