Chihuahua, Chih.

La creciente violencia política, el asesinato, amenaza y renuncia de candidatos en numerosos lugares del país evidencian el interés de cárteles por el control político.

En el panorama nacional, la seguridad se coloca como el reto más importante de cara a las próximas elecciones. Es fundamental que quienes aspiran a gobernar realicen propuestas claras e integrales en la materia. Los desafíos no son menores y solamente con una visión integral, un equipo preparado, cambios de fondo y cooperación con distintos actores, se podrá mejorar la situación.

Estados como Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Guanajuato, así como algunas localidades de otras entidades, sufren la expansión y el poder que algunos grupos del crimen organizado han alcanzado. 

Las amenazas y el consecuente miedo de la población han repercutido incluso en la migración y el desplazamiento interno. Tan solo en el tránsito a Estados Unidos, después de 10 años de no figurar entre los primeros lugares, desde el 2020 México es nuevamente el país con más migrantes detenidos por la patrulla fronteriza.

El crimen ha profundizado la diversificación de sus negocios, tanto dentro de la legalidad como fuera de ella. Delitos como el tráfico de seres humanos o la extorsión han cobrado dimensiones nunca antes vistas. Se ha documentado el cobro de piso en negocios, a particulares, migrantes, y productores o agricultores a quienes se obliga a vender sus productos a precios bajos, fijados por los delincuentes. 

También hay casos de gremios como el de los médicos, instituciones educativas o inclusive de niños, como el reciente episodio de una escuela en Veracruz en donde solicitaron a los padres de familia 20 mil pesos a cambio de no hacerle daño a sus hijos. Otro caso insólito es el del cártel del Golfo en Tamaulipas, en donde cobra cuotas a los ciudadanos por el disfrute de la sombra de los árboles en sus casas.

Asimismo, se ha aprovechado de la falta de estado de derecho en vastas extensiones del territorio nacional. Lugares con fácil acceso a armas y drogas son propicios para la aparición de grupúsculos y la presencia de cárteles. 

Por ejemplo, en Sinaloa, según el propio subsecretario de Seguridad del Estado Jesús Bustamante, hay más “punteros” o “halcones” que elementos de seguridad. Llegamos al punto en el que los grupos del narcotráfico se convirtieron en la quinta fuente de empleo en el país, brindando trabajo a aproximadamente 175 mil personas.

La creciente violencia política, el asesinato, amenaza y renuncia de candidatos en numerosos lugares del país evidencian el interés de cárteles por el control político. Incluso, en algunos rincones del país las organizaciones del crimen han llegado a convertirse en autoridades paralelas a las que la población recurre para resolver problemas de seguridad.

La desaparición de fondos y la falta de una estrategia adecuada para el fortalecimiento policial a nivel municipal y estatal han contribuido a un deterioro en materia de seguridad. 

La creación de una Guardia Nacional sin identidad ni pertenencia, cuyo logro más importante ha sido el despliegue de más de 120 mil miembros y cerca de 250 cuarteles, ha resultado una estrategia fallida, enfocada más en la disuasión que en una verdadera atención del problema.

No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. 

Primero, se debe reconocer la falta de gobernabilidad en algunos puntos del país. Dado que los grupos criminales operan de manera transnacional, es necesario fortalecer la cooperación internacional en la materia y mejorar la coordinación nacional. 

Segundo, apostar por el fortalecimiento, tanto de mando como de las capacidades civiles, dentro de la Guardia Nacional. 

Tercero, mejorar las condiciones y la formación de policías locales, al tiempo de dotarlas de recursos y un buen sistema de rendición de cuentas. 

Cuarto, atender con seriedad y recursos suficientes las agendas postergadas, como la violencia en contra de mujeres y un sistema penitenciario más eficaz que verdaderamente reinserte.

Quinto, fortalecer la capacidad de las autoridades de investigación, coordinación e inteligencia. 

Y sexto, realizar cambios de fondo en nuestro sistema de justicia.

Por último, hay que apostar realmente a la prevención social de la violencia. El discurso presidencial de atender las causas, si no va acompañado de recursos y políticas focalizadas, termina por desgastar un concepto tan necesario para mejorar la seguridad.

*Publicado por El Universal, 17 de mayo de 2024.