Chihuahua, Chih

Gravísimo lo que el grupo gobernante ha realizado en la última semana. 

Ante el hackeo de los #Guacamaya, la respuesta fue la frivolidad y la indiferencia en público; en los hechos, una absoluta opacidad.

Luego, ante el evidente fracaso en seguridad pública, el desaseo absoluto para aprobar la ilegal participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sin controles, sin metas precisas y sin estrategia en esta materia.

Luego, la “novedosa” forma de hacer política, protagonizada por el Secretario de Gobernación, el “hermano” Adán López Hernández, (ya ve que ahora son hermanos entre sí y AMLO los aspirantes morenistas a la presidencia) quien se lanzó en una gira por las capitales estatales -por indicaciones del presidente- para “impulsar” la aprobación de las legislaturas locales a la reforma constitucional que prorroga hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

La gira del “hermano Adán” abarcó hasta las entidades con mayoría morenista en los congresos ¿Para qué?

La respuesta es una sola, para placearse, y para lanzar denuestos en contra de los gobernadores de oposición con discursos plagados de mentiras.

Sostiene el analista Raymundo Riva Palacio (“Las tribulaciones de López bis, El Financiero, 21/10/22) que los ataques del “hermano Adán” tienen otra explicación: 

“Se está peleando con gobernadores y defendiendo el desaire prepotente del secretario de la Defensa al Congreso porque… la inteligencia militar lo señaló de haber nombrado a tres personas en altos cargos de la seguridad (cuando ejercía la gubernatura en Tabasco), que tienen relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Pero el asunto de la seguridad pública no está en el debate, sino la permanencia de los militares en las calles, o no. El gobierno de la 4T no tiene estrategia de seguridad y al parecer no va a tenerla, le apuesta a tener al ejército en las calles como única estrategia.

El fracaso es más que evidente. Y no hay argumentos que nos lleven a aprobar -desde lejos, desde la sociedad- su propuesta militarista. No hay evidencia alguna de que a más soldados en las calles, mayor seguridad. “De 2006 a 2019 se duplicó el número de soldados en el territorio nacional y se triplicaron los homicidios dolosos”. (Artículo de Martín Vivanco, El Universal, 21/10/22). 

La acusación del otro López fue tajante y reiterativa: “Los gobernadores de oposición no hacen nada por la seguridad de sus estados”.

Al referirse a Chihuahua, anunció, “Ya otro día les platicaré del desastre en Chihuahua, donde también es un gobierno emanado de Acción Nacional”.

 Son de tal dimensión las mentiras de Adán López que él y todos los integrantes del gabinete lopezobradoristas esconden -eluden- el hecho de que las dos mayores ciudades fronterizas norteñas, -Tijuana y Juárez- ocupantes de los dos primeros lugares en homicidios, son gobernadas por alcaldes emanados de MORENA, y que esos (y otros en el top ten) lugares, de extrema preocupación, los han ocupado a lo largo de ya casi dos décadas en las que han sido gobernadas por el PRI, PAN y MORENA.

No es un problema circunstancial, es estructural, no ha habido una estrategia adecuada de seguridad pública. 

Tener a los soldados con el uniforme de la Guardia Nacional, para que hagan lo mismo que hacen cuando traen la indumentaria militar, esto es, patrullar arriba de los vehículos, equipados como si fueran a enfrentar a otro ejército en un combate de una guerra, no sirve, se requieren cuerpos policiacos capaces, con la posibilidad de enfrentar a los grupos criminales en todos los terrenos.

Eso prometió López Obrador cuando se creó la Guardia Nacional y al cabo de cinco años no la tenemos.

Las respuestas de los gobernadores han sido variadas, sorprende la de la chihuahuense Maru Campos, a contrapelo de todos sus discursos en su relación con el gobierno de López Obrador: “Aquí le rompemos el hocico a MORENA y a la 4T”.

El hermano Adán se quejó de que los mandatarios estatales y sus legisladores locales sólo “siguen la línea de los dirigentes nacionales”, en lugar de apoyar a las fuerzas armadas.

“Pero eso sí, a la hora que sucede algún evento -de violencia- son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional", como si solicitar el auxilio de ella fuera, de por sí, una aprobación tácita de que estas debieran hacerlo sin los controles constitucionales existentes.

Y luego lanzó la mentira, "porque en los estados donde hay más incidencia delictiva, (los gobernadores) privilegiaron una decisión política”.

Hizo gala de las malas artes que posee quien debía ser el encargado de hacer de la política el mecanismo ideal para afrontar los conflictos, pero que ahora vemos que tiene como única ruta crítica abonar, pavimentar su llegada a la candidatura presidencial, para suceder en el cargo a su “hermano” Andrés Manuel.

No fue lo único, y quizá más grave, de lo efectuado por los gobernantes federales en la semana, que día a día van militarizando la vida pública, la que avanza a pasos agigantados y la fuerza de la élite militar se evidencia a cada momento.

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, fue llamada a comparecer al senado. 

No fue sola, lo hizo flanqueada por los secretarios de Marina y la Sedena. ¿Para qué?

Obtuvieron las imágenes que buscaban: La secretaria Rodríguez  custodiada por los jefes militares, los que no hablaron cuando han sufrido el peor ataque que hayan recibido las fuerzas armadas en casi un siglo.

Es de tal envergadura que el presidente ha desplegado una seria ofensiva para atenuar el impacto.

Luego se destaparía la información. Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, pidió que fueran los militares, aunque no hablaran, porque esa fue la condición (¿de quién, del único?) para que acompañaran a Rosa Isela.

Y con tal de quedar bien con el “fiel de la balanza” morenista, hasta se olvida que prometió no apoyar la militarización del país.

Enerva la insensibilidad presidencial. López Obrador, como si fuera cualquier otro tema a discutir, le dio bienvenida “a la discusión, al debate, a la polémica”, como si la seguridad pública fuera un tema menor en el momento actual.

Es de lo más sucio y perverso el lenguaje y modos de quienes están ahora al frente de las mayores responsabilidades que un ciudadano puede tener. 

Solo les importa su imagen, su fama y el impacto mediático y social para ganar la siguiente elección y para ello no les ha importado poner al país en el momento más peligroso posterior a la Revolución Mexicana.

Son presa, ya, del poderío de la élite militar, a la que han empoderado como nunca y que de acuerdo con las filtraciones de las Guacamayas, son las permisivas en la actuación de las bandas criminales.

Si algo han develado esas filtraciones es el cúmulo de información que los jefes militares acumulan sobre la integración, actuación, zonas de influencia, capacidad de fuego y asentamientos de las bandas del crimen organizado.

Y la pregunta que inquietantemente se hacen investigadores, académicos, activistas derechohumanistas, opositores, empresarios e integrantes de organismos internacionales es de ¿Por qué no actúan? ¿Deveras es porque obedecen las órdenes presidenciales, de no atacarlos y darles abrazos? ¿O es por colusión?

Por ejemplo: Más de tres años después ¿Porqué no han detenido a Ovidio Guzmán? ¿Acaso ya “caducó” la orden de extradición?

Como si fuera poco, habríamos de agregarle la absoluta falta de respeto a la división de poderes, que no es, ni debiera serlo, un palabrerío insulso; no, es la necesidad, nacida de las que López Obrador ha llamado “transformaciones” de México, de atemperar la fuerza y el poder del presidente de la república, y la de las fuerzas armadas, para hacer que sean los ciudadanos, los que con sus determinaciones emanadas del voto, sean quienes decidan el lugar, ubicación, facultades y responsabilidades de los funcionarios públicos, incluidos los militares.

¿Qué más evidencia se puede obtener de conducta tan ilegal, tramposa, primitiva y violentada que el hecho de que el “otro tabasqueño”, Adán, hablara directamente con los gobernadores, para que éstos “convencieran” a los senadores de su partido para que aprobaran la reforma constitucional?

La élite militar seguirá haciendo lo que hace y sabe hacer: Ordenar que se patrulle, vigile, espíe y se solape a las bandas criminales, a los opositores, a los gobernantes (no importa que sean del mismo partido), a los activistas sociales, a los derechohumanistas y a los periodistas.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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