Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmaron esta noche un acuerdo para solicitar de forma inmediata la extradición del ex gobernador de la entidad, César Duarte; agilizar la entrega, la próxima semana, de 900 millones de recursos fiscales federales reclamados por el gobierno de Corral Jurado, y aceptar el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, de un penal estatal a uno federal, con sede en Ciudad Juárez.

En una conferencia de prensa conjunta, el titular de Gobernación informó que como parte de los compromisos alcanzados con e gobernador, tras una reunión, donde hubo un “diálogo franco, respetuoso, directo y claro”, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará, de forma inmediata, la extradición del ex gobernador del estado, César Duarte, en la que la fiscalía estatal tendrá la figura de coadyuvante en las 11 órdenes de aprehensión que se han girado.

También se acordó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera diputado local, federal, senador de la República por el tricolor y secretario general adjunto del partido, sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, donde seguirá su proceso.

Por ello, agregó, la PGR “nos ha informado que en estricto apego a la ley, deja sin efectos las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua”.

Minutos antes de que Corral Jurado, aceptara la firma pública del documento con los acuerdos, Navarrete Prida agregó que dicho traslado se realizará tras una verificación de la organización Human Rights Wacht para el cumplimiento del protocolo de Estambul.

Agregó que la PGR informó que en “estricto apego a la ley, deja sin efecto las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua”, la cual tendrá la figura de coadyuvante en el proceso de extradición del ex gobernador Duarte.

Además se informó que el gobierno de Chihuahua mostró su disposición para cumplir, a la brevedad, los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Ambas partes declararon su respeto a la Ley de Distribución Fiscal y los acuerdos para las ministraciones de recursos financieros a los estados, tema en el que el gobernador había mostrado la intención de recurrir a un recurso de inconstitucionalidad, y el convenio que generó un diferendo entre el gobierno federal y estatal, destacó que “ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento financiero, como vehículo para la ministración de recursos a los estados. Por su parte, el gobierno federal se comprometió a la entrega inmediata de los recursos convenidos con el estado, que ascienden a 900 millones de pesos, a más tardar la próxima semana

Tras este proceso, agregó, el gobierno de Javier Corral, se comprometió a “declinar su intención de controversia constitucional, en cuanto se confirme la recepción de los recursos.