Chihuahua, Chih.

El presidente López Obrador metió al país a una falsa discusión con motivo de la reforma eléctrica. Obligó a los partidos de oposición -especialmente al PRI- a una tajante definición: Si apruebas la reforma que he enviado al Congreso de la Unión, eres patriota; de lo contrario estarías traicionando a la Patria.

¿De veras ese es el debate que necesitamos en el tema de la generación de energía eléctrica, precisamente en el marco de lo que ocurre en el planeta en cuanto a la alargada -o no- disponibilidad de hidrocarburos  fósiles para la generación de electricidad, y el compromiso de contribuir a la disminución de contaminantes a la atmósfera, cuya consecuencia -el cambio climático- sufren cientos de millones de personas en el mundo y en el la meta, para el año 2050, es de cero emisiones?

Por supuesto que el Estado Mexicano debe tener el control y la regulación de la electricidad, pero deberán tenerse presente la necesidad de contar con el capital necesario para colmar los requerimientos del país al mediano y al largo plazo.

Y la mayoría de esos capitales se encuentran en la empresa privada. Sin ellos, por desgracia, será menos que imposible alcanzar las metas en la generación de electricidad para lo que resta del siglo.

López Obrador no lo ha dicho, ni lo dirá, pero su iniciativa de reforma está hecha para ser negociada, si es que desea de verdad su aprobación. 

Experimentado político sabe que de no conceder en diversos rubros no será aprobada. La actual legislatura de la Cámara de Diputados dista mucho de ser la antecesora; Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada y requiere de la mayoría de los diputados priistas para sacar adelante, en esa Cámara, la reforma.

Se antoja difícil, muy difícil.

En la Cámara de Senadores se ve del mismo modo. Si a la situación previa le sumamos la conformación del nuevo grupo de senadores, que le quitó tres a Morena, más difícil que pase sin hacerle modificaciones pues de otro modo no alcanzaría la mayoría calificada, tampoco ahí.

Por eso es la actitud presidencial. Como jugador de póker con una “buena mano” , presiona, blofea, intenta intimidar y las huestes morenistas se lanzan al ruedo al rescate del patrimonio de la nación.

Razones no les faltan.

Del mismo modo que lo hicieron con Pemex y el IMSS, en CFE los gobiernos de Salinas a Peña Nieto echaron a andar todo un proyecto neoliberal (por más que el término lo esté desgastando el presidente) en el que la pretensión fue poner en manos de la élite empresarial tales empresas y dependencias, para favorecer a los consorcios privados, que tal y como lo asienta la iniciativa de reforma, ponían el acento en la obtención de ganancias, hasta llegar a la reforma del 2013, la que ahora AMLO pretende poner fin.

Pero no se podrá regresar al esquema, ni de los 60’s, mucho menos al esquema de los 30’s del siglo pasado. 

Ni modo, el fortalecimiento de los grandes consorcios financieros -esa es nuestra realidad contemporánea- hace imposible la vía autárquica (salvo Corea del Norte en el mundo actual) en la que te puedas desentender del capital privado para los grandes proyectos nacionales. 

Así ocurre en el caso de la electricidad para México. 

Tenemos la ventaja de contar con grandes reservas de hidrocarburos, no los suficientes como para pensar en el largo plazo, para la generación de electricidad, y con problemas para el autoabastecimiento de gas con el mismo propósito, pero en cambio con los suficientes recursos para el mismo propósito a partir de la energía eólica y solar.

Además, venimos de un largo proceso de desincentivación a la investigación científica (además de un continuado proceso de disminución en la inversión para ese sector) lo que nos ha dejado rezagados en las investigaciones de fuentes alternas en la generación de energía eléctrica.

México debe incursionar en los esquemas más exitosos en el mundo en el que el Estado, sin perder la rectoría de la materia, es capaz de convenir con el gran capital privado, acotando el margen de utilidades y bajo un acuerdo de compartimiento de tecnología, tal y como lo hacen los países nórdicos europeos y China, en los que destaca el ejemplo noruego con su empresa petrolera Equinor una de las más importantes petroleras en el mundo, cuya propiedad es mayoritariamente del Estado noruego.

¿Ese es el problema en México, el de si “rescatamos” o no las propiedades de la nación? Eso está resuelto, la Nación es la propietaria de nuestros recursos, especialmente los energéticos, ahora nuestro problema es ver si tenemos capacidad para cubrir las necesidades energéticas de la economía número 13 del mundo.

Por desgracia, ese tema no aparece, ni en la exposición de motivos, ni el texto de la iniciativa presidencial. 

No hay, en la 4T de López Obrador, el diseño de un proyecto que contemple tal escenario; no, la iniciativa es ejemplo del espíritu beligerante del presidente. 

Flaco favor le hace al país si en la iniciativa más importante de su gobierno lo más importante de la exposición de motivos (para términos llanos, la argumentación de las ventajas y beneficios de una iniciativa) es escudriñar y “develar” los defectos y pretensiones abusivas de los consorcios empresariales (que, por supuesto, sí existieron) en asociación con los gobernantes anteriores.

Reforma tan importante no puede pasar como alguna de las que pretendió el presidente se aprobaran (“sin cambiarle ni una coma”). Será necesario someterla a un intenso debate y análisis, no sólo de los analistas y editorialistas, sino de los especialistas en la materia. 

 Porque plantea problemas harto difícil de que se resuelvan así a la ligera.

Por ejemplo, está muy difícil que el Estado mexicano pase de producir el 36% que ahora genera, a sustituir la casi totalidad de la producción de la energía eléctrica que hace la empresa privada, que ahora es el 62%, en el supuesto de que cancelaran todos los contratos y todas las empresas privadas decidieran salir del país (no sin antes presentar los litigios correspondientes).

Es que la malísima redacción genera problemas gigantescos: ¿También a los usuarios de energía doméstica, de alto consumo, que compraron  paneles solares para sus domicilios y convinieron con la CFE, también se van cancelar sus contratos?

Y, sobretodo, hace falta el proyecto de generación de energía eléctrica de largo plazo, por lo menos para los próximos 50 años. No aparece en los fundamentos, ni en la exposición de motivos de la iniciativa y a México le hace falta construir ese proyecto. 

Tenemos graves carencias, no podremos depender del carbón mineral y somos deficitarios en la producción de gas; hace falta invertir en la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno, ese es el futuro además de, obviamente, la hidroeléctrica, la eólica y la solar. 

Por eso es preocupante que ni siquiera se contempla la sustitución gradual de los hidrocarburos como fuentes generadoras de la energía eléctrica.

Establece excepciones en el marco legal, en cuanto al papel del Estado  como único operador de todo lo referente a la industria eléctrica, pero luego no precisa de qué modo los operadores privados, que ahora generan el 62% de los requerimientos de electricidad, podrán transferirle a la CFE, en la nueva etapa, la energía demandada, pero en la iniciativa, por un lado se decreta la cancelación de todos los contratos y, por otro lado, se enuncia que la CFE les comprará energía y que pueden generar hasta el 46% del total de la energía generada ¿Y entonces?

Por eso el razonamiento de que, finalmente, la iniciativa tiene contemplada la posibilidad de discutirla con los partidos de oposición y negociar una reforma que pueda alcanzar la mayoría calificada en  ambas cámaras del Congreso de la Unión, en virtud de que en ninguna de ellas Morena y sus aliados cuentan con ella.

Por eso asombra el tono usado en la iniciativa. Está impregnada del ánimo beligerante del presidente, en lugar de argumentar a favor de su iniciativa lo que hace es contra argumentar a la reforma eléctrica de Felipe Calderón y Peña Nieto, pero sin ahondar en el modelo que propone, ni el modo en que lo logrará.

Porque el reto no es menor, por el contrario, las inversiones necesarias para que el sector eléctrico produzca la energía demandada por la sociedad  y empresas en el país, son sustancialmente elevadas y la reforma, si no es negociada, desalentará las inversiones de mediano y largo plazo de la iniciativa privada, necesaria para enfrentar los re querimientos eléctricos.

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