Chihuahua, Chih.

Aun cuando decidió dar marcha atrás, la decisión de la Segob representaba un precedente de riesgo para el periodismo en México

Aun cuando decidió dar marcha atrás, la decisión de la Segob de iniciar un proceso administrativo contra ambos medios representaba un precedente de riesgo e inhibitorio para el periodismo en México.

La determinación de la Secretaría de Gobernación de iniciar un proceso administrativo –que posteriormente decidió detener– contra los Diarios de Juárez y de Chihuahua por la publicación de una fotografía sacada de contexto en información referente a los casos de Covid-19 en Chihuahua, podría sentar un precedente riesgoso en México para el trabajo periodístico.

Es cierto: ambos medios cometieron un error en la cadena de revisión y edición del material publicado que justifica y hace totalmente necesaria la crítica y el reclamo de su audiencia y la sociedad en general de sujetarse al mayor rigor posible en su práctica informativa.

Lo anterior, principalmente dentro del contexto actual en el que la ciudadanía requiere información muy precisa y fundamentada ante la incertidumbre que genera en México y el mundo la dinámica del contagio de Covid-19 y las acciones que los gobiernos y sus áreas de salud están desarrollando.

No obstante, la medida establecida por la Segob es un exceso cuyo único precedente –guardadas las reservas– sería el intento de procesar por “terrorismo”, para buscar una sentencia de 30 años de prisión, a un tuitero y una blogger en Veracruz, en 2011, quienes cometieron también el error de publicar una información que no correspondía con la realidad.

Además, el proceso de sanción podría estar contaminado por un contexto de agresiones en contra de los dos periódicos que ha sido documentado por agrupaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, como Artículo 19.

Al respecto, Artículo 19 ha publicado un posicionamiento en el que expresa su preocupación por “procedimientos de Segob contra medios por información falsa”.

La Oficina para México y Centroamérica de esa agrupación reconoce que las críticas hechas sobre el error de los medios y el debate necesario al respecto, pero también señala que los gobiernos estatal y federal deben evitar “incurrir en la aplicación de medidas desproporcionadas”

El procedimiento de la Segob, añade “de utilizarse de manera indiscriminada y autoritaria a partir de ahora, es un peligroso paso camino a controlar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación”.

 

La cronología de los hechos

El 14 de abril pasado ambos medios, con base en una investigación periodística, publican la nota titulada “Prueban con fotos muertes por Covid”, en la que consignan la denuncia de irregularidades en el manejo de los informes de contagio y muerte por Covid-19 en estado de Chihuahua hecha por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Mario Espinoza Simental.

La fotografía, proporcionada por Espinoza Simental al periódico, es un material sacado de contexto que en realidad corresponde a casos de fallecimientos por la enfermedad viral en Ecuador.

La imagen descontextualizada convierte a la publicación en una información engañosa, en la que las declaraciones del litigante están sustentadas en solicitudes de asesoría jurídica recibidas de parte de personal de la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la fotografía no corresponde al caso aunque se presente como tal.

El mismo día se publica la nota “Aclaran abogados foto ‘fake’ y muertes en IMSS de Juárez por Covid”, en la que Espinoza Simental reconoce que la fotografía le fue proporcionada por personal de la institución.

En esa misma nota, se añade la declaración del titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Humberto Campos Favela, quien niega la autenticidad de la fotografía,

El 15 de abril los dos medios publican en primera plana una nota aclaratoria dirigida a sus lectores en la que explican la cadena de reporteo y edición que llevó a la publicación, y reconocen que su error no tiene justificación:

“Sin duda la inclusión de la foto en la nota [...] fue un error de cualquier manera injustificable. Ofrecemos la respectiva explicación y solicitamos las más sentidas disculpas a nuestros lectores”.

Por su parte, ni el IMSS ni el Gobierno del Estado –que también respondió criticando la publicación de la fotografía descontextualizada– recurrieron a lo que la ley les garantiza en situaciones similares: utilizar el derecho de réplica para solicitar a los periódicos aclarar la información.

Por la noche del 15 de abril la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que su Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación “inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra dos medios de Chihuahua”, en referencia a los Diarios de Juárez y de Chihuahua.

La sanción se basaba en lo establecido en el apartado IX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto de asuntos que corresponden a la Segob:

“Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público o sean contrarios al interés de la niñez”.

¿Una posible sanción excesiva?

Iniciar un proceso legal contra ambos medios por la publicación referida implicaba abrir un escenario de riesgo para el periodismo en México, donde seis de cada 10 periodistas han sido agredidos psicológica, digital, jurídica o físicamente y nueve de cada 10 comunicadores consideran que la principal presión y amenazas a su actividad provienen de los poderes locales, de acuerdo con un estudio realizado por Freedom House y Parametría.

Es totalmente cierto que la desinformación en México es un problema grave y que ha ubicado al país, de acuerdo con un estudio hecho por el Instituto Reuters en 2018, como el segundo a nivel mundial en exposición a noticias falsas, engañosas o imprecisas.

Frente a ello es urgente tomar medidas para mitigar el impacto que la información falsa puede generar en la construcción de una ciudadanía informada y por ende capaz de aportar una vida democrática en la que se garanticen derechos y se cumplan obligaciones y responsabilidades.

Sin embargo, recurrir a procesos legales como el iniciado por la Segob puede abrir las puertas a la creación de una vía de intimidación de parte del poder público hacia el ejercicio periodístico cuando este ejerza una crítica y exhiba o llame a cuentas a quienes se desempeñan en el servicio y la función públicas.

Nada hay para justificar el error de los Diarios de Juárez y de Chihuahua, pero tampoco existen elementos o evidencia concreta para asegurar que existió dolo en la publicación, y según el consenso de quienes hemos analizado el fenómeno de la desinformación, lo que popularmente se conoce como “fake news” o noticias falsas, implica una carga de intención para generar un daño.