Chihuahua, Chih.

Es un tema abordado hasta la saciedad en estas páginas.

Los fabulosos salarios de los funcionarios públicos forman parte del inmenso bagaje que la mayoría de los votantes del pasado julio tuvieron a la mano -o que fueron acopiando- para echar fuera de la inmensa mayoría de los puestos públicos a los miembros de los partidos del viejo régimen.

Acotación al margen: Tema a polemizar: ¿Tenemos un nuevo régimen? Obviemos la discusión teórica y dejémoslo así para tener una explicación más sencilla a la mano a fin de delimitar el antes y el después del triunfo de López Obrador a la presidencia de la república, con la aspiración a que eso sea una realidad y no un frustrante despertar.

Casi un año después de lo ocurrido, la mayoría de la clase política no se ha percatado de la profundidad del resquemor ciudadano a causa de sus cuantiosos ingresos, amén de sus numerosos privilegios.

Infortunadamente, a esa “clase” se han agregado no pocos nuevos gobernantes emanados de Morena y sus partidos afines, además de las mil y un peripecias argumentativas para sostener el nivel de ingresos de los “servidores” públicos.

A pesar de que Morena podía ejercer su mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores y, por tanto, disminuir seriamente los ingresos y “arrimadijos” de los legisladores federales, optaron por buscar el “consenso” del resto de los partidos. El resultado fue una pobre disminución de los salarios y, por tanto, el mantenimiento, en lo general, de los privilegios de diputados y senadores.

Pocas cosas han cambiado en ese aspecto. No parecieran formar parte de las actuales preocupaciones de los ciudadanos.

Por ahora, pues se mantiene una especie de “luna de miel” entre el presidente López Obrador y una buena parte de la ciudadanía, que no solamente le tolera, sino justifica cualquier aspecto criticable en otra circunstancia y, sobre todo, con cualquier otro protagonista político del pasado.

En el temas de los salarios, en el aparato del gobierno federal ha ocurrido cosa semejante.

Sí ha habido una disminución de los ingresos, pero aún se mantienen, en los primeros niveles, por encima del salario promedio de los catedráticos e investigadores universitarios de las instituciones públicas y, por supuesto, del de los profesionistas, contratados para ejercer las tareas “técnicas” de las dependencias públicas.

Cosa semejante ocurre en la mayoría de los puestos públicos que llegaron a desempeñar los nuevos gobernantes.

No hay, en ese aspecto, una radical diferencia con el pasado, salvo lo realizado personalmente por López Obrador -viajar en aviones de líneas comerciales y seguir usando, o su propio vehículo, o uno de los existentes del gobierno de Peña Nieto, sin la ostentación de aquellos- y que ha merecido infinidad de serios y preocupantes cuestionamientos, derivados de los elevados grados de riesgo generados para su integridad física.

¿Cuánto influirá en el ánimo ciudadano la persistencia de tales privilegios? Por supuesto, imposible de saberlo, sí de inferir que en algo puede contribuir a la pérdida de credibilidad del partido y candidatos de Morena en los próximos procesos electorales, y que aumentará si, por alguna razón, la percepción ciudadana acerca del mejoramiento de su situación personal va a la baja en los próximos meses.

Pero una situación totalmente distinta tendrán enfrente, muy pronto, los integrantes del actual grupo gobernante en Chihuahua.

Deberán arrostrar las bajas calificaciones obtenidas por el gobernador Javier Corral en los últimos meses y ahora sus desafortunadas declaraciones acerca de los salarios de los funcionarios más altos de su administración.

Aquí no hay medias tintas. El mismísimo gobernador ha expresado tajantemente su postura: No habrá disminución de los salarios de sus compañeros y amigos en la función pública.

Ello, a pesar de que ha anunciado la puesta en marcha de un recorte en el gasto público del 20%, pero de ninguna manera a los salarios de los funcionarios de los primeros niveles, debido a que, dijo, lo percibido por estos “está dentro del mercado laboral”, en lo que es una repetición de la principal argumentación usada por los gobernantes panistas, tanto federales, como estatales, para justificar sus elevados emolumentos, argumentación que deja de lado que quienes acceden a la función pública lo hacen debido a su “elevada vocación de servicio”.

“Destacó que el Gobierno del Estado debe ofrecer sueldos que compitan con la iniciativa privada, para poder contar con material humano”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario, 18 Abril de 2019).

En una nueva modalidad de recorte presupuestario, Corral anunció que se obtendrán mil 500 millones de pesos de ahorro en este año, mediante el recorte “del 20 por ciento de sus presupuestos en programas y acciones”. Y sin despido de personal. Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con lo publicado, los secretarios estatales “perciben una remuneración mensual mayor a la que reciben sus contrapartes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador”. (Ibídem).

No es lo único criticable.

A pesar de haberse promovido como el gobierno de la “transparencia”, lo publicado en sus páginas respectivas acerca de los ingresos de los secretarios del gabinete corralista, es deplorable pues, entre otros, el “Portal estatal no incluye salarios de secretarios de Obras Públicas, Función Pública y Salud”. (Nota de Miguel Chavarría, El Diario, de Chihuahua, 18 de abril de 2019).

Así, la percepción mensual de Alejandra De la Vega Arizpe, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, “no se ha actualizado desde el ejercicio fiscal de 2017”. (Ibídem).

En semejante caso se encuentra la información del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, incluso, el nombre del titular, “Gustavo Elizondo Aguilar, no aparece en la nómina de funcionarios”. Por si fuera poco, “la información disponible de las nóminas de secretarías como Hacienda, Cultura, Educación y Deporte, entre otras, está actualizada al segundo semestre del año fiscal 2018”. (Ibídem).

Es un compendio de atentados a la transparencia. El portal respectivo “no ha incluido en la nómina a los nuevos titulares de la Secretaría de Salud (SS) ni de Función Pública (SFP)”, ni ha incluido, por ende, el salario de Jesús Enrique Grajeda Herrera, quien sustituyera al afamado Dr. Ernesto Avila, aquel que acuñara la frase de “me dejé llevar”, por sus subalternos a fin de que recibiera un bono por 100 mil pesos a pesar de sólo haber laborado, en ese momento, cuatro meses.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Luis Felipe Siqueiros Falomir, ni siquiera aparece en el portal de la dependencia, y por supuesto, tampoco sus remuneraciones.

Siqueiros está involucrado, aparentemente, en un conflicto de interés, por no deslindarse de la empresa en la que participaba como socio, negocio que, a su vez, recibió un contrato de servicios al gobierno estatal, en fecha anterior a su nombramiento, pero que no obra constancia de haberse desprendido de la empresa cuando ya era funcionario estatal y también incumple con lo señalado por la ley de transparencia.

En el colmo, “La Fiscalía General del Estado (FGE) también evadió transparentar información pública de su nómina. En el ejercicio fiscal 2018, la dependencia dejó en blanco el rubro de remuneraciones brutas y netas de sus servidores públicos. En años fiscales anteriores a 2018, la FGE publicó un documento con una nota aclaratoria que afirma: 'por cuestiones de la extensión de la información del presente formato, y la capacidad del espacio de almacenamiento de la página de la Secretaría de la Función Pública, la información correspondiente a la presente fracción (de remuneraciones) se encuentra [...] en el siguiente hipervínculo’. Pero todas las direcciones de las páginas web que la FGE presentó en sus documentos de nóminas están rotos, lo que convierte a la información pública en inaccesible”. (Ibídem).

¿Podrá considerar el mandatario estatal, todo lo anterior, como parte de una campaña permanente en su contra? ¿O será parte de los yerros de una administración que naufraga, víctima de sus errores y de su falta de atención a las tareas de gobierno e, incluso, presa de sus contradicciones, cuya aparición es cotidiana?

Así, el tema de los salarios del equipo de Corral formará parte de los argumentos que la ciudadanía tendrá a la mano para votar, en el 2021, por cualquiera de las opciones distintas a las del partido del gobernador, asunto al que poca atención le ha brindado, pero que en la medida en que se acerquen las fechas electorales los obligará a tomar medidas que, muy seguramente, serán tardías.

Finalmente.

Las contradicciones y las incongruencias no son pocas. La última se presentó días atrás: En la presentación de su II Informe de Gobierno, se puso a disposición del Congreso del Estado a fin de discutir con los diputados locales sobre el tema.

Pero cuando los partidos de oposición proponen que se concrete tal propuesta del gobernador, los compañeros de éste la rechazan una y otra vez.

Sólo fue una pose.

Una más.

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