Chihuahua, Chih.

Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios acusados de vínculos con la delincuencia organizada y conspiración para el trasiego de sustancias ilícitas a la frontera con los Estados Unidos, se han convertido sin lugar a duda en un lastre para el partido gobernante de turno.

En la práctica, los discursos de austeridad y de combate a la corrupción se desgastaron.  

En tanto en lo referente al combate a la delincuencia organizada se modificó la estrategia. Se repartieron balazos en lugar de abrazos.

Al mero estilo de la lucha contra el narcotráfico emprendida en la administración de Felipe Calderón vemos recrudecida la lucha con intensos combates y detenciones, así como desmantelamientos de narco laboratorios (mismos que se negó su existencia en el sexenio del expresidente López Obrador).

Aquel cambio en la estrategia es impulsado como consecuencia de la presión directa de los Estados Unidos, al denominar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas trasnacionales.  

La designación de Rocha y de otros nueve funcionarios del Gobierno de Sinaloa, incluyendo a un senador en funciones, vinculados a la delincuencia organizada salpicó nuevamente las tensas relaciones con nuestro país vecino.

En Palacio Nacional el dilema de entregar o no entregar a Rocha y a los nueve restantes, repercute en la imagen del movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la tensa relación con Washington.

Tanto Donald Trump como el secretario de Guerra Pete Hegseth han sostenido en más de una ocasión que están listos para una eventual operación militar en contra de objetivos considerados como prioritarios en territorio nacional; a su vez el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole afirmó: “No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención”.

La designación de los cárteles mexicanos como terroristas convirtió en prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos a estas organizaciones criminales, la cooperación de políticos mexicanos con estas organizaciones los pone en una dimensión similar, en palabras de Cole: “Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadunidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”.

La lista de políticos mexicanos inmiscuidos con el crimen organizado sin lugar a duda aumentará.

El jefe de la DEA aseguró que esto es solo el principio de lo que está por venir en nuestro país.

Los diez de Sinaloa deberán responder ante las acusaciones que enfrentan en el país vecino, de lo contrario podríamos ver una nueva incursión estadounidense en territorio nacional con motivo de facilitar la detención y la extradición de Rocha, nuevamente sin autorización expresa del Gobierno de México.

Mientras tanto la protección de Rocha, como también la sola presencia de este dentro del movimiento obradorista, se han convertido en una presencia tóxica tanto para la imagen que proyecta la presidenta Claudia Sheinbaum como de su partido que es Morena.

Entregar a Rocha y a los siete restantes es la opción más viable para nuestro país, pero el costo político para el movimiento que detenta el poder es enorme.