Chihuahua, Chih.

El más reciente conflicto gasolinero involucra a tres de las familias más poderosas, no sólo de Juárez, sino del estado. Disputan el mercado de gasolinas de la urbe mayor chihuahuense, de un poco más de mil millones de pesos al mes, las familias de la Vega, Zaragoza y Fuentes.
Para impedir el crecimiento del grupo Arco -propiedad de la familia de la Vega- sus competidores pretendieron usar el derogado reglamento municipal, que normaba la instalación y funcionamiento de las estaciones de servicio.
Arco usó todos sus recursos para que el cabildo lo derogara y empezara a aplicarse la nueva legislación federal, que le quita a estados y municipios todas las regulaciones en materia de traslado, almacenamiento y venta de combustibles, así como lo relativo a las normas de seguridad y ambientales.
En todo ello ha jugado un papel fundamental la muy poderosa empresaria Alejandra de la Vega, Secretaria de Innovación Económica del gobierno de Javier Corral quien, a pesar de desempeñarse como funcionaria pública, no ha dejado de lado su participación en las empresas de la familia.
Quizá no podrán acreditarse sólidamente sus acciones, pero el hecho de estar al tanto de las acciones del gobierno estatal, de las relaciones con el federal, con los empresarios interesados en la inversión en Chihuahua y en un sinfín de asuntos que le otorgan información privilegiada acreditan fehacientemente la indudable existencia de un conflicto de interés entre la esfera privada y la pública en la que se desenvuelve la funcionaria más cercana al mandatario estatal.
Además, el indudable, inexplicable e irregular apoyo del gobernador Corral a la empresa futbolera de Alejandra de la Vega, es la prueba mayor de tal conflicto.
¿Por qué la designó Secretaria de Innovación Económica del gobierno del “Nuevo Amanecer”?
Alejandra es una muy poderosa empresaria del ramo cervecero, casi monopólico de ese giro comercial en Juárez; esposada, además, con el quinto empresario petrolero más rico de Texas y número mil 349 más rico del planeta, según Forbes.
Por supuesto que el conflicto de interés aparecería, tarde o temprano, pues la familia de La Vega -una de las más poderosas de Juárez- incrementaría grandemente sus inversiones en el ramo petrolífero gracias a dos factores: El primero, por supuesto, el matrimonio de Alejandra con Paul Foster; y, segundo, la reforma energética de Peña Nieto, que liberó el mercado gasolinero, lo que les posibilitó comprarse su propia gasolina.
Al mismo tiempo, si bien no hay evidencia de que las gestiones de la Secretaria Alejandra de la Vega sirvieran para favorecer a las empresas del matrimonio Foster-de la Vega, lo cierto es que la frecuente aparición del petrolero texano en las fotos de los empresarios y gobernantes, al término de sus reuniones con la representante del gobierno de Chihuahua, ilustra que aprovecha tan importantes reuniones, con destacados protagonistas financieros, empresarios y gubernamentales de los países a los que ha viajado -a veces encabezando las delegaciones chihuahuenses y otras acompañando al gobernador Corral- para el establecimiento de relaciones empresariales. (Fotos del reportaje de Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez, La Verdad, 7/II/20).
Hay otro aspecto criticable, que evidencia aún más la clara actitud favoritista del gobernador Corral hacia la pareja empresarial: El anuncio, efectuado muchos meses atrás, de que el gobierno de Chihuahua participaría decisivamente en la obtención de un financiamiento público-privado para la construcción del estadio de futbol del equipo Bravos, propiedad de la empresaria-funcionaria del amanecido gobierno de Chihuahua, y que, de hacerlo, engrosaría el monto de la deuda del gobierno estatal.
Ni César Duarte se atrevió a tanto.
Y eso que el ballezano se atrevió a nombrar al cuñado de Alejandra, Alvaro Navarro, esposo de Guadalupe de la Vega, Secretario de Economía, unos cuantos meses antes de que Alejandra fuese designada Presidente de la Mesa de Seguridad Pública de Juárez.
Luego, al pasar Alejandra al gobierno de Javier Corral, Alvaro Navarro se desempeñaría como Vicepresidente deportivo del equipo Bravos de futbol profesional de la Liga Mx de Primera División, el del estadio, y Guadalupe se pondría al frente del grupo.
Era cuestión de tiempo para que aparecieran las evidencias de los conflictos de interés con la participación de Alejandra de la Vega en el equipo gubernamental de Javier Corral, el mencionado reportaje develó algunos de los detalles, los que luego serían enfatizados por los señalamientos de sus adversarios comerciales.
Ganada la ventaja por la familia De la Vega-Foster a los otros grupos, merced a que obtienen a más bajo precio los combustibles, decidieron abrir más estaciones de servicio, aprovechando la nueva legislación generada a partir de la reforma energética, la que le adjudicó a dos dependencias federales la aplicación de la normatividad en materia de construcción, apertura, funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales de las gasolineras.
Quedaron fuera de estas funciones los estados y municipios, lo que llevó a que los competidores de Arco buscaran el amparo de la justicia federal, apoyándose en la vieja normatividad, que le daba a los municipios la elaboración y aplicación de las normas para las estaciones de gasolina.
De ese modo, el reglamento municipal -derogado apenas a mitad de semana- que señalaba que la distancia mínima entre una gasolinera y otra debería oscilar entre mil 200 y mil 500 metros, base de los amparos de los otros empresarios, quedó superado, además, por otras resoluciones judiciales que le permitieron al cabildo derogarlo.
Así, la nueva normatividad favorece a los De la Vega-Foster pues desde 2015, al crearse la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, se le dieron las facultades de la aplicación y vigilancia de todos los aspectos de la seguridad de la comunidad y del medio ambiente, mientras que todo lo relacionado con los permisos, previo el cumplimiento de ciertos requisitos legales, le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La nueva regulación de la ASEA es acorde, sostienen los estudiosos de las nuevas normas, “con las mejores prácticas nacionales e internacionales”, pues “pretende establecer principios de administración del riesgo que sean dinámicos, en lugar de recurrir a los modelos precautorios y prescriptivos del siglo pasado, incluyendo el abandono de las distancias mínimas (entre las estaciones de servicio) para sustituirlo por estudios de riesgo y adopción de medidas de control adecuadas al contexto específico de cada una de las gasolineras”. (Alfredo Arellano Moyao, 2/VI/18. https://alfredoorellana.mx/2018/06/02/existen-distancias-minimas-entre-gasolineras/).
Este especialista -y el escribiente encontró que la totalidad de los estudiosos sobre el tema coinciden en tales planteamientos- sostiene que a partir de la reforma energética la única autoridad que puede otorgar, suspender o revocar el permiso de la gasolinera es la CRE y la única autoridad que puede regular, supervisar, clausurarla o sancionarla por razones de seguridad industrial y medio ambiente, es la ASEA.
Pero tales aspectos son sólo parte del ríspido enfrentamiento sostenido en los últimos meses entre las familias De la Vega, Fuentes y Zaragoza, que no dejan de lado lo central de los señalamientos revelados en el reportaje mencionado.
Ni el gobernador Corral, ni su secretaria de Economía pudieron desmentir que “… más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra, su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal”. (Nota de Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez/ La Verdad, 7/II/20).
Ese grupo había obtenido, del 2003 al 2016, “13 permisos gasolineros y a partir de 2017 la empresa tuvo un mayor auge y solo en tres años obtuvo la gestión para construir otras 18”.
Integrante del gabinete estatal, se negó a hacer pública su declaración patrimonial, así como los conflictos de interés en que pudiese incurrir, y aparece en por lo menos 3 trámites y hasta como promovente del amparo solicitado por su empresa en contra del municipio de Juárez, pues buscaban la derogación del reglamento municipal que regulaba la instalación de gasolineras, de ahí la premura con la que impulsaron, acompañados en esta ocasión por la mayoría del cabildo juarense, la derogación, lo que les permitiría la reapertura de varias gasolineras que los competidores habían logrado cerrar amparándose en la vieja regulación que establecía distancias mínimas entre las gasolineras.
¿No hay uso e influencia de los cargos públicos?
A los abogados del grupo de la familia de la Vega se sumaron Arturo Chávez Chávez, ex procurador General de la República con el presidente Felipe Calderón y César Jáuregui Robles, ex consejero de la Judicatura Federal y ex secretario General de Gobierno en Chihuahua.
No hay duda. Corral está del lado de la familia de la Vega.
Esta lanzó una campaña en la que era la empresa que vendía “litros completos”. El gobernador Corral, al momento de defenderse de las acusaciones de los Zaragoza, Fuentes y Fuentes Varela, se puso del lado de Arco: “Detrás de este problema está Pedro Zaragoza Fuentes. Lo conozco muy bien y me extraña el método mentiroso y embustero que utiliza para acusar al gobernador… Les han comido el mandado y ahora me quieren embarrar a mí…”.
“Aquí hay algo más de fondo, ahí hay de los que se sienten molestos por la estrategia comercial que el grupo (Arco) ha puesto en vender litros de a litro, fíjense nomás, como son las cosas, eso les ha molestado y ahora me lo quieren cargar a mí…”.
Y es que los otros gasolineros señalaron que Arco “mantiene inmunidad y despacha gasolina con la complacencia del gobernador Javier Corral Jurado, en una patente defensa política de los intereses personales de la funcionaria pública Alejandra de la Vega”.
No acaba aquí la riña de los mastodontes empresariales.

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