Chihuahua, Chih.

Revestidas inicialmente de propuestas de avanzada democrática que, sin duda, la revocación de mandato lo es, y la segunda, la eliminación del fuero constitucional debería abordarse con algo más que pinzas, seguramente con muchas acotaciones, viven una nueva etapa en la que la confusión es la prevaleciente.

Durante las más recientes décadas -particularmente en la parte final del siglo anterior y el inicio del presente- la sociedad mexicana fue construyendo palmo a palmo la derrota electoral del régimen.

Quedó pendiente su deconstrucción, tarea en la que el panismo fue reprobado; tuvo en sus manos la conducción del país durante dos sexenios y no tuvo la capacidad, ni el ánimo, para deconstruir al viejo y carcomido régimen del priato.

Pero en la larga lucha democrática de los mexicanos fueron construyéndose un conjunto de instituciones y concepciones que de a poco fueron carcomiendo las indudables bases sociales del régimen.

No son pocos ni tan menores los cambios logrados en esa larga, sangrienta y costosa jornada, aunque hoy, a toro pasado, y más porque fueron negros episodios, pareciera pertenecer a un muy viejo pasado e, incluso, como si ese régimen no hubiese existido.

En ese proceso fue arraigándose en los sectores más democráticos la idea de insistir en la creación de diversas mecanismos de la democracia participativa, entre ellos el de imponer la revocación de mandato de los gobernantes, como un recurso de la sociedad para imponerle límites al ejercicio del gobierno.

Luego, sobre todo desde la oposición de derecha y los círculos empresariales, fue creciendo la idea de desaparecer el fuero, especialmente el de los legisladores, en lo que fue una clara maniobra populista de la derecha mexicana para incidir en ese tema y en el de la desaparición de los legisladores plurinominales, como si quienes fueran corruptos se circunscribieran a los elegidos por esa vía.

Más aún, nadie ha presentado un estudio que muestre que los legisladores han abusado en forma escandalosa (cuantitativamente hablando) del fuero; ha habido, claro está, casos extraordinariamente deleznables, pero la esencia del fuero debiera permanecer intocada y regularla de otra manera; desaparecerlo, y sin darle autonomía a las fiscalías, es dejar, y no solamente a los legisladores, en la indefensión ante los abusos de los titulares del Poder Ejecutivo, ya sea federal o de los estados, en el caso, como frecuentemente ocurre, que los legisladores expresaran opiniones contrarias a los gobernantes, o emprendieran luchas sociales en el mismo tono.

Bastaría con la presentación de una denuncia en contra de alguno de ellos -con el evidente interés del gobernante- para que las fiscalías actuaran de inmediato. Otros son los casos en los que el fuero no podrá usarse, como, por ejemplo, en una infracción de tránsito, etc.

Pero el tema polémico, de fondo, es el de la revocación de mandato que pretende el presidente López Obrador.

Ya propuso el día de las elecciones en 2021. Le dijeron que no. Propuso el 21 de marzo, en una clara intención de ligar su nombre al de uno de sus referentes, Benito Juárez. La legislación es muy clara al respecto: No puede haber procesos que interfieran con el proceso electoral en marcha y en marzo del 2021 estaríamos en plena campaña electoral.

La oposición le plantea que en diciembre del 2021, pasada la contienda electoral en la que, además de las diputaciones federales se realizarán elecciones de gobernador en 15 entidades. Pareciera más que evidente la pretensión electoral de contribuir con su propia figura y nombre a los triunfos de Morena y mantener su mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, además de empujar a la obtención de más gubernaturas.

Al develarse semejantes pretensiones, el presidente López Obrador pierde credibilidad, tanto en su imagen pública, como en su propuesta, que con toda seguridad debiera formar parte del entramado democrático de los mexicanos y cuya legislación debiera hacerse, como lo señala la ley, y tal y como se ha realizado con las modificaciones a los períodos gubernamentales, para aplicarse a partir de los períodos gubernamentales posteriores al de los presentes.

Si tal postura pudiera aprobarse, la exigencia debiera abarcar al total de las figuras ciudadanas de la democracia participativa; avanzar en ese sentido sí formaría parte del legado democrático que la 4T dejara a los mexicanos.

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