Chihuahua, Chih.

El presidente López Obrador y Morena tienen ante sí un enorme reto, más allá de los derivados de los problemas concretos del ejercicio del gobierno.

Se trata, si desean sentar las bases de una nueva institucionalidad democrática, contraria, o diferente a la vigente hasta fines del 2018, de aportar un elemento harto difícil de poseer y aún de mantener frente a los avatares de la administración pública: Ser congruentes.

Contrariamente a lo que piensan muchos simpatizantes del presidente, él mismo y la inmensa mayoría de los militantes de Morena, el movimiento encabezado por López Obrador no goza de una mayoría aplastante que le permita a la 4T efectuar todas las operaciones políticas sin encontrar resistencias mayores o menores, según sea el tema.

Además, como lo señalan infinidad de analistas, tiene un enorme rechazo en las élites dirigentes -salvo, por supuesto, aquellos integrantes de la antigua “mafia del poder”, que ahora se han convertido en aliados del presidente- y ante el relevo de la Cámara de Diputados, de manera natural prácticamente todas las fuerzas políticas han optado por aglutinarse en un objetivo, central para ellos, y también para Morena: Hacerse de la mayoría en ese órgano legislativo.

Pero esa es una parte de las tareas de Morena, si desea acometer la de la democratización del país y la de efectuar, verdaderamente, una profunda transformación en el sentido que lo planteara López Obrador desde la ya lejana campaña electoral del 2006.

Morena y López Obrador decidieron apostarle por intentar ganar el poder político con las reglas del antiguo régimen -modificadas a lo largo de más de dos décadas de esfuerzos de numerosas fuerzas políticas, que le arrancaron importantes segmentos del poder político a las fuerzas dirigentes- y actuar políticamente en los marcos de la democracia liberal existente en México.

La protesta y rechazo de López Obrador a la injerencia del presidente de la república en los procesos electorales, en la campaña del 2006, dio pie a que el gobierno y la oposición de entonces le colocaran un clavo más al féretro del presidencialismo y lograron que esa protesta lopezobradorista quedara plasmada en la Constitución: Ni el presidente, ni funcionario público alguno pueden intervenir en los procesos electorales. 

A partir de entonces está prohibida la publicidad gubernamental. También la de contratar espacios publicitarios en los medios electrónicos, para que de ese modo el poder económico no pudiera avasallar a la oposición mediante el uso indiscriminado de la publicidad.

Se trataba, sí, de acotarle la libertad de expresión al presidente en función de un bien mayor, el de otorgarle a las contiendas electorales la equidad que durante décadas el viejo régimen había impedido que existiese.

No se trataba de que mediante alguna disposición transitoria y pasajera del presidente en turno se garantizara tal regulación; no, se trataba de otorgarle a los mexicanos la existencia de una legislación que les garantizara, de manera permanente, que los gobernantes permanecieran ajenos a los procesos electorales y que se les impidiera interferir en ellos.

López Obrador lo sabía -y lo aceptaba-, de ahí sus expresiones en mayo del 2019, a propósito de las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, cuando expresó que no necesitaba que le enviaran un documento en el que se comprometiera, no a ya no efectuar las conferencias mañaneras, sino a su transmisión íntegra, porque eso contraviene a la norma constitucional cuya motivación fueron sus posturas en 2006.

Por eso sorprende su incongruencia -y la de sus seguidores, muchos de ellos, antaño, fieros impulsores de reformas, en el viejo régimen, como la que ahora comentamos- y ahora proteste porque el órgano electoral, a cuyo presidente le lanzó gruesos e inmerecidos epítetos, expresados con toda la fuerza presidencial, cosa que no se puede aceptar, ni siquiera por Morena.

Probablemente dudoso de la capacidad de la dirigencia de Morena, López Obrador esté pensando que es el único que puede enfrentar las acometidas de los adversarios de su proyecto político, pero deberá percatarse que llegó la hora de Morena. 

Es su partido el que deberá contender políticamente. No arranca en desventaja puede y deberá aprovechar las aún buenas calificaciones del presidente.

Ojalá lo haga, antes de que los cada vez más frecuentes episodios de incongruencia presidencial vayan mermando la indudable fuerza del tabasqueño.

El problema mayor no es que pierda credibilidad el presidente, sino que las posturas y hombres de la izquierda la pierdan ante el pueblo de México.

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