Conforme se acerca la fecha del cambio de poderes, la atmósfera política se enrarece cada día más. A ello contribuye extraordinariamente el grupo gobernante saliente.

Además, otros factores, como el de la denuncia del empresario español Angel Cano en contra del gobernador Duarte -catalogada como falsa por el mandatario, realizada claramente con la intención de extorsionarlo, dice-, la importancia otorgada a ella por Televisa y otros medios de la capital del país, con lo que se ha convertido en una noticia de impacto nacional, además del incremento de las ejecuciones -y en general de los homicidios, incluidos los feminicidios- le han dado a la parte final de la actual administración un carácter extremadamente sombrío.

A lo anterior, por si fuera poco, el entorno económico, tanto nacional como internacional, se suma a esos factores, que han hecho de la actual transición una de las más escabrosas de que tengamos memoria.

No se trata solamente del hecho de que se da una alternancia partidaria, sino, fundamentalmente a las condiciones de absoluta incredibilidad ciudadana con la que culmina su gestión César Duarte y su equipo.

A tal panorama ha contribuido decisivamente el grupo parlamentario del PRI en el Congreso, tanto el de la primera mitad del sexenio, dirigido por Enrique Serrano, el ex candidato gubernamental, como el de la segunda, encabezado por Rodrigo de la Rosa, hijo de Leonardo, uno de los dirigentes de la CNC (la agrupación campesina, matriz de las andanzas políticas de César Duarte).

La lista es larga, y sorprende por la imperdonable falta de criterio político -incluso para sus objetivos y beneficios-, ejemplo de lo cual se encuentra la iniciativa del Gobernador Duarte a fin de derogar las fotomultas en la ciudad de Chihuahua, tema que se convirtió, a partir de su creación, sin duda, en uno de los factores que precipitó el descontento popular y el rechazo de la ciudadanía a los candidatos del PRI en la elección pasada.

Era de tal subordinación la conducta de la mayoría de los priistas que cuando su ex candidata a la alcaldía, Lucy Chavira, y un par de diputados -Teporaca Romero y Eloy García Tarín- se atrevieron a proponer lo que ahora propone Duarte casi fueron linchados, sólo porque argumentaron lo mismo que ahora arguyen los impulsores de la reforma y sus defensores: Es porque hemos escuchado el clamor popular, dicen.

Pero tal reforma no requiere mayor atención, la nueva legislatura la iba a derogar, lo que ahora se pretende hacer ¡Al final del sexenio! es crear una importantísima figura en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Estatal, justamente a 10 días de que culminen su gestión los integrantes de la actual legislatura.

Lo hacen en los días en que sus sucesores se aprestan a asumir sus cargos. ¿Qué acaso no entienden que es hora de tomar sus artículos personales e irse? ¿No asumieron que los resultados electorales del 5 de junio no fueron solamente en rechazo al gobernador de Chihuahua, sino también a ellos y a su plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo?

Se necesita un muy grueso caparazón para no entender lo anterior y todavía darse el lujo de salir a hacer declaraciones como si fueran los grandes reformadores del Chihuahua de nuestros días.

Peor aún es lo que pretenden realizar el día de hoy, modificar seriamente el esquema del funcionamiento del Poder Judicial, pero no en el sentido de profundizar la subordinación al Poder Ejecutivo, sino precisamente en el sentido contrario y quienes conforman la actual mayoría legislativa son el mejor ejemplo de lo que no se necesita en Chihuahua.

¿Cómo pretenden legislar sobre materia tan delicada, en momentos en que el pueblo de Chihuahua, por abrumadora mayoría les dijo que ya no lo representan y que existen nuevos actores políticos que sí son depositarios de tal calificación?

¿Porqué no tener un mínimo de sensibilidad política y dejar a los siguientes todos los asuntos trascendentales que al cuarto para las 12 pretenden cambiar?

¿Por qué no entienden que existe una nueva realidad política?

Y cuando ya se van, pretenden crear una ley que regule la asignación de guardias, a cargo del erario estatal, para quienes dejan los cargos públicos.

¡Híjole! Con razón perdieron las elecciones de manera tan apabullante.

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