Represión social e impunidad, de Ayotzinapa a Nochixtlán 30 de septiembre de 2017
Leonardo Meza Jara
Chihuahua, Chih.
Tres años antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tuvo lugar un acto de represión en contra de los estudiantes de esta misma institución. El 12 de diciembre de 2011, los normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco, en la autopista México - Acapulco. Los estudiantes protestaron para incrementar el presupuesto destinado a la normal rural Raúl Isidro Burgos, para mejorar las instalaciones de esta escuela y para tener una audiencia con el entonces gobernador del estado, el perredista Ángel Aguirre Rivero.
Los normalistas de Ayotzinapa fueron reprimidos por decenas de agentes de la policía federal y las policías locales. En el enfrentamiento murieron los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, a quienes les dispararon en la cabeza. Algunos videos alojados en Youtube muestran la saña con la que los policías agredieron a los estudiantes.
En aquél entonces, el delegado de la PGR en el estado de Guerrero era Iñaki Blanco Cabrera. Ante la represión y el asesinato los normalistas, Blanco Cabrera debió llevar a cabo una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos, pero la investigación nunca tuvo lugar. Desde un inicio las autoridades solaparon a los policías y funcionarios que participaron en la agresión y el asesinato de los normalistas.
A través de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la periodista Anabel Hernández documentó la tortura a la que fue sometido el estudiante Gerardo Torres, en un intento por incriminarlo en el asesinato de sus dos compañeros: “ Seis elementos (…) lo sacaron a bordo de una camioneta lo trasladaron con la cabeza cubierta a una casa de madera, lo golpearon y amenazaron con privarlo de la vida si no accionaba un arma larga. La víctima mencionó que sus victimarios colocaron uno de sus dedos en el gatillo del arma señalada y la accionaron; añadió que los policías fueron a tirar los casquillos percutidos en el lugar donde tuvo verificativo el enfrentamiento con los estudiantes.” (“La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar”, P. 47).
La impunidad marcó aquél primer enfrentamiento entre los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y las policías federales y estatales. Ningún agente ni funcionario recibió sanciones mayores por aquellos hechos represivos. La actuación dolosa del entonces delegado de la PGR en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, fue premiada en junio de 2013, al ser nombrado procurador del estado. Cuando tuvo lugar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Blanco Cabrera estaba al frente de la procuración de justicia en el estado de Guerrero.
La violencia policial (y militar) del estado se hizo presente en el enfrentamiento de la caseta de Palo Blanco y en los actos represivos de la noche de Iguala. Los asesinatos de estudiantes normalistas se repitieron en la reyerta del 12 de diciembre de 2011 y en los enfrentamientos del 26 de septiembre de 2014. En las investigaciones de los dos acontecimientos represivos se ha demostrado la presencia de errores y actuaciones sesgadas por parte de los policías, los ministerios públicos y los jueces. En ambas investigaciones se han intentado establecer montajes para responsabilizar a chivos expiatorios y deslindar a las autoridades de gobierno de la responsabilidad en los hechos.
Este mismo patrón se repite en otros hechos de represión en contra de la sociedad civil. Los mismos elementos que se hicieron presentes en los actos represivos en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2011 y 2014, se identifican en la actuación policial y gubernamental en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016. Los resultados del enfrentamiento en Nochixtlán fueron 8 muertos y 108 personas heridas, 53 civiles y 55 policías. En Nochixtlán también se hicieron presentes: la violencia desmedida por parte de las corporaciones policiacas que hicieron uso de armas de fuego, el asesinato de integrantes de la sociedad civil, la presencia de errores y sesgos en las investigaciones y en la impartición de justicia en general, y el encubrimiento de policías y mandos que participaron en el asesinato de civiles.
En los acontecimientos de Nochixtlán quedó comprobado que los integrantes de la policía federal accionaron sus armas en contra de la población civil. En aquel entonces el comisionado de la policía federal preventiva era Enrique Ceballos Galindo, un personaje cercano al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Fue Ceballos Galindo quien inicialmente declaró que los agentes de la policía federal no llevaban armas durante los enfrentamientos de Nochixtlán, pero ante las evidencias fotográficas y videos que circularon en la prensa y las redes sociales, el mando de la PF tuvo que aceptar que los integrantes de esta corporación accionaron sus armas en contra de la población civil.
Hasta la fecha, el gobierno federal no ha dado informes de las investigaciones por el caso Nochixtlán. Ningún policía ni funcionario ha sido juzgado por su participación en estos hechos de represión. Días antes del informe presidencial del 2016, Enrique Peña Nieto ordenó la destitución de Enrique Ceballos Galindo como comisionado de la policía federal. Ningún funcionario dio explicaciones sobre la salida de Ceballos Galindo de la PF. En días recientes, Enrique Ceballos Galindo fue nombrado como integrante del equipo de la Secretaría de Gobernación que coordinará las labores de reconstrucción en el estado de Morelos, después del sismo del pasado 19 de septiembre. De la misma forma en que se dio la salida de Ceballos Galindo como comisionado de la PF hace un año, sin explicación de por medio, este personaje retorna a las funciones gubernamentales de la mano de su protector, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los actos de represión e impunidad que han caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto tienen nombres y apellidos, tienen adscripciones a grupos políticos que están buscando permanecer en el poder después del 2018, tienen un comportamiento que muestra la frialdad y la actitud despótica de la clase política ante los reclamos que la sociedad viene haciendo desde hace muchos años.