Chihuahua, Chih.
Cuando menos algo positivo nos dejó el terremoto del pasado martes: Que en un par de días, la ocurrencia guajira de exigirle a los partidos políticos para que ‘donaran’ parte de su financiamiento público para ser destinado a la recuperación de los daños causados por el sismo, se convirtió en una inminente realidad. En un par de días, las firmas de apoyo superaron el millón de peticiones para que el INE entregará el financiamiento público de los partidos políticos para cubrir, en parte, el daño causado por los sismos S-7 y S-19.
Si no hubiese sido por este sorpresivo movimiento telúrico, los mexicanos seguiríamos con la frustración de las erogaciones multimillonarias e irresponsables para cubrir las actividades partidistas, a pesar de que no representan dignamente a la sociedad mexicana. En esta ocasión, ‘sin querer queriendo’, se logró un valioso precedente histórico: la fuerza de la opinión pública -a través de las redes sociales- obligó a los partidos políticos a ‘renunciar’ (aunque fuera de manera coyuntural y aislada) a una parte de sus prerrogativas financieras.
Ante esta eficaz corriente de opinión, al PRI no le quedó más remedio que asentir que “ante la tragedia que ha afectado a nuestro país por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre, el PRI renuncia de inmediato al 25% de su financiamiento público (258 millones de pesos) para que -de forma inmediata, legal, transparente y apartidista- se destinen a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos.
En la colaboración anterior, señalé la postura de Morena: “habrá apoyo para los damnificados del sismo en el Istmo y el sureste, porque es un asunto de justicia. López Obrador precisó la cantidad a donar: “a MORENA le van a corresponder entre 300 y 400 millones de pesos. El 20% de esa cantidad, o sea, 60 millones si son 300 u 80 si son 400… los vamos a destinar a apoyar a los damnificados”.
A su vez, Movimiento Ciudadano anunció que está dispuesto a renunciar al 100% del financiamiento público: “de tiempo atrás, se ha planteado que se elimine el financiamiento público por el excesivo costo que tiene el ejercicio electoral en el país, que es ofensivo. Por su parte, el PAN destinará al menos el 50% del fondo de las campañas para canalizarlo a las víctimas del terremoto.
En cuanto a las medidas que habrán de tomarse para justificar este desvío de recursos, el Secretario de Gobernación aseguró que sí existen mecanismos legales a través de una “modificación legal”, para que los partidos redestinen sus recursos públicos a los afectados por el sismo.
La opción ‘A’ sería la ‘renuncia’ expresa de los recursos económicos que habrán de ser etiquetados el próximo año por concepto de gastos de campaña. Es decir, el apoyo de los partidos sería a partir del próximo año y en aportaciones mensuales. Así, mediante esta modalidad (no prevista en la Constitución Federal ni en la LGIPE), dichos recursos serán retenidos por la Tesorería de la Federación, para garantizar el costo de los trabajos de recuperación.
Este desvío de recursos fue justificado por Osorio Chong aduciendo que “siempre habrá tiempo para atender este tipo de emergencias, porque la transferencia del dinero se reduce a voluntad política” (¿?).
Con total independencia de la legalidad o ilegalidad de este tipo ‘renuncias’ y transferencias financieras, lo más importante es el resultado obtenido por el reclamo social: fue posible capitalizar el hartazgo político de la sociedad mexicana. Un punto a favor de las redes sociales, como instrumento de control de los excesos de la clase política. Y como decía Raúl Velasco: “Aún hay más (peticiones)…”
Una vez más, el pueblo mexicano ha demostrado su innata solidaridad en los momentos de tragedias sociales; ahora, nos corresponde demostrar que también somos capaces de solidarizarnos para confrontar a la nefasta clase política que nos gobierna, para exigirles (para empezar) que renuncien a un 50% de sus inmerecidos y ofensivos sueldos.
SOLIDARIDAD POLÍTICA:
Previo a los comicios locales del 2016, en los que el triunfo electoral favoreció al panista Javier Corral, existía una corriente de opinión en el sentido de que el candidato del PRI, Enrique Serrano, sería el triunfador de la contienda electoral, dada la añeja inercia del electorado chihuahuense de votar por el partido político de su preferencia, sin considerar las posibles ventajas de votar por otro candidato con mejores propuestas políticas.
El triunfo del candidato panista fue considerado como un referéndum popular que exhibió el hartazgo político de los chihuahuenses en contra del gobierno de César Duarte. Pero además, demostró que el voto ciudadano es un voto razonado no sujeto a preferencias partidarias. Sin embargo, estos cambios de actitud de la ciudadanía chihuahuense quedaban circunscritos a la actividad electoral; es decir, a la mera designación del gobernante en turno.
Por fortuna, con motivo de los terremotos de días atrás, la sociedad mexicana ha demostrado a través de las redes sociales que está preparada para dar el siguiente paso: ejercer el control del poder público mediante acciones que podrían desterrar para siempre la partidocracia que, como una epidemia, sufrimos los mexicanos.
Me atrevo a proclamar (en el mejor de los sentidos): ¡Bienvenidos los terremotos del S-7, S-19 y S-23…! ¡Bienvenida la participación ciudadana organizada a nivel nacional…!
