Chihuahua, Chih.
«Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal»: Éxito musical de Javier Solís. Letra, Alberto Pulido.
En solo poco más de 24 horas después de su aprobación en la Cámara de Senadores, -el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- fue igualmente aprobado en el Congreso de Chihuahua con el voto a favor de las bancadas de MORENA, PT, Verde y del ¡PAN!
¡Fast track!
N’ombre, están bárbaros, el Congreso de Chihuahua se convirtió en la 17a legislatura que la aprobaba para que la reforma se convirtiera en constitucional, -¡casi le ganan a la legislatura de Oaxaca en tremenda rapidez y atingencia!- y así completarle al presidente López Obrador el regalo que sus compañeros -de MORENA- le entregaron al término de su gobierno.
Fue un regalo que también llevaba el sello del panismo chihuahuense, el más ‘bronco’ del país, se decía, hasta antes de conducta tan ‘atenta’ para con el presidente.
En los hechos, el discurso de los diputados panistas de Chihuahua se hizo eco del emitido por sus ex compañeros, los ex gobernadores Javier Corral, de Chihuahua, de Miguel Angel Yunes Linares, de Veracruz, y su vástago, del mismo nombre.
La aprobación en el senado de esta reforma la obtuvo Morena por el voto de Yunes hijo, mediante la compra de su voto (que aún no sabemos su costo) a las 6 de la mañana del miércoles y el jueves a mediodía, los panistas de Chihuahua, con la muy honrosa excepción de Jorge Soto, la aprobaban, cuando todavía no terminaban los ecos de las acusaciones de priistas y panistas a Corral, Yunes y otros, por incongruentes.
Y no solo a ellos, también al presidente y sus compañeros que encabezaron estridentes y consistentes protestas en contra de la militarización en tiempos, tanto de Calderón, como de Peña Nieto.
«El Congreso de Chihuahua, con el voto a favor del PAN aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que envía dicha corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Votaron a favor de dicha reforma legisladores del PAN, Morena, Verde y Partido del Trabajo; en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, PRI y el diputado Soto.». (Nota de Roberto Piñón y César Lozano, El Diario, Viernes 27/9/24).
¿Qué motivó al grupo gobernante de Chihuahua a cambiar radicalmente su postura en este tema, crucial para la vida democrática del país y la preservación de los derechos humanos?
El debate sobre si México está militarizado estaba rebasado, desde ahora ya no será debate, será bandera de los menos frente a lo que será -es, en muchos casos- cada vez más frecuente: La violación de los derechos humanos a manos de los elementos de las fuerzas armadas, que serán fuerza única en la Seguridad pública.
No está demás, nunca lo será, rememorar el dato de que entre 2019 y 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4 mil quejas sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de tortura, desaparición forzada, tratos crueles y detenciones arbitrarias, perpetrados por elementos de las fuerzas armadas.
En esos casos, cómo olvidarlos, están los ocurridos en ‘La guerra de las presas’, cuando elementos de la GN reprimieron a los participantes y luego, otros elementos dispararon a mansalva en contra de una pareja de productores, matando a Yessica Silva y dejando malherido a Jaime Torres.
Casi al mismo tiempo de esa agresión, otro grupo de la GN detuvo a tres agricultores de la misma región; los acusó del delito de ‘posesión de armas de uso exclusivo del Ejército’, porque el juez consideró “armas letales” 18 latas de gas lacrimógeno que la GN les había -supuestamente- encontrado a los campesinos.
Luego, la Fiscalía General de la República les acusó de ‘terroristas’, delito finalmente desechado por el juez. Tuvieron que liberarlos al cabo de varios meses.
Semanas después del enfrentamiento en La Boquilla, Andrés Valles, uno de los líderes de los productores, ex alcalde morenista de Rosales, fue detenido y acusado de los delitos federales de robo y motín. Después de meses de litigio fue liberado.
No fueron las únicas acciones concertadas desde el gobierno para reprimir al movimiento.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el 14 de septiembre de 2020, bloqueó al menos 50 cuentas bancarias de personas, de organizaciones de productores de la región Centro-Sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, cuyos directivos participaron en las acciones para evitar la extracción de agua de la presa La Boquilla.
Entre ellas estaban las del ex gobernador José Reyes Baeza, del líder de los agricultores de los módulos de riego Salvador Alcántar, así como de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias.
Según la UIF, el bloqueo a sus cuentas se realizó «por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional».
Meses después, alegando responder a una agresión, elementos de la GN mataron a los jóvenes Luis Fernando Maldonado y Mauro Miguel Rocha en Jiménez.
Luego, en el Valle de Juárez, Sergio Carbajal Rivera, originario de Sonora y residente del ejido Barreales, de Guadalupe Distrito Bravos, fue abatido del mismo modo que los de Jiménez. A él, por la espalda. La justificación de la GN fue idéntica.
Todos esos episodios revelan lo que puede ocurrir y que ahora, al sumar las reformas de regalo del presidente, la de la GN y la judicial, los casos arriba citados son ejemplares.
Primero, la fuerza del Estado para reprimir a un movimiento -legítimo y justo, además-, segundo, a las personas y, tercero, en todos los casos, las dificultades para encontrar justicia, lo que ya ocurre en el actual sistema y que, a la llegada de los jueces y magistrados, producto de la reforma, que serán los aprobados por el partido del régimen, MORENA, como lo vemos en estos casos, seguirán las consignas trazadas desde el bloque gobernante.
López Obrador traicionó sus promesas de pacificación. La violencia extrema sufrida en dos décadas no distingue entre colores partidistas. Es un sistema institucional que ha sobrevivido a múltiples gobiernos a pesar de su fracaso.
Efectuar un balance del uso de las fuerzas armadas en seguridad pública, a lo largo de los últimos 5 sexenios tiene una sola conclusión: A pesar del incremento de la participación de mandos y efectivos (tropa), es un completo fracaso.
A la par del último paso en esa militarización, llevada al cabo en el presente sexenio, los homicidios y desapariciones alcanzaron cifras de verdadero espanto.
Con el recuento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, al término del sexenio de López Obrador habrán llegado a casi 200 mil, los primeros, y a más de 100 mil desaparecidos en el segundo.
Pero una vez hecha la recopilación de datos por el INEGI, que compila las cifras entregadas por los registros civiles estatales y las de la Secretaría de Salud, la cifra podrá ascender a un 20% más ¡240 mil homicidios en el sexenio de la ‘humanista’ 4T!
Bueno, sobre esa realidad, y la de que el traspaso de la GN a la Sedena que, además, en distintos tonos y ritmos, los diversos actores del panismo local se habían pronunciado -y en el caso de los legisladores federales votado- en contra, la mayoría de diputados locales panistas, rompiendo la alianza celebrada con el PRI (ya no solo en el ámbito nacional) votaron a favor de esta reforma, de manera absolutamente contraria a lo que el PAN -local y nacional- habían sostenido desde 2019 en la creación de la Guardia Nacional.
Por ello la sorpresa.
Sus posturas chocan, incluso, en el ámbito local.
Daniela Álvarez, la cuasi única candidata a la presidencia del PAN-Chihuahua (no es que la otra aspirante, Cristina Jiménez, no exista sino a la nula posibilidad de que triunfe) dijo en su discurso de registro a la candidatura que «los panistas deberíamos proponernos fortalecer los valores que nos hacen una opción distinta a la del populismo y el autoritarismo».
A su vez, Rocío González, diputada federal, cercana a Maru Campos, afirmó que «En cuanto a la reforma de la Guardia Nacional para pasarla al Ejército, tampoco estamos de acuerdo, pero sí estamos agradecidos de que esta fuerza nos acompañe en la entidad. En la redacción de la reforma de la Guardia Nacional se dejaron ‘caer’, se fueron ‘jefes’ y le dieron facultades muy amplias al Ejército Mexicano…». (Entrevista de Manuel Serna Jasso, Tiempo, 28/9/24).
Por otro lado, el senador panista, Mario Vázquez Robles, quien votó en contra, lo sustentó: «… por coherencia y convicción de la representación chihuahuense. No podemos olvidar a las víctimas de esta violencia».
En la discusión en el senado, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Movimiento Ciudadano (MC), fue quien sintetizó mejor lo que ahora es una realidad: «… aunque nieguen que esto es militarización ¿Cómo lo llamarían ustedes, cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías?».
No es coincidencia, parece ser, que el dirigente local de MC, Francisco Sánchez, crítico de la 4T y del gobierno local, lo acusara de haberse «doblado ante el régimen al votar a favor de la militarización del país».
«… están modificando el artículo 129 de la Constitución que viene desde la constitución de 1857, la juarista, nunca se había modificado con la finalidad de que los elementos castrenses en tiempos de paz, solo pudieran realizar actividades propias de su encargo». (Nota de la redacción, Tiempo, 27/9/24).
Bastaría hacer un somero análisis de la actuación de la GN para, de inmediato, iniciar el proceso contrario al aprobado por la 4T: «La Policía Federal llegó a tener 37 mil elementos, aunque solo 27 mil dedicados efectivamente a labores de combate a la inseguridad; en 2018, último año de Peña Nieto, recibió un presupuesto de 2 mil 247 millones de pesos», a su vez, la Guardia Nacional, en junio de este 2024 contaba con 130 mil elementos y «un presupuesto de 70 mil 767 millones de pesos, 30 veces más que la PF». (Citas de Sergio Sarmiento, El Diario, 25/9/24).
«La GN, desde su creación en 2019, hasta abril de 2024, logró 5 mil 991 detenciones “como primer respondiente”… Cada efectivo de la GN desplegada reporta muy pocas detenciones: 0.071 por año, en comparación con 1.6 personas detenidas anualmente por elementos de las policías estatales preventivas». (Ibídem).
Ojalá y no, pero los presagios son casi negros.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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