Chihuahua, Chih.

Es imposible no abordar, semana a semana, los aspectos más criticables de la actual administración estatal.

Hace agua por todos lados, pero uno de ellos, la inseguridad se convirtió en el principal tema de preocupación para la sociedad chihuahuense y no solo por su implícita importancia sino, sobre todo, por las cada vez más evidentes pruebas del enorme grado de ineficiencia de los responsables del gobierno de Javier Corral.

Asombra, además, que las explicaciones del Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, sean, esencialmente, del mismo tenor a las usadas por el Coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, quien, para defenderse de la contundencia de los reportajes efectuados por El Diario, (en los que se informó de la presunta comisión de varias irregularidades en el otorgamiento de contratos a una empresa -Xtreme Sports- propiedad del esposo-pareja sentimental de la Directora de Administración de la dependencia que dirige y en la cual labora quien es, también supuestamente, la pareja sentimental de Pinedo) arguyó que se trataba de un ataque del periódico al gobierno encabezado por Javier Corral, esto es que quien lo critique lo hace al total de la actual administración estatal.

Ufff…

Pero no es el único, el Comisionado Aparicio fue más lejos, achacó a los medios de comunicación la creación de una “atmósfera de inseguridad” en la entidad al utilizar “los hechos delictivos como enfrentamientos y ejecuciones para extorsionar al gobierno del estado”, tal y como lo ha señalado, dijo a varios medios de comunicación, el “gobernador Javier Corral”.

“Nada ha importado a medios poco serios, esto ya es una extorsión como lo ha comentado el señor gobernador, la verdad es que distorsionan la información y están creando una atmósfera de inseguridad ellos mismos”.

Pero estas justificaciones fueron retomadas en las cápsulas informativas que Comunicación Social difunde en radio y Tv, “Puntualizando”, en las que arguyó que “… muchos medios, no todos por supuesto, se han dedicado a un golpeteo político, a ver el tema de la inseguridad como la oportunidad de sacar una remuneración económica, eso nos ha provocado varios ataques que hemos tenido en el Gobierno del Estado”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 14/IX/18).

“Este tipo de medios, que no son serios, que se dedican a querer extorsionar al Estado lo que están provocando es una atmósfera, una sesión a los ciudadanos de algo que realmente no está pasando”. (Ibídem).

Si ambos funcionarios -Pinedo y Aparicio- tienen conocimiento de tales pretensiones extorsionadoras de “los medios”, o de El Diario (pues el vocero de Javier Corral adujo que el periódico había exigido “no menos de 30 millones de pesos” al gobierno estatal, ¿Por qué no los han denunciado? ¿Acaso no saben que están denunciando públicamente la presunta comisión de un delito y no actúan en consecuencia?

¿No será que en realidad le mienten a los chihuahuenses, y con ellos a su jefe inmediato superior, es decir, al gobernador Corral?

Y éste ¿Estará enterado de lo anterior, o estándolo, ha decidido optar por aceptar la renuncia de Luján y respaldar las evidentes falsedades de Aparicio?

Peor, que en lugar de la salida de Pinedo de la administración estatal sea el supuesto denunciante de las presumibles corruptelas de Pinedo y su Directora Administrativa, el ahora ex Director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, -uno de los referentes del panismo chihuahuense, quizá el más emblemático ahora, luego del fallecimiento de Luis H. Alvarez, meses atrás- fuera sustituido, en medio de una oleada de rumores y sin que se nombrara al relevo del exdirigente estatal y uno de los panistas de auténtico “pedigree” de mayor confianza del gobernador Corral.

No es un asunto menor, Luján ocupaba el lugar que ocupó Gerardo Villegas Madriles en el gobierno de César Duarte; esto, por ser de los mayores confianzas del gobernador en turno, o del Secretario de Hacienda, debido a que por su oficina pasan -pasaban- todos los contratos del gobierno de Chihuahua, tanto para la elaboración, como para la autorización y la firma definitiva de todas las operaciones financieras de la administración estatal.

Hoy, Villegas está en prisión, acusado de la comisión de varios delitos, todos derivados de actos como los que ahora fueron denunciados públicamente en la oficina de Comunicación Social.

Bueno, es tan preocupante la actitud del gobernador Corral en el tratamiento de temas tan delicados para su gobierno, que la Secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, anunció la realización de una investigación y de una auditoría a la Coordinación de Comunicación Social, sin que el titular de ésta, señalado en la investigación periodística de El Diario (10, 11 y 12/IX/18), fuera separado de su cargo en tanto se efectúan aquellas, precisamente el día en que el gobierno corralista efectuó el mayor número de cambios al gabinete.

Y concita, por otro lado, los justificados ejercicios de equiparamiento con Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública de Peña Nieto, designado como tal para que investigara, si quien lo nombró -el presidente de la república- había cometido algún ilícito en la compra de la residencia de la pareja presidencial, conocida como la “casa blanca”.

¿Qué horas son? preguntó el mandatario a su colaborador.

-Las que usted diga, señor Presidente.

Sí, porque ante el alud de denuncias públicas y las presentadas a la oficina de Olmos en contra de funcionarios de la actual administración, en los casos más relevantes, no ha habido resultado alguno, sólo investigaciones que se realizarían, pero hasta ahí.

Siendo de la mayor importancia esto último, lo que sucede en materia de seguridad pública es estremecedor.

Las cifras de homicidios a lo largo del actual gobierno estatal se han incrementado a niveles ligeramente por debajo de las del año 2011, pero por encima de todas las ocurridas después de ese año.

Hasta el mes de julio de este año, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se habían cometido mil 703 homicidios en Chihuahua en el presente año, entre ellos, 32 feminicidios. A ellos deberán sumarse los ocurridos en el mes de Agosto. Tan solo en Juárez se presentaron 182.

En total, en el gobierno de Javier Corral suman alrededor de 4 mil homicidios ocurridos en Chihuahua, reconocidos en las estadísticas de los organismos federales de seguridad pública, pues en 2017 fueron mil 556 homicidios dolosos y en los últimos tres meses de 2016 se cometieron 453 ejecuciones en la entidad.

De acuerdo con estos datos, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2017, fue de 40.9, y en 2018, realizando una proyección anual, se elevaría a ¡77.89!

En ambos casos, muy por encima de la media nacional y muy cercana, la segunda, al año 2011.

¿Y qué hacen las autoridades para combatir la inseguridad?

Son de pavor las informaciones más recientes, en cuanto a la supuesta coordinación de las fuerzas de seguridad pública.

Por un lado, “El general brigadier Fernando Gómez, comandante de la Guarnición Militar, señaló ayer que el gobierno de Javier Corral no ha seguido los protocolos para solicitar ayuda militar. Dijo que esa es la razón por la que no trabajan en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad en tareas de combate a la delincuencia”. (Nota de Miguel Vargas, El Diario de Juárez, 147IX/18).

Tal declaración la hizo ante la queja del gobernador Corral de que “El Estado de Chihuahua, solo, con su capacidad y su estado de fuerza, no puede combatir la delincuencia organizada, esa es una tarea del Gobierno federal”. (Ibídem).

Pero Fernando Gómez, “jefe de las fuerzas militares en la entidad”, le respondió tajantemente: “Los estados son independientes, cada Gobierno debe de solicitar al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la participación de las fuerzas armadas para apoyar a las autoridades estatales y municipales”. (Ibídem).

¿Y entonces?

Quizá la respuesta la encontremos en las declaraciones de alguien que no puede despertar sospechas de ser un opositor al gobierno de Javier Corral, o de ser alguien que pretenda extorsionarlo, o menos aún que pretenda lucrar con la inseguridad prevaleciente:

“Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), subrayó que desafortunadamente el gobierno del Estado ha tenido oídos sordos en materia de seguridad y economía en lo que tiene que ver con el aparato productivo”. (“Administración de oídos sordos: IP”. Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario/Chihuahua, 11/IX/18).

Manjarrez Ayub, ex presidente de la Coparmex-Chihuahua, informó “que en diferentes ocasiones, el presidente de COPARMEX en Chihuahua, Federico Baeza, ha tratado de sostener reuniones con el gobernador y no ha sido atendido”. (Ibídem).

Fue tajante. “Un gobierno se debe a una sociedad; uno sin el otro no funciona, entonces para quién gobiernas si no se está cerca de la sociedad, y hay que escucharla e ir generando en conjunto, lo que se requiera”. (Ibídem).

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