Chihuahua, Chih.

Los signos de la regresión, hasta épocas semejantes a las de casi siglo y medio atrás -en materia de la separación del Estado y las iglesias- y de por lo menos tres décadas atrás en materia política y del tratamiento de los conflictos sociales, en medio de una profunda degradación institucional, y de la vida pública, que abarca, pero por supuesto y en primer lugar, a las contiendas político-electorales, es el rasgo central de lo que hoy vivimos los chihuahuenses, y en general los mexicanos.

El uso patrimonialista de las creencias religiosas, para usos electorales, no es reciente, había sufrido una oleada restrictiva en una buena parte del siglo anterior, pero desde fines y a principios -especialmente desde la consolidación de la alternancia partidaria en el gobierno- una buena cantidad de gobernantes, inicialmente los emergidos del PAN, fueron incorporando a la difusión de sus actividades y querencias sus creencias religiosas, en el afán, obviamente, de manipular a la opinión pública y acrecentar las simpatías a su persona.

Luego, ya en los presentes años del siglo XXI esa tendencia se ha consolidado, a la par, paradójicamente, del crecimiento de las simpatías societarias de las posturas, en algunos de los asuntos a los que más se oponen las iglesias, especialmente la católica, como el aborto, el matrimonio de los homosexuales, la eutanasia y la adopción de infantes por matrimonios homosexuales.

No son los únicos temas en los que, casi de manera salvaje, han desatado sus baterías contra las minorías sexuales, también las han enderezado en contra del uso de la pastilla de “un día después”, del condón, y a favor de la incorporación de la educación religiosa en las escuelas públicas y, sobre todo, en la participación creciente de la jerarquía eclesiástica en los asuntos de gobierno.

Además, y no es cosa menor, de mantener un constante impulso a la educación privada, para lo cual, gobernantes priistas y panistas, casi por igual, han usado los recursos públicos para favorecer esta tendencia.

Actos centrales de tales prácticas y tendencias, son las frecuentes “consagraciones” de tal gobierno, entidad, municipio, etc, al sagrado corazón de Jesús, a la virgen María, o las constantes alusiones de los gobernantes y dirigentes partidistas a sus dioses, además de las bendiciones que reparten, casi al mismo ritmo que los ministros religiosos.

No fue el único acto en esa orientación, aún resuenan las frases laudatorias del acto de consagración de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús, con la presencia de toda la jerarquía eclesiástica de Chihuahua que acudía, exultante, a “acompañar” al gobernante que tan bien los complacía.

Tan largo recuento tiene como objeto ubicar la preocupante resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en el caso en el que Rodolfo Leyva, Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) solicitó un amparo de la justicia federal en contra del nombramiento del sacerdote católico, Javier Avila (El Pato, por demás descontada su destacada participación en la defensa de las minorías étnicas de la sierra chihuahuense, además de ser uno de los fundadores de la primera organización no gubernamental derecho humanista en el país -Cosyddhac-) en la Comisión de Atención a las Víctimas de la violencia en la entidad.

El alegato de Leyva es simple, un ministro religioso está impedido a participar en el gobierno y Avila fue nombrado integrante de una comisión que ejercerá recursos públicos -de alrededor de los 100 millones de pesos-. Su nombramiento fue realizado por el Congreso del estado, con lo que desde este punto de vista, independientemente de no recibir salario (aunque por ley estaría obligado a hacerlo) sí entra en la clasificación de funcionario público.

Pero, de acuerdo con la ley, está impedido.

Bien, pues ahora, según el criterio de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, eso no priva en el caso del “Pato” Avila.

Esa resolución es de alcances inimaginados: Le abre la puerta a la participación de los religiosos en la función pública, con lo que hace añicos la centenaria separación de las iglesias y el Estado y, con ello, ofrecerle un inesperado apoyo a todas las posturas de la Iglesia Católica en los temas referidos arriba y a la exigencia de participar más decididamente en los asuntos públicos.

No es lo único preocupante. Los magistrados acordaron, además, dado el reiterado protagonismo de Leyva, correrle traslado al Consejo de la Judicatura Federal y al del estado de Chihuahua, así como al Ichitaip: “Debe darse vista al Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la conducta reiterada del quejoso, quien además es un servidor público, tendente a denostar a los magistrados de este órgano jurisdiccional y con ello afectar su independencia y poner en duda su imparcialidad”.

De igual manera, y “por ser Rodolfo Leyva comisionado del Ichitaip”, se instruyó dar vista a la Secretaría Ejecutiva del instituto para que instaure los efectos legales correspondientes de los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones a le Ley, según lo establece la Fracción XX del Artículo 12 del reglamento interior.

De esta manera, los magistrados Marta Olivia Tello Acuña, José Martín Hernández Simental y José Raymundo Cornejo Olvera, no solo se erigieron en los mejores defensores de la intromisión de los religiosos en los asuntos públicos, sino que, además, están haciendo un peligrosísimo llamado a reprimir a los ciudadanos que, haciendo uso de sus derechos, recurren ¡Al uso de la ley y los instrumentos legales existentes para hacer valer sus derechos! solo porque Leyva los recusó y pidió se eximieran de analizar los asuntos planteados por él ya que, adujo, no estaban dotados de imparcialidad para ver los asuntos en los que Leyva participa.

Además, el hecho de pedir la participación de las Judicaturas federal y estatal y a los ministerios públicos, federal y del orden común, envía el mensaje de que, hasta le podrían fincar cargos penales. Por si fuera poco, al enviar el caso al Ichitaip, abre la posibilidad para que en este organismo se de rienda suelta a los afanes revanchistas de la actual administración e intenten retirarlo del cargo de consejero del órgano garante del derecho al acceso a la información pública.

Todo lo anterior, incluida la resolución del Tribunal Colegiado, a pesar de las conclusiones de la la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM -un organismo altamente apreciado por sus alcances académicos- que resolvió que la designación de Avila vulnera la laicidad del Estado mexicano “y pone en tela de juicio la imparcialidad que ha de caracterizar los servidores públicos en su labor de promoción y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. (Nota de David Piñón, 20/II/18).

En una opinión “amicus curiae” -“amigos de la corte”- los catedráticos e investigadores Rodolfo Vázquez Cardoso, Roberto Blancarte y Pauline Capdevielle, concluyen acerca del asunto ahora analizado.

Los catedráticos, muy respetados en los círculos judiciales y académicos, concluyen: “Es importante entender que estos tres principios guardan una estrecha relación entre sí: La autonomía entre el Estado y las instituciones religiosas es la condición necesaria para que se garantice una robusta libertad de conciencia y la igualdad de todas las personas”.

Por ello, concluye que el nombramiento del sacerdote Ávila Aguirre constituye una violación a la Constitución federal y a las leyes que de ella derivan, pues tanto las disposiciones legales como constitucionales son claras en señalar la prohibición para los ministros del culto de ocupar un cargo público.

Bueno, pues la nota la ofreció el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien, en el acto en el que recibió la candidatura del evangélico Partido Encuentro Social, para congraciarse con el auditorio, no sólo propuso la creación de una Constitución “moral”, sino que en los hechos convalidó la existencia de un partido religioso al hacer uso de frases, tanto bíblicas, como de corte religioso, en contravención a todos los postulados juaristas que, a pesar de profesar la fe católica fueron, no solamente escrupulosos, sino puntillosos en elaborar todo un armazón jurídico que preservara la laicidad del Estado mexicano.

Eran otros tiempos.

GOBIERNO ABIERTO.- Paradojas del amanecer. En tanto que en el interior de Palacio de Gobierno se desarrollaba un acto en el que se presumía ser un gobierno “abierto” e “incluyente”, los policías estatales reprimían y encarcelaban a productores de frijol que exigían cumplimiento a acuerdos tomados un año atrás.

Un día antes, a pesar del escalamiento del conflicto de la UPN, el gobernador Corral acusó a las maestras-alumnas de esa institución de ser manipuladas y no fue capaz, a pesar de tenerlas a unos pasos de distancia, de conversar con ellas y abrir el necesario diálogo que abriría cualquier gobierno de corte democrático.

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