Chihuahua, Chih.

Lo he dicho siempre: el empoderamiento político de la mujer en México ha tenido un sustento sexista. La paridad de género en material electoral, no es la excepción: la mitad de las candidaturas se otorgan a las mujeres, por el solo hecho de ser el sexo opuesto y porque ser, numéricamente, un poco más de la mitad en el Listado Nominal. Nada que ver con su experiencia y capacidad política y/o administrativa.

Como si fuera ayer, recuerdo mi experiencia personal del 2009, cuando en varios artículos periodísticos critique a un grupo de féminas chihuahuenses afiliadas a diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil (Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas) cuando pretendían impulsar -a través de la cuota de género 50/50- la participación política de las mujeres.

Algunas de esas feministas me acusaron de misógino porque afirme que “el objetivo del proyecto de Paridad Electoral para las Mujeres es allanar el camino a futuros gobiernos feministas ‘por decreto’; es decir, las mujeres desean acceder al poder  por su condición de sexo débil y no por merecimientos políticos, a través de decretos legislativos que les garanticen una cuota paritaria de participación en la toma de decisiones políticas. ‘De a gratis’, como diría mi abuelo”.

Once años después (2020) un grupo de diputadas presentó una iniciativa para incrustar en la Ley Electoral un lenguaje inclusivo y una serie de reglas relativas a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En esta ocasión, solo haré referencia al tópico del lenguaje inclusivo. A mi parecer, es evidente que las diputadas promoventes ignoran las reglas básicas de la técnica legislativa; al extremo, de que la redacción del articulado propuesto es una burda copia (aumentada) de la reciente reforma electoral a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La iniciativa es reiterativa a morir. Por ejemplo, en varios artículos se repite la frase “integrando la paridad de género”; y en un solo párrafo del Art. 17 de la Ley, esa frase se repite cinco veces.

Por otra parte, esta iniciativa de ley incorpora un lenguaje inclusivo que acredita a plenitud su carácter sexista. La siguiente lista es ejemplo de ello: 1. Las y los ciudadanos; 2. Las candidatas y candidatos; 3. Ninguna persona ciudadana; 4. Las personas observadoras; 5. Las personas patronas; 6. La Gobernadora o Gobernador; 7. Las Magistradas o Magistrados; 8. La Presidenta o Presidente;  9. Las regidoras o regidores.

Me queda claro que a estas diputadas les tiene sin cuidado la opinión de la Real Academia de la Lengua Española: “El problema es confundir la gramática con el machismo”.

“Gran número de grupos nominales definidos, construidos en masculino singular, se refieren a cargos, órganos, puestos o dignidades del Estado que puede ejercer una sola persona en un determinado período: el Presidente del Congreso, Fiscal General del Estado. Poseen un valor inclusivo en función del contexto sintáctico en el que se encuentren”.

En efecto, “estas denominaciones no vienen impuestas ni por razones jurídicas ni lingüísticas sino por razones políticas o sociológicas en cuanto el alto valor simbólico y representativo que la Constitución establece de manera categórica: la absoluta igualdad de hombres y mujeres en el acceso a cualquier puesto de responsabilidad, e incluso enfatiza dicho compromiso, como ley fundamental del Estado, de la forma más visible que la sintaxis del texto permita”.

Así las cosas, es predecible que este desdoblamiento sexista del lenguaje “no tendrá una implantación real” y por lo tanto “se quedará en una simple moda”; porque solo quedara plasmado en leyes y discursos públicos, porque “nunca se escucha en conversaciones entre amigos”.

Me queda claro, que muchas mujeres chihuahuenses que, hoy en día, ocupan cargos públicos, no han demostrado ser eficientes en el ejercicio de la función pública, para que la sociedad les reconozca su valía política.