Chihuahua, Chih.

No bien terminan de efectuarse todos los actos legales para acreditar la composición de las cámaras del Congreso de la Unión y los “apretones” entre quien ocupa Palacio Nacional y la que lo sustituirá, colman, no solo los comentarios de prácticamente todos los medios de comunicación y las redes sociales, sino, también, las preocupaciones de los grandes tenedores de dinero, expresadas por los vaivenes de la paridad peso-dólar, cuyo origen son los distintos tiempos que contemplan López Obrador y Claudia Sheinbaum en la aprobación de la reforma judicial.

En ese marco macroeconómico el presidente López Obrador empuja  al nuevo grupo gobernante a aprobar en el mes de septiembre la reforma judicial propuesta por él.

Claudia Sheinbaum hace mil y un malabares para convencer que habrá un período de discusión sobre tal reforma, lo que podría llevarla a aprobarla en los siguientes meses, ya con ella en la presidencia.

Habrá que esperar. 

En tanto, el presidente continúa con su labor demoledora, no importa que sea a base de falsedades. Piensa que obtuvieron tal cantidad de votos que tendrá el consenso nacional para sus opiniones y asertos.

Por ello, uno de sus más cercanos, tanto en su más nueva tarea, la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como en la previa, la Comandancia de la Guardia Nacional, el Gral. Luis Rodríguez Bucio, se ha convertido en uno de sus arietes más destacados en los ataques a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, local y federal.

En sus reportes semanales, el Gral. Rodríguez lanza una buena cantidad de infundios, con tal de hacerle ver a la audiencia lo “corrompido” que se encuentra el Poder Judicial.

En el último episodio, el martes anterior, utilizó como ejemplo la supuesta “liberación” del ex gobernador César Duarte y se lanzó en contra de la jueza local que ordenó, según su versión, la “liberación” del ballezano y casi la linchó por ordenar se le cambiaran las medidas cautelares. 

Por una razón, porque el artículo 20 constitucional así lo ordena:

«IX. …

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares».

Y resulta que el exgobernador Duarte cumplió dos años en prisión preventiva, desde que fue traído a México y aún no recibe sentencia.

Por supuesto no está en libertad. 

Se le retiró el pasaporte y se le aplicó un grillete electrónico, además de imponerle la prohibición de salir de la ciudad de Chihuahua en tanto su proceso continúa y en el caso de que, como lo sostiene una parte de la dirigencia morenista, se esté preparando su liberación; ordenada, según esta versión, por el Poder Judicial de Chihuahua, estará siempre abierta para que el Poder Judicial de la Federación tome en sus manos el proceso, aplicando la ley que todavía no cambian los “morenos”.

¿Qué tiene que ver lo anterior con la culpabilidad o no del ex mandatario?

Nada.

En tanto, el presidente sigue construyendo su discurso y acumulando mentiras que le den sustento ante la sociedad para concretar una de sus máximas aspiraciones: «Al diablo con sus instituciones».

Hay, por otro lado, un aspecto que muchos, llevados por la inercia de las declaraciones de la Secretaria de Gobernación, dan por descontado: Que el bloque oficialista tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

No hay tal. 

La 4T tiene el 54% de los votos para diputados; Fuerza y Corazón el 30% y MC el 10 y falta que el INE resuelva la asignación de los diputados plurinominales. 

Eso lo hará el 23 de agosto.

Nada está resuelto, a menos que el INE y el Tribunal Electoral de la Federación cedan a las presiones del nuevo poder hegemónico en México.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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