El acuerdo entre las diversas fuerzas políticas del Congreso para consensuar la próxima reforma electoral, mediante la celebración de varios “Foros y Mesas de Trabajo”, ha provocado que en las principales columnas periodísticas se consignen una serie de reflexiones y cuestionamientos referentes a los tópicos más ‘ríspidos’ de las reglas que habrán de regular los comicios locales del 2018.

Por nuestra parte, a partir de marzo formularemos (por episodios editoriales) nuestra propuesta de reforma constitucional y legal; misma que ya ha sido esbozada desde el año pasado, a través de una Iniciativa Popular que será presentada en las próximas semanas ante el Congreso del Estado.

Y en la cual, no tienen injerencia alguna los candidatos independientes que participaron en los pasados comicios del 2016; específicamente, Armando Cabada, Alfredo “El Caballo”, Carlos Tena y Roberto González; quienes, de manera egoísta, condicionaron su apoyo a la redacción de un proyecto legislativo a su conveniencia personal. Algo totalmente inadmisible, para quienes participamos en esta versión de participación ciudadana,

Ahora bien, en esta ocasión, como preámbulo a las próximas colaboraciones editoriales relativas a la reforma política propiamente dicha que, obviamente, habrán de evadir los diputados de todos los partidos políticos (reducción de diputados, eliminación de la Diputación Permanente, modificación al proceso de reforma a la Constitución, entre otros), es oportuno reflexionar si la reforma electoral que habrá de ser aprobada a más tardar en agosto próximo, pudiera ser considerada como una ‘re-contrarreforma electoral’ a la promovida por el PRI en el lejano año de 1997.

Para una mejor comprensión de este tema, debemos recordar que al igual que Javier Corral, durante la campaña electoral de 1992, el entonces candidato panista a Gobernador, Francisco barrio, esbozaba la necesidad de promover una ‘reforma integral’ a la Constitución local; misma que fue publicada en el año de 1994.

Mediante esta reforma constitucional, se crearon dos órganos electorales: el Tribunal Estatal de Elecciones y el Consejo Estatal de Elecciones, cuyos integrantes estuvieron plagados de personajes afines al PAN. Y que para su desgracia, en los comicios locales del ’95, el PRI recuperó el control del Congreso y gran parte de los principales municipios.

El PRI, ya con el control legislativo en sus manos (al igual que el PAN en el 2017) presentó una iniciativa para reformar la Constitución local con el único propósito de ‘expulsar’ a los funcionarios panistas enquistados en los órganos electorales, so pretexto de la creación de nuevos órganos electorales, con tan solo cambiarles la nomenclatura que aun subiste a la fecha.

Por desgracia, la defensa jurídica del PAN fue endeble e improvisada. Y hasta el propio Francisco Barrio avaló la reforma constitucional y legal. Y por si esto fuera poco, el PRI contó con un aliado incondicional: la Tremenda Corte, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN y el PT evidenció, una vez más, la parcialidad que caracteriza al Poder Judicial Federal.

En esta ocasión, al PAN no le conviene “expulsar” a los integrantes del Consejo General del IEE, dada cuenta que el PRI los acusa de ser ‘subordinados’ del PAN; y mucho menos a los magistrados del TEE, ya que fueron nombrados con el aval de Javier Corral.

En efecto, para la ciudadanía chihuahuense la parcialidad de los órganos electorales locales es un hecho notorio. Y si acaso existiera alguna duda al respecto, bastaría con preguntarles a los aspirantes a candidatos independientes el trato que se les dio en el pasado proceso electoral.

A mi parecer, con miras al 2018, al PAN le resulta más que suficiente eliminar el procedimiento de asignación de diputados ‘pluris’ por rondas y la perversa figura de las candidaturas comunes; así como también, reducir y modificar las reglas de la distribución del financiamiento público.



ALTERNATIVA AZUL:

La posibilidad de que en el 2018 se repita la experiencia del año 1995, en la que en tan solo tres años de gobierno panista, el PRI les arrebató el control legislativo y de varios ayuntamientos, puede ser una realidad. Para muchos analistas la forma personal de gobernar de Javier Corral pudiera ser el motivo suficiente para que el PRI asuma, de nueva, cuenta el control del Congreso, y con ello, la pretensión del actual gobernador panista de concretar otra reforma ‘integral’ a la Constitución Local, se diluya en una promesa de campaña más incumplida.

Aún recuerdo, en mis inicios político-electorales, como los panistas reclamaban al electorado chihuahuense su “ingratitud” por haberle otorgado el voto al candidato priista Patricio Martínez. Espero que en el 2018, tengan la entereza de reconocer su incapacidad para gobernar a la altura que merecen los chihuahuenses.

Porque pintar al Estado de azul, no es la manera más apropiada para persuadir al electorado para votar por los candidatos panistas, y mucho menos, cuando Javier Corral no ha demostrado ser el gobernador que defienda las causas sociales que, como activista, siempre apoyó a diestra y siniestra. ¡Lástima Margarito… Lástima!