Chihuahua, Chih.

En su editorial del día de ayer, nuestro compañero Javier Valero refiere que “la ‘espontánea’, sorpresiva y ‘comprometida’ respuesta de varios partidos políticos de renunciar al total de las partidas correspondientes al financiamiento de las campañas electorales, es una tremenda irresponsabilidad, además del ingrediente demagógico y de la  inocultable pretensión de obtener ganancias electorales”.

En efecto, de la noche a la mañana, los líderes nacionales partidistas han ‘demostrado’ una solidaridad hacia el pueblo mexicano que jamás nadie imaginó. Así, el líder priista retomó la propuesta de Felipe Calderón de reducir los plurinominales; pero en esta ocasión, en su totalidad, es decir, derogar la figura de los legisladores plurinominales.

A su vez, Morena aprobó el acuerdo de incrementar el porcentaje de los recursos obtenidos para fines electorales que habrán de ser ‘donados’: del 20% al 50% “con el ánimo de mostrarle a los mexicanos su compromiso con la pretensión de disminuir el derroche gubernamental”. Por su parte, el líder del PAN ha sido cauto en sus declaraciones: el ‘donativo’ será del 50% de los gastos de campaña correspondientes al 2018.

Ayer, en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI avaló un punto de acuerdo con el propósito de “canalizar 10 mil millones de pesos para la bolsa de reconstrucción de un fondo que no fue propuesto por el Ejecutivo federal para el 2018… (para que) a la bolsa inicial de 39 mil millones que se requieren para reconstrucción de vivienda, de escuelas y de infraestructura cultural, sea posible disponer de los recursos del llamado fondo de los moches”.

El legislador priista reconoció que dicho fondo “no está incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, porque año tras año, se ha incorporado el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), por las negociaciones entre bancadas, se estaba considerando incorporarlo”… ahora, en lugar de aprobar el fondo para que los diputados etiqueten recursos para sus localidades, la bolsa prevista irá al fondo de reconstrucción”.

El coordinador del PRI anunció una adición al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para poner un candado que impida repetir la creación del fondo de moches. De esta manera, “se pretende impedir en el presente o futuro haya el intento de crear algún fondo que pueda ser operado por legisladores”.

En el colmo del cinismo político, César Camacho sostuvo que “aunque ha sido un fondo que la mayoría de los grupos parlamentarios han aprobado, incluido el PRI, el tricolor lo usó para las gestiones de los diputados y que fueron otros los que cometieron irregularidades con ellos. Nosotros denunciamos en su momento los ‘moches de los mochos’, porque fueron legisladores de otras bancadas (PAN) a quienes se les sorprendió en ese manejo ilícito”.

Recordemos que el famoso ‘Fondo de los Moches’ no es más que “un acuerdo entre las bancadas, para obras de infraestructura urbana, deportiva y cultural, con recursos que los diputados etiquetan en forma discrecional”, con el único afán de promover la imagen pública de los legisladores federales. Ahora, "el PRI plantea la desaparición del FORTALECE… ni un centavo más a ningún diputado”.



“SANCIONES FUERTES”:

En una conferencia magistral -auspiciada por el IEE- el investigador del CIDE, Dr. Roldán Xopa, destacó que “es necesario tener un sistema que sanciones fuertes que evite la impunidad… no basta cualquier sanción, sino tienen que ser sanciones suficientemente fuertes que impongan mayores costos que los beneficios que se obtienen con los actos de corrupción; (porque) si las sanciones son menores que beneficios, entonces sería una especie de autorización y licencia para seguir cometiendo los actos de corrupción, y por lo tanto seguirá habiendo impunidad”.

Al dar respuesta a la interrogante ¿De qué manera se relaciona el proceso electoral político y el Sistema Nacional Anticorrupción? expresó que “para combatir la corrupción es necesario tener un sistema de sanciones que evite la impunidad. Por lo tanto, es necesario aumentar la eficiencia en los mecanismos de combate, integrar expedientes suficientemente sólidos que puedan satisfacer las garantías del debido proceso y que puedan ser motivo de sanciones impuestas por tribunales autónomos, independientes y confiables, y que estas sanciones sean suficientemente fuertes para disminuir comportamientos de corrupción.

 Por desgracia, los actos de corrupción en materia electoral seguirán siendo una constante toda vez que la legislación electoral es muy complaciente en cuanto a la fiscalización de los gastos de los partidos; y en especial, porque a los consejeros y magistrados electorales locales les ha dado por ‘castigar’ a los partidos políticos con meras amonestaciones públicas, como una forma de agradecimiento a su nombramiento.

En la vida interna del IEE acontece lo mismo: el consejero presidente encubre y protege al secretario ejecutivo, a pesar de haber demeritado la credibilidad de este órgano electoral al expedir constancias públicas en las que se contienen hechos falsos. Y en vez de revocar su nombramiento, da largas a la queja planteada por los diputados de Morena. En este mes patrio, gritemos a viva voz: ¡Viva la corrupción electoral!