Chihuahua, Chih.

La jornada de la elección del poder judicial marcó un hito en la historia reciente del país, quizá la perspectiva desde dónde se mire impida reconocerla como tal; pero definitivamente lo fue. 

Básicamente, fue la implementación de una reciente reforma constitucional, aunque sin la suficiente normativa y reglamentación como para proveerla de lo necesario para que discurriera sin contratiempos, al menos, desde la consideración de que pudo realizarse como cualquier otro proceso electoral, desde su organización hasta el día de la votación.

Lo común fueron las mismas eventualidades de siempre: casillas que abren tarde por falta de funcionarios, otras que se movieron de lugar, etc., a lo que se sumaron el desconocimiento de las particularidades de la presente jornada, el número excesivo de boletas, desconocimiento de los perfiles de cada candidatura, falta de preparación de funcionarios a efectos de la sustitución, etc. 

Las posteriores se reflejaron casi al cierre de la votación: la incertidumbre por la conformación de los paquetes electorales y su conteo ya que, sin un PREP el monitoreo se tornaba complicado, sobre todo, porque en esta ocasión el tejido comunitario que representa que nuestros vecinos/as/es sean quienes escruten, se rompió y con ello, la certidumbre de un proceso que tiene que ir dando cuenta de los fallos acontecidos si aspira a mejorar.

Dicho lo anterior, podemos coincidir que solo son las superficialidades. 

Profundizando, la raíz de lo que se vio trastocado es profunda. 

Al menos el espíritu democrático que invocó la presente elección no fue abordado ni de lejos. Partamos de una premisa: cuando votamos habitualmente por las personas que asumirán nuestra representación popular, desde el funcionariado público hasta quienes formaran parte del Congreso y el Cabildo, sabemos que a partir de una agenda emanada de sus partidos, aspiraran a tomar decisiones desde los espacios deliberativos en ciertos sentido y desde la función pública su trabajo desde esa misma visión ideológica, implementaran políticas que nos afectaran de modo directo en nuestra cotidianidad, en menor o mayor medida, el impacto de sus decisiones nos atañe porque nos atraviesa y es justo por eso, que en la presente jornada votamos por un ideario esquemático que solo podemos colocarlo en un sitio abstracto.

Me expreso mejor: votamos por mejorar un sistema que no conocemos, al cual probablemente no nos hemos acercado, del que posiblemente estemos lejos de incursionar y del que ni siquiera sabemos cómo se conforma y quiénes son quienes lo integran 

¿Cuál es la labor de un magistrado? ¿cuáles son sus facultades y atribuciones? ¿en qué se diferencia su labor de la de un juez o jueza? ¿cuál es la diferencia entre un juzgado menor y uno de distrito? ¿sabe usted cuál es su distrito judicial y cuál es el alcance de su circunscripción? Por decir tan solo algunos ejemplos.

En esas condiciones pretendimos elegir por las personas que si se están viendo afectadas directamente por el sistema judicial porque padecen prisión preventiva oficiosa, están privadas de su libertad, no tuvieron acceso a un juicio justo, carecieron de una adecuada representación por el exceso de casos que atiende la Defensoría de Oficio y si se tiene la posibilidad de contar con una privada o pública, siempre está la imposibilidad de entender el proceso en su totalidad porque el sistema, su lenguaje y mecanismos no están diseñados para ser entendidos, no al menos sin el apoyo o acompañamiento de una persona litigante especialista en los asuntos que se dirimen.

La pobreza o los recursos económicos limitados abren otra enorme brecha de desigualdad que impiden una adecuada impartición de justicia. 

De esto se desprenden varias vertientes: las personas pobres suelen ser indígenas y si son monolingües, el sistema no garantiza intérpretes suficientes que garanticen el derecho de toda persona a un debido proceso; si migrantes ni siquiera existen para el sistema y si son mujeres, los prejuicios y sesgos de género siguen estando presentes en múltiples operadores de la justicia.

La cobertura de la elección es tema aparte. 

No en todo Chihuahua se votó y eso, por decir lo menos es complicado, porque todas las personas del estado somos sujetas de la acción de la justicia como ofensores u ofendidos, al menos como principio y derecho plasmado en la ley, en cuestión de acceso para la reparación y la no repetición.

Una vertiente importante también es la que implicó el tipo de conocimiento que se requirió para estudiar el perfil, trabajo y trayectoria de las y los contendientes. 

Representó el ejercicio casi de una situación de privilegio lograrlo porque de no dedicarse a este tipo de labor, resultó muy poco probable y bastante difícil que personas con jornadas laborales extendidas, sin conocimientos técnicos de análisis, que no están familiarizadas con investigaciones especializadas o periodísticas lograran examinar los cientos de perfiles propuestos.

¿Qué votamos, entonces? No todas las personas acudieron en pleno ejercicio de conciencia; hay quien lo hizo solo de forma parcial o se presentó a anular. 

Todas prerrogativas, todas válidas. 

Como en toda elección las decisiones de la ciudadanía manifiestan realidades diversas, situaciones complejas para las que se asume la boleta electoral como una plataforma de expresión potente a través de la cual se declara el malestar, la critica o la denuncia.

Mucho le queda a la autoridad electoral por mejorar, a los Congresos por legislar para emitir una normativa que defina reglas claras y sobre todo, que el funcionariado judicial deje de colocarse como incuestionable para ser sujeto de escrutinio de su función, porque ahora y por lo que se viene, el Poder Judicial dejará de ser un espacio de impunidad propia y ajena.

Ojalá.

Al tiempo.

@marielousalomé