Chihuahua, Chih.

Tema central de las campañas presidenciales, porque es la principal preocupación de los mexicanos, es el de la seguridad pública, o mejor dicho en términos ciudadanos, el de la inseguridad.

Todos los estudios demoscópicos, efectuados tanto por empresas como por instituciones nacionales y extranjeras, así lo muestran.

«El crimen y la violencia es la mayor preocupación del 55% de los mexicanos este 2024, a este problema le siguieron el desempleo (36%), la inflación (31%), la pobreza y desigualdad (27%) y la corrupción política-financiera (24%), según reveló un estudio de Ipsos, empresa internacional de encuestas e investigación de mercado». (Nota de La Crónica, 26/1/24).

En contrapartida, en el mundo la violencia ocupa el tercer lugar, -con un muy lejano, del mexicano, porcentaje del 29%- en tanto que la inflación (36%), la pobreza y desigualdad (29%) se ubicaron en los primeros lugares. En este estudio, en México, luego del crimen y la violencia, el desempleo (27%) y la corrupción (26%) son los principales problemas.

El problema no es si el ejército se va o se queda, sino cuáles son las tareas que debe realizar. 

La llegada, recientemente, de más de 2 mil nuevos efectivos a Juárez, no ha significado hasta ahora, como en el pasado tampoco lo fue, el mejoramiento de la seguridad pública.

Frente a tal realidad, que ha llevado a la cifra de más de 180 mil homicidios en el gobierno de López Obrador -hasta el fin de semana pasado, según el reporte de TResearch- con cifras del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública, a las que deberá agregársele aproximadamente el 20%, luego de que el INEGI presente las cifras definitivas a mediados de año, la administración federal lopezobradorista opuso una estrategia basada en la incorporación total de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

No estará demás insistir en que esta política de López Obrador, no es más que la simple continuación de la estrategia instrumentada en México a partir de la década de los ochentas del siglo pasado y que, en el presente, fue aplicada, sobre todo, a partir de Felipe Calderón y continuada puntualmente por el presidente Peña Nieto.

En tema tan sensible, las dos principales candidatas han expuesto posturas contrarias.

En tanto, Xóchitl expuso en el arranque de su campaña en Fresnillo que los militares se regresarían a efectuar sus tareas,  Claudia, en Juárez, expuso que, de ganar, continuaría tal política y que, incluso, iría más adelante, es decir, poner a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción militar.

La candidata opositora sostiene que, evidentemente, en situaciones de riesgo deberá echarse mano de las fuerzas armadas, «tal y como lo sostiene la Constitución», en cambio, «La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, indicó que el Ejército seguirá apoyando en tareas de seguridad hasta que sea necesario». (Nota de Martha Martínez/Agencia Reforma, 2/3/24).

Además, la morenista aseguró que la intervención de los militares se encuentra sustentada constitucionalmente, cosa en la que ha insistido tercamente el presidente, sin que, hasta el momento, tenga éxito. El texto constitucional establece, todavía, que en tiempos de paz, las fuerzas armadas están a efectuar estrictamente lo señalado por la Constitución.

Y como si, irracionalmente alguien propusiera que los efectivos militares abandonaran algún lugar con un elevado índice de violencia, en el que estarían efectuando labores de coadyuvancia con las autoridades locales, en seguridad pública, no se cansa de repetir que «retirar la presencia de la Sedena en algunos municipios del país los dejaría en el desamparo», cosa que todos sabemos no se debe hacer.

Pero, reiteradamente, no aborda el tema de fondo, el de que los de la 4T sostienen que el ejército debe afrontar la seguridad pública lo cual deja de lado la construcción de la fuerza policíaca que le hace falta al país y, además, el fortalecimiento de las policías estatales y las municipales, regresándole, a éstas últimas, el carácter preventivo que nunca debieron perder.

Si hubiera un parámetro con el cual debiéramos evaluar la eficacia de la estrategia del actual gobierno federal, ese es el número de homicidios que llegarán a casi el 50% más que en el sexenio de Peña Nieto.

En ello no puede haber «segundo piso».

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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