Debiera alguien, algunos, quien, desde las fuerzas políticas, que aportaran  la mesura necesaria para el país, por el momento que vivimos.

Por desgracia, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en los días que corren, no se ha colocado en ese grupo al caer en lo que ya parece ser la moneda corriente de la clase política, esto es, la diatriba, la descalificación, el insulto, el lenguaje soez.

¿Es el discurso necesario para el país?

La respuesta es obvia; pero eso, por las evidencias, no lo es para quienes ocupan las posiciones políticas más importantes en el ámbito nacional.

Por supuesto que no sólo lo anterior es deleznable, lo es más, la reiterada violación a la ley. 

Lo hemos sostenido a lo largo de los años, el marco común para la convivencia es el marco de la ley, que eso es lo que nos permitirá procesar las diferencias, las filias y las fobias políticas; lo que no significa desaparecerlas, sino propiciar que prosigamos existiendo en la misma sociedad y que todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad de que nuestras ideas, o nuestros favoritos para ocupar los cargos públicos, sean los que presidan la función pública.

Sin duda que a más altura en los cargos públicos, mayor será la responsabilidad en la creación de este creciente clima de intolerancia  política extrema, que no solo se extiende a las fuerzas de oposición, sino (por lo que estamos viendo en la confrontación de la gobernadora campechana Layda Sansores y el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal) también a las fuerzas propias del régimen.

En ese entorno, la gobernadora Campos se había distinguido en, si bien eran evidentes las discrepancias y las diferencias con el gobierno federal, mantener una buena relación con el presidente López Obrador.

La variación de esa relación la ha originado, sin duda, la ya desatada competencia presidencial que, de manera más que inexplicable, la inició el presidente López Obrador, en medio, como ha sido la tónica de su gobierno, de las más duras descalificaciones a los partidos de oposición y a los periodistas críticos de su gestión, en lo que ha sido una conducta rechazada por prácticamente todos los organismos internacionales de periodistas y derechohumanistas.

¿Qué llevó a la gobernadora Campos a abandonar tal conducta? ¿Acaso su incorporación formal al grupo de aspirantes del blanquiazul a la presidencia de la república? ¿O la confrontación, ya sea por las reformas legales a fin de mantener a las fuerzas armadas en la seguridad pública sin los controles constitucionales, o por el presupuesto 2023?

¿O acaso por las diferencias con el delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera, y su permanente crítica a la gobernadora?

¿O será el fracaso de todas las fuerzas políticas y todos los niveles de gobierno en el combate a la inseguridad prevaleciente en el estado, que lleva a la principal urbe chihuahuense, Juárez, a mantenerse en el top ten de las ciudades más violentas del país?

¿O es todo eso?

Cualquiera que fuere la explicación, no hay justificación alguna para explicar que los gobernantes tengan semejantes dislates; de ellos esperamos mesura, racionalidad, reflexión; si en ese nivel de responsabilidades los gobernantes “pierden” la cabeza, entonces podremos, como decían los antiguos (pero muy antiguos, en la capital del estado) -vámonos pa’ Aldama- porque se suponía que ahí era el confín del mundo y, por tanto, se podía estar a salvo de las eventualidades aquí relatadas… y criticadas.

En tanto, todo apunta a que el tono de la discusión será a ritmo de los “martes del jaguar”, montaje de las ilegalidades exhibidas por la hija preferida del cacique mayor de Campeche, Layda, hija, con todas las de la ley -no le perdió pisada- del cacique mayor que los campechanos hayan tenido, Carlos Sansores Pérez.

¿Qué caso tiene repetir, en tan alejadas tierras, semejante manera de conducirse?

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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