Chihuahua, Chih.

El pasado 11 de septiembre, el Informe Etelletk dio a conocer sus dos más importantes documentos de análisis del año. Por ser este uno de transición gubernamental, tomó en cuenta lo ocurrido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 para sus recuentos “Informe de Violencia Política en México, junio-agosto 2018” y “Violencia Política contra Mujeres en México 2018”, de los cuales se dio a conocer que tras finalizar la elección presidencial, la violencia contra políticos continuó focalizándose en el nivel local, 51 de 63 personas del área política que padecieron agresiones luego del 2 de julio, pertenecen a este ámbito de gobierno (un 80% de los casos).

De las 850 agresiones registradas, los 21 asesinatos presentados la responsabilidad recayó en grupos o comandos armados, el 76% de las víctimas y un caso que no concluyó en deceso, registraron tortura extrema. De la lista, se añaden 3 familiares de personas políticas. Durante los primeros meses de la transición, la violencia política abarcó un total de 19 estados de la república y 55 municipios; los asesinatos de opositores al gobierno en turno equivalen al 81% de los casos.

En su apartado de violencia política por razones de género, expone que el total de agresiones físicas a mujeres aspirantes a un cargo político se registró del 8 de septiembre de 2017 hasta el 12 de junio de 2018 y entre ellos se contaba con asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros, agresiones con arma blanca, de fuego (en las que las víctimas fueron heridas o quedaron ilesas) asaltos con y sin violencia, atentados contra familiares, lo anterior a candidatas y mujeres que ejercen cargos de representación o elección popular durante el proceso electoral.

La diferenciación en el estudio arrojó que el espectro de investigación abarcó a las mujeres que ya ejercían cargos de forma previa o posterior a la elección.

La violencia política de género no solo abarca los periodos electorales para su estudio y combate, también su ejercicio en los cargos de elección popular o en la administración pública y la exposición mediática que deriva de ellos, ahí es donde se acendran las posibilidades de agresiones derivadas de los efectos de la representación.

Por otro lado, mucho hemos hablado de las formas de hacer política dentro de los partidos políticos que dejan prácticamente fuera a las mujeres de una militancia efectiva que les permita alcanzar metas contendidas por las candidaturas o puestos de dirección al interior de sus institutos políticos.

En la lucha por los derechos político-electorales, primero se buscó un mayor acceso a través del aumento de las cuotas, posteriormente fue la paridad electoral, ya que para que las mujeres se convirtieran en una apuesta política, tendrían que estar presentes y ser visibles. Ahora, la lucha torna en el combate a la violencia política y erradicar las condiciones que impiden la participación femenina en una más amplia y mayor escala. La lucha de años ya dio resultados: la Cámara de Diputados está integrada por 243 mujeres y 256 hombres y el Senado, por 63 mujeres y 65 hombres.

Definido el contexto, los costos que las mujeres padecen por contender y la pretensión de que las mujeres de base sean las que puedan poseer aspiraciones reales a ocupar puestos, ofende que mujeres como Rosario Robles pretendan utilizar esta bandera para tratar de encubrir alianzas mafiosas de las que, a través de tráfico de influencias, se tejió la Estafa Maestra para lograr la malversación de fondos que sumaban cientos de miles de millones de pesos.

Otro caso, es el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, de la que se ha dicho que padece violencia política por cuestionar sus fechorías y el pacto mafioso que sostenía con su marido en las redes delincuenciales que operaban en su estado; según, por “no dejarla en paz ni después de muerta” y por no haberla –el presidente de la república- reconocida en su carácter de gobernante, pero, ¿quién lo haría tras el desaseado proceso el cual la llevó a ocupar le cargo? Eso hubiese implicado ser cómplice de la corrupción que la erigió gobernadora.

Las herramientas conseguidas para la erradicación de la violencia política de género no son un salvoconducto para proteger corruptelas, ni una licencia de salir impunes solo por el hecho de ser mujeres. Serán, siempre, señaladas por sus omisiones o por la comisión de un delito, si llegara a existir.

Uno de los objetivos es generar formas distintas de hacer política, alejarnos de las patriarcales formas de ejercer el poder.

Si así no lo hicieren (nos lo deben) que todas las demás se los demanden.

marielacastroflores.blogspot.com

@MarieLouSalomé