¿Qué implica la defensa de la educación?

¿Qué implica la defensa de la educación? 12 de febrero de 2022

Mariela Castro Flores

Chihuahua, Chih.

O más bien, ¿desde dónde la defendemos? Tras el anuncio de la apertura de las escuelas con el 50% de aforo, la revisión de algunos planteles en zonas de mayor marginación y el tan anunciado “apoyo” de grupos empresariales o eufemísticamente llamado “sector productivo” que no refiere a la clase trabajadora, sino solo a oligarcas que tienen poder e influencia política, se da luz verde para la apertura de planteles con la anuencia del Consejo Estatal de Salud.

En el debate, un importante sector invitó a conocer las verdaderas condiciones en las que se encuentran los planteles, las vicisitudes de las comunidades escolares que se encuentran en los polígonos de pobreza y alta marginación y planteó cuestionamientos importantes que acuden al momento que nos está tocando vivir; como la definición de escuela que, en esencia, es la institución social organizada constituida por el alumnado y docentes que forman comunidad de trabajo y en ese sentido la escuela JAMAS CERRÓ, puesto que el derecho a la educación no se dejó de garantizar ni un solo momento.

Por otro lado, desde este espacio y otros se desnudó lo evidente: la colusión y alianza de movimientos como #AbreMiEscuela con la derecha del país y que en la resolución para el regreso a las aulas, se vio fuertemente apoyado por el poder económico de las cúpulas empresariales que hoy tienen injerencia en el gobierno estatal, al que siempre se refirieron, NO desde un espacio de gestión y construcción de incidencia, sino más bien dando órdenes conscientes de la posición que ocupan en la actual administración.

En contraparte, otras voces que suelen estar más cercanas a los impactos de la precariedad e insuficiencias institucionales y políticas que urgen subsanarse para tener un regreso a las instalaciones anticipando el menor daño posible, acuñaron el movimiento #ReparaMiEscuela impulsado por docentes de escuelas públicas apoyados por responsables de familia que apelan a conocer más de cerca las condiciones en las que están los planteles, sus necesidades, a considerar la contingencia climática por la exigencia de ventilación que requieren las aulas, que se valore la posibilidad económica de muchas familias para enfrentar contagios por COVID y la eventual muerte de algún integrante de la familia y por qué no decirlo, en dónde se colocará la responsabilidad en caso de contagios y pérdida de la vida de algún alumno/a o docente.

Y es que uno de los supuestos “argumentos” que ofrecía el movimiento respaldado por la ultraderecha es que “las infancias no eran especialmente vulnerables” tratando de desdibujar el riesgo que corren; sin embargo, el riesgo existe y a principios de este año se comenzó a visibilizar: desde el Congreso estatal la Diputación Permanente exhortó al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Salud y al Gobierno Federal, para que se implementaran estrategias y acciones para ayudar a niñas y niños HOSPITALIZADOS por COVID-19, así como para evitar que los casos vayan en aumento; para ese momento eran 22, 7 en extremo graves. 

Quizá exista quien diga que estadísticamente no son representativos; empero, es justo hacía donde se dirige la crítica: ¿cómo enfrentan la enfermedad y sus complicaciones las infancias y sus familias? 

Punto aparte es la forma en que la derecha orquesta sus estrategias instrumentalizando demandas ciudadanas en contextos específicos para impulsar sus agendas y este ha sido un momento perfecto para tal fin. 

La historia está plagada de ejemplos que muestran que, bajo ciertas condiciones de polarización o desestabilización política, grupos con intereses que NO son precisamente colectivos surgen de modo oportunista para obtener poder o bien, seguir en el cuidado de prebendas y privilegios. 

En esta ocasión, bajo el amparo de “la nobleza de la causa” que representa la defensa de la educación, pretendieron aglutinar a quien, desde la legítima inquietud por el regreso a las aulas, también manifestaba su preocupación a pesar de no cursar ni remotamente similares condiciones.

Preocupa la ceguera de sumar a las agendas de la derecha en la entidad porque ésta ya tiene tiempo operando. 

Para muestra un botón: Pablo Cuarón siendo secretario de educación de Javier Corral. Desde que asumió el encargo, entre sus primeras acciones fue promover el convenio entre la AC “Formando Corazones” con los Servicios Educativos del Estado para la implementación de un programa educativo de origen religioso del mismo nombre en escuelas privadas y de ahí, saltar al sector público. 

A pesar de las flagrantes violaciones a la ley y la violación rampante a la laicidad, el programa sigue estando presente a pesar de un intenso y constante trabajo de activismo contra el antes mencionado y otros del mismo carácter, emprendido por la sociedad civil especialista en el tema y que se dedica a defender la laicidad en la educación. 

Por otro lado, la influencia de Cuarón -empresario ferretero y constructor- en ese momento funcionario de primer nivel, representó una opinión preponderante en la obra pública que se ejecutó desde el ICHIFE (Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa) a pesar del evidente conflicto de interés. 

Otra de las batallas arduas que se dio contra el avance de la derecha en el sector educativo fue contra el pin parental, que desembocó en enviar a la congeladora la iniciativa que promovía su aprobación por demostrar ampliamente lo lesivo que resulta negar el desarrollo de capacidades en las infancias y las adolescencias a través del modelo de educación sexual integral para reconocer y enfrentar violencia cuando esta sucede y así, dejarles expuestas a un aumento de violencia sexual, embarazo forzado y adolescente, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación.

Por todo lo anterior, desde aquí sigo apelando a ampliar los debates, abrir el diálogo, generar reflexiones que escuchen todas las voces y tender puentes sin que esto implique trabajarle a la derecha, empujar sus causas, porque que adquieran más poder, que sean gobierno, que los empresarios se involucren en la política pública tiene efectos nefastos de forma colectiva porque su interés siempre será individual o de grupo y sus proyectos siempre traen aparejado depredación y muerte.

Grupos antiderechos ya se apropiaron del discurso de los derechos humanos para impulsar sus agendas, grupos antivacunas utilitariamente preponderan la libertad como argumento y hoy, la mascarada #AbreMiEscuela y afines, asumen la “defensa de la educación”. Todos, con las mismas motivaciones de fondo.

Que este regreso a las aulas no traiga enfermedad ni pérdidas irreparables que lamentar.

@MarieLouSalomé

Mariela Castro Flores

Politóloga y analista política especialistas en género y derechos humanos.