Chihuahua, Chih.

La entrada de agentes ministeriales estatales a la vivienda (rentada) del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, para asegurarla, cumpliendo una orden judicial, debido a una investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito del propietario, antiguo integrante del gabinete del morenista, le ha otorgado a la contienda electoral local -la que iniciará hoy- una inopinada rispidez, semejante a la que ya posee la presidencial y la de la CdMx.

Por supuesto que los actos prejudiciales de este caso vienen de varios meses atrás, luego de una buena cantidad de denuncias, sobre todo públicas, presentadas por personajes pertenecientes, sí, al bloque PAN-PRI, pero también de organizaciones de la sociedad civil juarense y hasta de militantes de Morena.

Las denuncias fueron hechas, incluso, ante la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador, en distintas ocasiones; ante ellas, los dos mencionados y el alcalde Pérez Cuéllar siempre respondieron que esperaban se efectuaran las investigaciones correspondientes.

El problema son los tiempos; en esta situación, el responsable de la investigación y finalmente solicitante de la orden de embargo, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, está ante la mejor ocasión para demostrar, como tantas veces lo ha dicho, que no hay intencionalidad política en estas acciones.

«El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, afirmó ayer que la cumplimentación de la orden judicial está bien fundamentada, y descartó que involucre asuntos políticos, al iniciar las campañas electorales mañana». (Nota de Josué Serna/El Diario de Juárez, 24/4/24).

Y precisamente, por los tiempos que corren, no podía ser de otra manera, el morenismo oficial ha salido en defensa de Cruz, con la excepción del presidente de la república.

Ahora bien, por lo menos hasta ahora, las acciones judiciales no van encaminadas a Pérez Cuéllar -directamente- pero, evidentemente, de manera indirecta, buscando de esa manera o no, lo afectaran electoralmente, que es lo importante para la clase política en estos momentos, y aún está por verse si no producen un efecto contrario, que lo galvanicen, no sólo a él, sino al conjunto de candidatos morenistas en la región de Juárez.

Quizá eso haya sopesado la gobernadora Maru Campos al emitir las declaraciones del día de ayer, cuando aseguró que las acciones realizadas por la fiscalía ante corrupción no son en contra de Cruz Pérez Cuéllar, sino «que van dirigidas en contra de un ex funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito. Es muy importante que transmitamos este mensaje a los chihuahuenses: La casa no era del Alcalde. La tenía rentada  a una persona que está denunciada por enriquecimiento ilícito». (Nota de la redacción, Omnia, 24/4/24).

Fue más lejos, asentó que «Yo creo que el alcalde es un alcalde apegado a la ley; fue una medida de aseguramiento, no fue un cateo, ni un allanamiento. Fue un aseguramiento dispuesto en la ley, a la Constitución y también a sus derechos civiles y políticos». (Ibídem).

Pero el aseguramiento de la vivienda de Cruz no puede desligarse del proceso electoral, máxime si se toma en cuenta que muy recientemente Morena anunció que hoy presentarán una denuncia en contra de Xóchitl Gálvez y que igual suerte ha corrido el candidato de la coalición opositora de la CdMx, Santiago Taboada.

¿Podrá alguien, con un mínimo de malicia, descartar la intencionalidad política en las acciones en contra del ex colaborador de Cruz y de los candidatos opositores a la presidencia de la república y a la plaza más importante del país?

Evidentemente, no, y quienes así lo confirman son los actores del morenismo local quienes han enfilado todas sus baterías contra la gobernadora chihuahuense dejando de lado hasta las denuncias presentadas por militantes de Morena, incluso afuera de la vivienda hoy asegurada.

El problema de fondo, y el más riesgoso para nuestra incipiente democracia, sería que las fuerzas contendientes recurran a acciones como las ahora señaladas para golpear al adversario, aprovechando los espacios de poder que poseen.

Solo eso nos falta en este accidentado proceso electoral. Hay suficiente historia en este sentido. López Obrador y Ricardo Anaya alguna información nos pueden proporcionar.

Por lo pronto, el sesgo que se dé la causa seguida en contra del propietario de la vivienda, servirá de prueba, en cualquier sentido.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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