Chihuahua, Chih.

Como ha ocurrido en varios casos, de los más connotados líderes de organizaciones criminales, el gobierno de México -el de hoy, el de ayer, el de anteayer, cualquiera- ha preferido aprobar la extradición, antes que juzgarlos en nuestro país.

El colmo, prácticamente en ninguno de esos casos los delincuentes contaban con órdenes de aprehensión, porque en los archivos nacionales, de las fiscalías estatales o de la república ¡No habían cometido delito alguno!

O, aún peor, como ocurrió en los casos de Joaquín Guzmán Loera y Vicente Carrillo Fuentes, -líderes de los cárteles que sumieron a Juárez y a todo el estado de Chihuahua en la peor ola de violencia- el gobierno de Peña Nieto prefirió extraditarlos antes que juzgarlos acá.

Y en el caso del «Chapo» Guzmán, por el temor de que nuevamente se le fugara y ante la exigencia norteamericana de que lo extraditara por la misma razón.

Así ahora, de acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación locales, «El presunto líder criminal del Cártel de Juárez, Carlos Arturo Quintana Quintana, alias "El 80" se encuentra en libertad en su natal Namiquipa», no obstante que de acuerdo con las fuentes citadas por los medios (de la Agencia Estatal de Investigación [AEI]), había sido condenado a 5 años en prisión «por un juez federal de Nuevo México, Estados Unidos, en marzo pasado». (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 15/5/24).

Pero resulta que Arturo Quintana sí tenía causas penales en su contra, en particular una «por secuestro, por un caso ocurrido en 2012, por el que ya está sentenciado un tío, Helier Daniel Gutiérrez Quintana, un exjefe de la Policía Municipal de Namiquipa». (Nota de David Piñón Balderrama, El Diario, 7/4/24).

No obstante ello, «En mayo de 2018 fue capturado en Namiquipa por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR)». La detención fue anunciada por el entonces secretario de Gobernación y el comisionado nacional de Seguridad, Alfonso Navarrete Prida y Renato Sales Heredia, respectivamente, (éste ultimo, el actual fiscal del gobierno de Layda Sansores en Campeche).

Fue de tanta trascendencia la actividad criminal acreditada a Quintana que «en marzo de 2016, la periodista Miroslava Breach de La Jornada, quien sería asesinada un año después, publicó información periodística en que exhibía cómo el PRI había postulado como candidata a presidenta municipal de Bachíniva a Silvia M., quien era suegra de “El 80”». (Ibídem).

Y en agosto del 2016, cuando Javier Corral era gobernador electo, en lugar de anunciar, en Bachíniva, -donde el «80» era amo absoluto- que haría todo lo posible por aprehenderlo, le dio «72 horas para irse de Chihuahua, (luego de la toma de posesión), o sería capturado». (Ibídem).

Ni una cosa ni la otra ocurrieron, serían las fuerzas federales las que lo hicieran, sólo para entregarlo a las estadounidenses y éstas, incumpliendo todas las regulaciones existentes entre los dos países, lo liberaron antes del término de la pena.

En todo caso, le debieron notificar a las autoridades mexicanas a fin de que éstas recibieran al delincuente (término adecuado en el caso porque ya fue procesado y sentenciado) y le dieran seguimiento a las causas penales en México.

En cambio, «de acuerdo con fuentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), "El 80" tiene un cerca de un mes fuera de prisión; sin embargo, desconocen las causas por las que logró volver a Chihuahua, ya que en EUA no existe la libertad condicional». (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 15/5/24).

Y ni siquiera porque le computaran el tiempo que pasó encarcelado antes de la extradición que, en todo caso, se cumpliría hasta mayo del 2025.

Así ¿Cómo podrá detenerse la ola de violencia e impunidad que ha sumido al país en la tragedia de sufrir casi 190 mil homicidios en el actual sexenio?

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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