Chihuahua, Chih.

“En política es necesario traicionar al país o al electorado. Prefiero traicionar al electorado”: Charles de Gaulle. (Presidente de Francia, 1958-1969)

Semanas después de cosechar una exigua participación en la consulta revocatoria; y luego de no conseguir que una mayoría calificada de la Cámara de Diputados avalase su iniciativa de Reforma Eléctrica (que había sido enviada desde finales del 2021, y tuvo, con la nacionalización del litio, una pequeña victoria); el Presidente López Obrador volvió a enfocar las baterías en uno de los organismos que no ha logrado cosechar el primer mandatario: me refiero específicamente al Instituto Nacional Electoral (INE). 

Si en el pasado, la autoridad electoral fue merecedora de duros calificativos por parte del ejecutivo federal; hoy día, el Presidente amenaza con ponerlo en picota. Esto porque la propuesta de enmienda no implica un cambio formativo -como se vio con sus antecesoras-, sino una modificación de las reglas que trastocarían grandemente los equilibrios, así como la narrativa que ha prevalecido desde que el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) vio la luz, y la autonomía organizacional ha sido el precepto que ha venido prevaleciendo.

Como diversas propuestas de reforma planteadas en el curso de la 4T, la electoral tiene aspectos afortunados, pero otros que me parecen más que cuestionables. Bajo esta tesitura, no me parecería tan malo que se redujese el número de consejeros de la institución. Pasar de 11 a 7 integrantes se antoja una idea acertada y podría darle al organismo mayor dinamismo. 

Pero ¿elegir a los consejeros por voto popular? ¿cómo se le ocurrió al Presidente de la República semejante “volada”? -dicho en su fraseología-. Menciono esto porque ser un consejero electoral implica más que contar votos. 

Se requieren de conocimientos técnicos y legales que no cualquier persona tenemos. Por ello, quien seleccione a estos funcionarios deben ser especialistas, y es una labor que se antoja inasequible para nosotros los ciudadanos comunes. Es como si nos pusieran a elegir al Fiscal del Estado o al Jefe de la Policía ¿Cómo determinaríamos quién es el adecuado si desconocemos de esos técnicos menesteres? 

Lo mismo aplica para los consejeros electorales. De ahí que su selección descansase en un panel de expertos avalado por la Cámara de Diputados, la cual finalmente hace comparecencias finales para determinar a los elegidos. Llevar una tarea análoga, por parte de la ciudadanía, no sería equivalente. De ahí que una propuesta así parezca destinada al fracaso, a priori. Contar los votos de unos comicios, no es lo mismo que contar los votos de una planilla a nivel escolar. Si el Presidente quiso utilizar el mismo símil a nivel macro, creo que definitivamente la idea no ha sido la adecuada; sino todo lo contrario. 

Por otro lado, pretender modificar la estructura de la votación no me parece del todo adecuado. Hasta el día de hoy, el sistema electoral mexicano ha podido conjuntar las virtudes de la representación directa con la proporcional. A este respecto, el Presidente ha propuesto que se eliminen los plurinominales, idea que hace no muchos años ¡blandió la oposición! (Pedro Ferriz de Con, dixit). 

De hecho, el propio ex Presidente Enrique Peña Nieto llegó a proponerla, sin llegar a los radicalismos ahora propuestos, y sin que la idea llegase a consumarse en la pasada enmienda electoral. Lo que ahora se propone, empero, ya no es votar por los distritos, sino por listas, y que sea eso lo que tenga representatividad en el Congreso de la Unión. 

Si bien el precepto de la proporcionalidad es el que ha imperado en diversas democracias parlamentarias (y no en los regímenes presidencialistas, como lo es nuestra nación), no considero que un debate tan complejo deba resolverse fast track; menos aun, que su asidero sea la consabida polarización que ha venido imperando en esta nación, acentuada -por lo menos- a partir del presente sexenio. 

Sin embargo, un punto positivo es la implementación del voto electrónico, pues esta herramienta ha demostrado ser eficaz y podría redundar en un abaratamiento -para bien- del sistema democrático nacional, el cual es, en efecto, oneroso. 

También resulta relevante que se quieran fortalecer las candidaturas independientes y el porcentaje para que una consulta popular sea vinculante. No obstante, en la guerra de las cifras, nadie explica porqué, eventualmente, se bajaría al 33% ¿Por qué no al 20?

Además, debo plantear otro diferencial que sostengo con el proyecto. El gobierno federal (vía el Presidente López Obrador) ha dicho que si la enmienda en cuestión llegase a cristalizarse, la federación se ahorraría una destacada cantidad de recursos. 

Debo decir, este argumento ha sido utilizado con antelación y no siempre ha sido exitoso. Pensar que ahora sí va a resultar, cuando se sigue exactamente la misma hoja de ruta a estas horas del partido (Einstein, dixit), sería una aseveración ingenua. 

A contrapelo, creo que el gobierno no debe escatimar en este tipo de organismos. Así como entendió que a la inseguridad no se le podían regatear recursos, y una importante porción del presupuesto ha ido a parar estos rubros, tampoco es posible hacer tareas tan complejas tratando de hacer más con menos, pues, recordemos, el INE está encargado del padrón electoral y de la credencialización, además de ser el árbitro electoral de elecciones y referendos.

Por otro lado, quitarle recursos a los partidos puede ser una idea popular. 

Sin embargo ¿cómo se allegarían los institutos de los mismos? ¿por medio del financiamiento privado (como en los Estados Unidos)? ¿No podría resultar peor el remedio que la enfermedad? (pues en el vecino país del norte hay grupos de interés muy pesados detrás de la maquinaria partidista) Creo que el financiamiento debería limitarse; pero la propuesta actual correría esa idea al límite, y, probablemente, no sea lo adecuado en ese contexto. 

Hipotéticamente podría sonar bien; pragmáticamente, no tanto. 

Referente al nombre-propuesta (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) debo decir que tiene un aire retro, combinado con una cierta influencia izquierdista. Sin embargo, considero que si el gobierno quisiera cambiar el nombre, eso sería lo de menos ¡lo preocupante sería que se trastocara la estructura como se está proponiendo¡.

En suma, creo que hay ideas afortunadas en la reforma presentada; pero otras deberían corregirse o descartarse. 

Estaría bien que se llevara una enmienda consensuada, pues hay ideas de la oposición que parecen ser rescatables. Por ejemplo, el PRI ha propuesto la reincorporación de la figura del Vicepresidente (que se extinguió con la Constitución de 1917); el establecimiento de la Segunda Vuelta Electoral, y de los gobiernos de coalición. 

Concuerdo con algunos analistas que estas figuras darían mayor margen de acción al gobierno. Pero dependerá del oficialismo si desean imponer una enmienda o llevarla al diálogo. El tiempo dirá si, en el cenit del sexenio, se realizan cambios de gran calado en materia electoral.