Chihuahua, Chih.
“La creación de la Secretaría de la Familia es la sentencia anunciada de la muerte de la perspectiva de género en la política pública de nuestra entidad. ¿Así o más descarnado quieren el odio hacia los derechos de las mujeres? ”
Romelia Hinojosa
La semana anterior, Maru Campos en -un muy concurrido y sin sana distancia- evento de campaña manifestó como promesa para las mujeres que ahí se dieron cita, que crearía la “Secretaría de la Familia” y para ello “reorientaría el presupuesto”, lo que lleva a pensar en el contexto en el que vivimos, uno que lo define la constante merma de recursos federales para las políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia de género y la transversalización de la perspectiva de género; los ahora nulos recursos estatales por la atención de la emergencia sanitaria generada por el COVD-19 y el enorme endeudamiento que atraviesa el estado (que ella promovió, operó y aprobó) y la suscripción de la alcaldesa con licencia, imputada y en campaña por la gobernatura a discursos de ultraderecha, antiderechos y contrarios al avance del reconocimiento de derechos humanos de todas las personas.
Lo primero que llama la atención es, ¿a qué familias se refiere? La progresividad de los derechos humanos obligaría a que, de existir, dicha secretaría diera acompañamiento jurídico para matrimonios igualitarios, para que se casaran sin necesidad de amparos y que pudieran posteriormente conformar familias homoparentales más amplias, si ese es su deseo, facilitando los procesos de adopción por parte de parejas del mismo sexo, acompañar y resolver problemas jurídicos por la falta de reconocimiento de relaciones estables de concubinato para heredar o gozar de los derechos que la seguridad social provee a cualquier familia, la promoción de iniciativas legislativas para que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua tenga perspectiva de género, infancias y un enfoque de derechos humanos.
Todo lo anterior, para lograr un reconocimiento jurídico que habilite equidad para todo tipo de familias, para cualquier consorcio familiar, entendiendo familia como un concepto de institución no estática, cambiante, con diferentes necesidades a satisfacer y que se encuentra determinada por fenómenos sociales, que se traduce principalmente en la economía, los servicios de salud y el desarrollo social y que refleja contextos socioculturales, políticos y económicos de acuerdo al momento histórico.
El segundo punto a señalar es la cuestión del financiamiento, ¿reorientarlo? ¿de dónde se supone que tomará lo necesario para la creación de una nueva secretaría?
En un estado que la susodicha fue culpable -en parte- de endeudar ¿es necesario crear un peso adicional a la administración pública, se justifica? No, de ninguna manera.
De acuerdo a la legislación constitucional vigente, existe el Instituto Chihuahuense de las Mujeres que trabaja acorde a la política pública nacional de transversalización de perspectiva de género y de atención y prevención a la violencia de género, en nuestro estado emblemáticamente feminicida; además del DIF que depende directamente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y que cuenta entre sus funciones promover la asistencia social, actuar en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales en el diseño de políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios y realización de diversas actividades en la materia.
Ambas, organismos públicos descentralizados, con patrimonio y personalidad jurídica propios y que operan con presupuestos ETIQUETADOS y participativos de recursos estatales y federales.
Así que, o la mujer miente como acostumbra -razón por la que se encuentra frente a los tribunales- por carecer de la posibilidad de reorientar dineros públicos existentes etiquetados o bien, destinar nuevos recursos ¿pos’ de dónde?
Digo, porque el estado tiene necesidades más urgentes para atender, como resucitar al colapsado sistema de salud en vez de pretender crear nuevas secretarías condenadas a ser inoperantes porque hasta de ordenamiento jurídico carecen. O sea, un elefante blanco en un estado en crisis es ilegal e inmoral.
Por último, Maru es enemiga de los derechos de la comunidad LGBTTI+ porque como legisladora operó y votó en contra del reconocimiento de sus derechos, pretendió elevar a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer, se declaró en contra del aborto aún a pesar de ser el embarazo producto de una violación (a sea, a favor de los violadores), desde su doble gestión como alcaldesa, el instituto municipal de las mujeres promovió cursos de bordado y cocina en vez de las políticas definidas para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y siendo acérrima enemiga declarada de la perspectiva de género, su discurso fascista es preocupante.
Preocupa porque se encuentra en riesgo la operación de 11 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres en diversos municipios del estado y dos refugios (uno de ellos exclusivo para mujeres indígenas) que operan con recursos estatales, que tan solo el año pasado atendió a poco más de 9 mil mujeres, a sus hijos e hijas.
¿De verdad necesitamos eso en un estado feminicida y que puntea en las estadísticas nacionales de violencia de género?
Prometer no empobrece, pero estas “promesas” son resultado de dar oídos a una candidata que por mentir se encuentra frente a las autoridades y en caso de ser verdad, solo las ofrece para encandilar a sus huestes conservadoras que críticas no son y prefieren creer a investigar y que, si lo hicieran se darían cuenta que les están intentando engañar…
…otra vez…
@MarieLouSalomé
