Al concederle al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), el amparo provisional sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, desató, realmente, todos los demonios.

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, el amparo otorgado y a continuación entrar al fondo del asunto, que no es cualquier cosa porque en ese litigio se podrían resolver varias de las controversias desatadas en Chihuahua por este tema, el de la bursatilización de distintos ingresos del gobierno estatal.

Además, precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua no violó la prohibición a contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”.

Sin embargo, y como el mismo presidente de DILA, Jesús Soledad, sostiene , el párrafo de la prohibición se refiere a las “obligaciones de corto plazo”.

De tal manera que, incluso esta ambigüedad del texto constitucional podría ser precisada en el litigio.

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo precisaría los destinos válidos de los recursos obtenidos por esta vía y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés jurídico” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Además, se pondrá a discusión y eventualmente a la definición jurídica, el tema de si las bursatilizaciones -o el de las monetizaciones- constituyen, o no, deuda de los entes públicos.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al nuevo grupo gobernante en la disyuntiva, primero, de aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

Más. Que no se había solicitado la aprobación del Congreso, en los meses previos, para no abonarle a la crítica del candidato Javier Corral a la administración de César Duarte por el tema de la deuda.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

Triste su calavera, si no aceptan la bursatilización podrán enfrentar -y, con ellos, muchos chihuahuenses- serios problemas económicos al tomar posesión del gobierno.

Si la aceptan, desde su óptica y la de muchos chihuahuenses, convalidarán lo que criticaron a lo largo de la campaña electoral, la que, por otra parte, pareciera revivir con este motivo, con los argumentos usados en ella, como los expresados por el gobernador Duarte, quien adujo que el otorgamiento del amparo busca ponerle “freno” a Chihuahua, al tiempo que argumentó que de esos recursos dependen “temas de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación” y defender lo que fue su postura a lo largo del sexenio, que se trata de una bursatilización, no de deuda.

Y todo lo anterior, en los momentos en que el PRI debe resolver si presentará un recurso de revisión al dictamen del Tribunal Estatal Electoral, que declaró infundados sus argumentos para solicitar la anulación de las elecciones.

Hoy se le vence el plazo.

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