Chihuahua, Chih.
La decisión de una juez local, tomada la madrugada del fin de semana pasado, de suspender o sustituir la medida de prisión preventiva a que estaban sujetos el ex auditor del Estado y quien fuera Secretario General de la Sección Octava del SNTE, en lo que algunos de inmediato calificaron como un intento de “lavarse la cara” y aminorar el impacto de las consecuencias fatales de la pifia cometida por el Estado en el caso del ex director del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech) José Lázaro Joaquín López, fallecido por el contagio que contrajo mientras se hallaba en reclusión en el Cereso de Aquiles Serdán, tiene interesantes y complejas aristas legales.
Las relativas a la ética, al correcto o incorrecto ejercicio de la función y a la calidad de la justicia que se imparte en Chihuahua no son materia de análisis en esta breve y modesta reflexión.
Si las notas de los medios digitales locales son fieles ꟷy cuando la información es tan coincidente, como ocurre en este caso, generalmente lo sonꟷ, la juez, la misma que días antes se negó a hacerlo en el lamentable y cuestionado caso del ex titular de Fideapech, ordenó poner en libertad a ambos procesados porque consideró que “…no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar su salud al interior del penal de San Guillermo…” (La Jiribilla, 28 de agosto de 2020), o como consignó otro medio “…el Cereso no garantiza la atención mínima necesaria a la salud de los acusados…” (Diario de Juárez, misma fecha, citando al defensor del ex líder sindical).
De ser esto exacto, como parece serlo, los jueces de control del Estado están obligados a atender las peticiones que los defensores públicos y privados les planteen para revisar las medidas cautelares de las personas que se encuentran en prisión preventiva ꟷno sólo las de quienes, por la razón que sea, adquieren notoriedadꟷ y ordenar la excarcelación al menos de los que ya adquirieron el padecimiento, así sea para su atención médica adecuada, y de aquéllos que presentan condiciones mórbidas o factores de riesgo que los hacen más susceptibles de un contagio mortal, pues, de acuerdo con la determinación que aquí se comenta, de seguir en el centro de reclusión se violentaría su derecho a la salud, la que estaría comprometida ante la incapacidad de la autoridad penitenciaria de garantizarla; situación que con mucha probabilidad existe en el resto de los Ceresos estatales, como el de Ciudad Juárez, dados los problemas de sobrepoblación y hacinamiento que enfrenta.
Pero más aún, conocida tal situación, en lo subsecuente los jueces tendrían que endurecer sus criterios para imponer la prisión preventiva, y sólo acceder a hacerlo en casos en que sea verdaderamente indispensable, privilegiando otras medidas en libertad.
Además, el obligado pronunciamiento de la juez que ordenó la libertad contradice de manera frontal y abiertamente las declaraciones vertidas la víspera por el Fiscal General del Estado, quien, en entrevista con medios, apenas un día después del deceso de José Lázaro Joaquín López, dijo que las autoridades penitenciarias sí garantizan la salud de los presos en caso de contagiarse de coronavirus y que “…al interior de los establecimientos penitenciarios está garantizado el tratamiento médico en caso de ser necesario…” (Tiempo la noticia digital, 27 de agosto pasado).
Y también las de las autoridades sanitarias locales, que en varias ocasiones negaron que existieran problemas de contagio en las cárceles de Chihuahua y Ciudad Juárez, aunque luego, ante filtraciones y casos concretos tuvieran que reconocer que sí los hay, pero manteniendo siempre el discurso de que la situación está bajo control.
¿De verdad pensaron que los abogados y parientes de los internos y una buena parte de la sociedad les creerían? ¡Por Dios!
Involucra finalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de manera oficial, mediante informes rendidos a algunos jueces que debían resolver peticiones hechas por defensores e inculpados de que se les sustituyera a éstos la prisión por otras medidas en libertad, a las que sistemáticamente se oponen la autoridad penitenciaria y la Fiscalía, afirmó que el Cereso de Aquiles Serdán contaba con las condiciones y los protocolos adecuados de prevención, que no había problemas de contagio y que los presos contaban con el tratamiento, los cuidados y la atención debidas en ese centro de reclusión.
Con no poca razón, el defensor del fallecido ex titular del Fideapech, ha manifestado que es muy factible que funcionarios estatales hayan incurrido en responsabilidades penales, y en ello parece no faltarle fundamento.
Ojalá que en este caso no ocurra lo mismo que sucedió con otros durante la administración del “vulgar ladrón”, en que las múltiples muertes acontecidas en los Ceresos de esta capital y Ciudad Juárez quedaron en absoluta y completa impunidad, en una justicia para Chihuahua que nunca llegó a deslindar ese tipo de hechos, que junto con los recurrentes actos de tortura cometidos en la investigación de delitos, son, por sus consecuencias, incluso de mayor gravedad que los cometidos en contra del erario y del patrimonio estatal.