Chihuahua, Chih.

Inopinadamente, en medio de una gravísima crisis institucional, generada por la resolución del juez de distrito encargado del amparo solicitado por Rodolfo Leyva -y concedido- mediante la cual lo restituye como presidente del Ichitaip, ha empezado a circular una invitación para la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a realizarse el día de mañana.

No solo tiene problemas dicha instalación, en cuanto a la definición de la presidencia del Ichitaip, sino, debido a que, por lo menos otros dos integrantes del Comité Coordinador ¡Aún no están nombrados!

¿Porqué tanta premura en la instalación de un organismo, supuestamente emblemático del quehacer del gobierno del amanecer?

¿Porqué hacerlo cuando están en una crisis de legitimidad y, peor aún, de legalidad, puesta en entredicho, no por el Comisionado Leyva, sino por un juez federal que, además, ha ordenado que no recurran al mismo procedimiento, en caso de reinstalar a Leyva?

Es decir, que no podrán hacer como que respetan su resolución y luego, como lo hicieron los diputados duartistas con dos de las comisionadas del actual Ichitaip, volverlas a nombrar, pues, recalca, nos tienen facultades para hacerlo, es decir, no pueden destituir a su presidente, fondo del asunto que ahora tiene en vilo al órgano garante de la transparencia en Chihuahua y de cuya actuación está tan pendiente el gobierno que le prometió a sus gobernados ser el más transparente del país, pero que ahora efectúa una y mil maniobras para mantener bajo su control a todas las instancias y dependencias encargadas ¡De vigilarlo!

Y es que la ley anticorrupción, que da origen al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), establece que será dirigido por un Comité Coordinador (CC-SEA) el cual, de acuerdo con el Art. 187, Fracción A, de la Constitución de Chihuahua, estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana del SEA, “quien presidirá el Comité”, el Auditor Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el representante del Consejo de la Judicatura y el Comisionado Presidente del Ichitaip.

Y resulta que el fiscal anticorrupción y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa aún no están nombrados ¿Entonces, cómo integrar un organismo encargado de combatir la corrupción gubernamental sin la participación del fiscal y los encargados de aplicar la ley en las irregularidades administrativas cometidas por los funcionarios públicos? ¿Sólo para evitar el acceso de Leyva a dicho organismo?

¡Válgame!