Chihuahua, Chih.

- Se empalmaron su ambición presidencialista y la nueva causa contra el ex gobernador César Duarte
- Tienen el mismo origen, el patrimonialismo y su extraordinaria ambición por el poder

Casi se empalman dos acontecimientos políticos en los más recientes días, ambos con un pasado común, que podrán, cada uno en su propio escenario, influir en el más inmediato futuro, y uno de ellos -el resultado del proceso del Frente Amplio por México (FAMx-Mx)- podrá serlo a un más que mediato futuro.

El otro acontecimiento, absolutamente sorpresivo, fue la expedición de una nueva orden de aprehensión en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora por un delito mediante el cual se comprometieron 120 millones de pesos del erario estatal, a pesar de que, de acuerdo con el Tratado de Extradición con EU, no se le podía acusar de más delitos que los señalados en la causa que motivó el juicio de extradición en una Corte de Miami.

Nunca contó con que el gobierno de Maru Campos solicitó al gobierno norteamericano se le aplicara el Principio de Excepción, contemplado en el mismo tratado, a fin de someterlo a juicio por las causas penales contenidas en «17 carpetas de investigación que habían sido integradas». (Comunicado del Gobierno del Estado de Chihuahua, 25/8/23).

La conexión -a juicio del escribiente- estriba en la determinación de la cúpula del PRI de empujar con todas sus fuerzas a la aspirante a la coordinación del FAMx, Beatriz Paredes, y aspirar a que se convierta en la presunta candidata, como si el priismo no tuviera cuentas pendientes con la sociedad mexicana por la comisión de corruptelas sin fin y pudiera comportarse como un partido más.

¿Tenían -tienen- derecho a impulsar a una candidatura presidencial?

Por supuesto, sí, el problema estriba en que, a juzgar por su conducta frente a los acontecimientos ocurridos en el último año, no han alcanzado a percibir la profundidad, tanto de su crisis estructural, como por el elevado grado de rechazo en amplias capas de la población.

Las multitudinarias manifestaciones nacionales en defensa de los organismos electorales, ocurridas en las postrimerías del año pasado, debieron ser ejercicios que los ilustraran en ese sentido. Sobre todo al PRI.

En esas ocasiones se manifestó una buena cantidad de mexicanos, que rechazaban no sólo al gobierno federal, sino que manifestaban su elevada preocupación por el intento de que éste destruyera el sistema electoral vigente, una de las escasas instituciones confiables para la mayoría de la sociedad.

Y que se construyó a pesar de los reiterados intentos de los gobiernos priistas y panistas por colmarlo; avasallarlo, a través del acaparamiento-reparto de las posiciones en los órganos dirigentes de los organismos electorales.

El priismo no ha reflexionado (o su actual dirigencia) de lo acontecido en el país en los últimos 10 años, y específicamente a partir de los primeros días del 2018, con la irrupción del entonces candidato morenista, Andrés Manuel López Obrador, quien no solo emergió como triunfador del proceso, sino que su indudable fuerza política le asestó el más descomunal golpe que el régimen y los partidos políticos mexicanos hayan sufrido.

Lo sufrieron por el extendido rechazo ciudadano a la inconmensurable corrupción, sobre todo la del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los gobernadores priistas y, además, por el evidente fracaso de los presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, en no desmantelar al viejo régimen priista; antes bien, para mantenerse en el poder, se aliaron con una de las figuras más emblemáticas de aquel régimen, la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, sin duda alguna emblemática del salinismo.

Todo esto estaba en el fondo de los 30 millones de votos alcanzados sorpresivamente por el tabasqueño en 2018. 

Casi al mismo tiempo, ante la cercana posibilidad de que el exgobernador Duarte alcanzara la libertad, en virtud de que las acusaciones y las penalidades, -en caso de que la fiscalía lograra demostrar la veracidad de los delitos presuntamente cometidos por el ex gobernante- así lo establecieran, surgió la orden de aprehensión, por una causa no contemplada en la extradición ordenada por la jueza de Miami, ante la petición del gobierno de Chihuahua, conducida por el gobierno federal ante el norteamericano y los tribunales de aquel país.

Y es que, por más que pretendan los dirigentes del PRI asumir que estamos en una nueva etapa y que los agravios ciudadanos por su pésimo desempeño gubernamental forman parte del pasado, lo cierto es que no es así. 

Para recordarlo ahí está este nuevo proceso en contra de Duarte, que aparece en el mejor de los momentos, no sólo para la gobernadora Maru Campos, pues con ello pudiera presumirse que alejaría el peso de los comentarios, especialmente los provenientes de la esfera del ex gobernador Javier Corral y de Morena-Chihuahua, que la relacionan con el ex gobernador ballezano.

En su descargo podrá presumir que para llevar este nuevo caso ante los tribunales norteamericanos, tuvo que pasar por el filtro de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es muy afín a la 4T.

Imposible no conectar ambos hechos políticos pues en tanto el viejo partido, del viejo régimen, acaricia el sueño (gibado, decían los viejos de antes) de impulsar nuevamente a uno de los suyos (suyas, en este caso) a una candidatura competitiva a la presidencia de la república y con ello impedir que pudiera concretarse la posibilidad de que nuevamente, sin que mediara un período intermedio, surgiera una candidatura disruptiva, que eso constituiría en caso de que recayera en Xóchitl Gálvez.

¿Cuál es la conexión?

La de que es necesario enterrar ese pasado de corruptelas sin medida sufrido por los mexicanos, tan presente que hasta en la persona del ex gobernante ballezano regresa nuevamente.

Pero la desmesurada irrupción de Xóchitl explica la sorpresiva (desde el punto de vista estratégico-electoral) ofensiva presidencial en contra de quien encabeza las preferencias de la oposición. Y también la de los seguidores presidenciales.

Es increíble, el presidente llegó al extremo de incurrir en conductas absolutamente delincuenciales, evidenciando contratos y personas -físicas y morales- vinculados a los negocios y empresas de Xóchitl, además de acusarla públicamente de -presuntamente- haber cometido diversos delitos, sin que se sepa, públicamente, de haber presentado denuncia alguna, con lo que incurriría en un nuevo delito, el de la omisión, en caso de que conociera de la comisión de presuntos delitos.

Nada de eso hizo, se trataba de un intento, fallido por todo lo demás, de «ensuciar» a la aspirante frentista.

Esa ofensiva, y las respuestas, puntuales, precisas, ingeniosas de la hidalguense, además de la existencia de una parte importante de la sociedad contraria al presidente, la catapultaron, al grado de superar en todas las encuestas a los otros aspirantes de la oposición y crear la percepción, en amplias capas de la población, que su candidatura pudiera ser la única competitiva frente a la del bloque oficialista.

Tal percepción se hizo concretó gracias a dos indudables aciertos de quienes hicieron posible el surgimiento del FAMx, los dirigentes del PRI y del PAN, y un conjunto de activistas y personajes de distintas organizaciones civiles -muchos de ellos con relaciones más o menos estrechas con círculos del PAN o del empresariado-, por un lado, y por el otro, el de abrir la conducción del proceso a personas ajenas a los partidos.

Esas condiciones son las que propiciaron la percepción de que en la persona de Xóchitl Gálvez se alcanzara la posibilidad de votar por alguien ajeno al «establishment».

¿Está en riesgo la posible precandidatura de Xóchitl? ¿Podrá Beatriz Paredes ganarle en la encuesta y, además, en la consulta del próximo domingo?

Se ve difícil, pero lo lamentable del caso lo constituye la ambición de la dirigencia priista y en especial de su presidente nacional, Alejandro Moreno, pues a pesar de las diversas expresiones, en el sentido de que las declinaciones en favor de Xóchitl no le ayudaban a ésta, lo cierto es que hacerse a un lado, de parte de todos los más conspicuos personajes del antiguo régimen, le abonaría al crecimiento de la percepción de que votar por Xóchitl no significa avalar a los dos partidos y, en especial,  por el PRI, el partido que más voto de rechazo colecciona en todas las encuestas.

Además, y no es un dato menor, eso posibilitaría desarmar los débiles argumentos presentados por el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, oponiéndose a la incorporación de este partido al frente opositor, en franca controversia con el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, que se ha pronunciado en contra de las determinaciones de Delgado y a favor de sumarse al FAMx

Justamente, y no es un hecho fortuito, porque ese es el meollo de la discusión nacional, Roy Campos, Director de Mitofsky, presentó un estudio del comportamiento de MC en los últimos procesos electorales:

«-En 2021 MC ganó solamente 7 de los 300 distritos, y todos ellos en Jalisco, en el resto del país no ganó ninguno.

-Jalisco fue el único estado donde la votación por MC superó el 30% (el estado que le sigue no supera el 20%) y también fue el único donde su votación superó a las Alianzas MORENA-PT-PV y PAN-PRI-PRD.

-Jalisco no solo es el que más votos por MC tuvo, sino que esos votos superan a los que suman 23 entidades para ese partido (y supera por más del doble al estado que le sigue)

-De los 32 congresos estatales, el único donde MC tiene la mayoría es Jalisco».

Se debe aplaudir el hecho de que las dirigencias del PRI y del PAN dejaron de lado sus iniciales pretensiones de que en la designación del candidato de ese bloque sólo participaran los militantes partidistas que previamente hubiesen participado en sus respectivos proceso internos.

Al hacerse a un lado, dieron pie a la percepción de que podría impulsarse a una candidatura, abiertamente «ciudadana», o bien alejada de las estructuras de los partidos, pero, sobre todo, que por sus credenciales y sus actuaciones en la esfera pública estuvieran lo más lejana posible de la «clase política», o de, como la definiera Carlos Salinas de Gortari, «la nomenklatura» de los partidos.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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