Chihuahua, Chih.

El gobierno federal le apostó a la fuerza para enfrentar al movimiento de agricultores que ha impactado al país. Primero desplegó la fuerza militar y luego el hostigamiento fiscal para apaciguarlo. 

Ha logrado exactamente lo contrario.

Muy mala fórmula es la de destinar a varios cientos de elementos militares y de la Guardia Nacional a enfrentarlo; luego, la ofensiva mediática del presidente López Obrador en contra de los supuestos organizadores del movimiento; enseguida el terrorismo fiscal y, lo más reciente, el silencio encubridor de la Fiscalía General de la República en el esclarecimiento del asesinato de Jessica Silva y las graves heridas sufridas por su esposo, Jaime Torres.

Es una cadena extremadamente preocupante de actos ilegales.

No hay diversas interpretaciones: Extraer el agua de La Boquilla es un acto ilegal; esconder a los agresores de la pareja Torres-Silva es otra ilegalidad y congelar las cuentas bancarias de personas morales y físicas, sin más antecedentes de denuncias o investigaciones penales es una gravísima violación a sus derechos constitucionales.

Hay varias ilegalidades más, cometidas a lo largo de los últimos meses.

Las más dolorosas. Transcurridos ocho días desde el atentado, aún no han presentado a los supuestos responsables ante algún juez y aún no se sabe que hayan sido llamados a declarar.

Hay otra: Los elementos de la GN detuvieron a tres agricultores del poblado La Cruz. Los detuvieron a las 17.30 horas del 8 de septiembre y los presentaron ante la Fiscalía del Estado hasta después de las 8 de la mañana del día siguiente. Los detenidos presentan huellas de severos golpes recibidos. Los acusan de poseer armamento ilegal. Ya recibieron vinculación a proceso por un juez federal.

El 3 de diciembre la directora de Conagua, la Secretaria de Gobernación  y los gobernadores de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas tomaron varias determinaciones sobre el agua de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla de Chihuahua.

Sus decisiones involucraban los derechos de cerca de 12 mil usuarios de los distritos de riego, a los que afectaron económicamente, de manera severa. Las resoluciones de ese grupo de funcionarios estaban al margen del organismo facultado para resolver en materia de los compromisos del Tratado de Aguas, la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Además, la directora de Conagua comprometió volúmenes de agua sin tomar en cuenta las previsiones meteorológicas, que no permitían asegurar las suficientes precipitaciones pluviales en el año. Las escasas que se han presentado son tardías y, con toda seguridad, insuficientes para reparar los daños. 

Hay otra baja en tan larga lista de hechos: La credibilidad del presidente López Obrador en esa región.

No le ayudan sus funcionarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que no había congelado más cuentas que las personales del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, del dirigente Salvador Alcántar y del ex gobernador José Reyes Baeza.

Compeán mostró las capturas de pantalla de las más de 44 cuentas del municipio de Delicias bloqueadas, sin más aviso que los de las instituciones bancarias.

El bloqueo de cuentas abarcó a las de cuatro organismos más de usuarios de los distritos de riego y las del municipio de San Francisco de Conchos, por puritita casualidad el de la presa La Boquilla.

Además de la afectación económica por la extracción de agua, se añade la provocada por la decisión gubernamental de congelar cuentas bancarias

¿Puritita casualidad?

¿Quién del gobierno federal está operando el conflicto en Chihuahua?

¿No llegó el momento de relevarlos?

¿O son coincidencias que la “operación” fuera encargada a la dependencia de Alfonso Durazo?

De acuerdo con la información hasta ahora disponible, fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana la instancia que le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la congelación de las cuentas bancarias.

Otra coincidencia. 

Fue esa dependencia la que elaboró el expediente plagado de errores, mentiras y exageraciones, además de consejas populares sobre las presuntas corruptelas cometidas, en el mamotreto que elaboraron la semana pasada, con el cual el presidente sustentó su crítica y señalamientos a varios de los que ahora tienen sus cuentas refrigeradas.

¿Qué espera el presidente López Obrador, lanzar a más soldados a desalojar la presa, o dar pie al diálogo y la resolución del conflicto?

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