Chihuahua, Chih.

El primero de octubre de el año en curso, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual tiene 9 artículos transitorios.

La referida Reforma, es de alto impacto con relación al actual modelo energético, esto es, al sector eléctrico e hidrocarburos, que ha puesto los “pelos de punta” al Consejo Coordinador Empresarial (CCE); empresas y corporaciones trasnacionales en activo; legisladores y dirigentes de los partidos adversos a la 4ta Transformación en coalición con magnates como Claudio X González y medios de comunicación los cuales divulgan al por mayor que la iniciativa constitucional que el presidente de la República, sometió al poder legislativo para reformar el artículo 27 constitucional es “ilegal e injusta”.

Para la iniciativa privada, es una de las leyes fundamentales en la que se basa el sistema capitalista; en el predominio del sector privado, el libre mercado y por supuesto, es contraria al sector público e intervención estatal.

En síntesis, para ellos, la energía eléctrica es un negocio, no un servicio público. Y eso no es de ahora. La industria eléctrica en México, nació en manos del capital privado y empresas extranjeras que usufructuaron a diestra y siniestra casi el 80% de la energía eléctrica con el suministro inadecuado al sector público y altas tarifas a los ciudadanos.

El General Abelardo L Rodríguez, presidente de la República el 2 de diciembre de 1933, envió al congreso una iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional.

La CFE entró en funciones el 14 de agosto de 1937 con la Ley que promulgó el presidente Lázaro Cárdenas, a partir de la cual, se decretó que la generación y distribución de electricidad eran de utilidad pública. Se convirtió en la institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

En 1960 el presidente Adolfo López Mateos, estableció el principio constitucional de la exclusividad en favor de la Nación del servicio público de la electricidad, que, en 2013, el mandatario Enrique Peña Nieto, echó abajó y abrió las puertas a la privatización del sistema eléctrico nacional.

Peña Nieto hizo caso omiso del artículo 27 constitucional que define que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional corresponde exclusivamente a la Nación y establece que en estos rubros NO se otorgan concesiones a empresas privadas y trasnacionales, las cuales pueden contraer contratos particulares solo en la actividad productiva de la industria eléctrica.

Por el contrario, dejó que empresas privadas y trasnacionales asumieron el control de la CFE, lo que fue un abuso y extorsión del erario, de una parte, y de la otra, de la población.

La reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, se queda corta. No contempla nacionalizar y estatizar el sector eléctrico, sino darle su lugar a la CFE y consolidarla como un organismo del Estado con personalidad jurídica propia, y cuente con el 54% del mercado y que el 46 por ciento restante sea para la iniciativa privada, para que haya una “auténtica y verdadera competencia”.

Me parece que eso es positivo pero insuficiente. Se requiere consolidar la soberanía energética y recuperar el principio de exclusividad del sector público en beneficio de nuestro país, no solo cancelar los contratos particulares que imponen sus fuentes de electricidad a un alto costo a la CFE y a la par, ampliar la red de transición y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc.

De no ser así, se generará un caos similar al de España y otros países europeos, a consecuencia de que la compañía trasnacional Iberdrola ha incrementado la tarifa eléctrica al máximo. En su país, por ejemplo, cobran alrededor de 7 mil 500 pesos por mega watts-hora, lo que ha detonado inmersas movilizaciones de los ciudadanos y una aguda crisis a empresas, comercios, fábricas, sistemas de agua, transportes, etc. 

Eso es justamente lo que los neoliberales de la iniciativa privada energética en nuestro país, quieren en su beneficio. Que no nos vengan con que “la energía limpia” que ellos producen no afecta el cambio climático en ciernes. Eso es una falacia. Lo que a ellos les importa realmente, es incrementar sus ganancias subiendo la tarifa eléctrica a la población, y a la par, aportando grotescos descuentos a compañías comerciales, como bien lo dijo recientemente el presidente de México:

“Una familia mexicana paga 5.20 pesos por kilowatts; Oxxo 1.80 (65.4% menos que en el primero de los casos); Bimbo y Walmart 1.70 (67.3% menos que los de a pie)”, lo que es un verdadero asalto, pero el CCE (Consejo Coordinador Empresarial), asegura que es “legal y Justo”.

Reitero una vez más. Ya basta de tanto abuso. La energía eléctrica debe ser un servicio público, no un negocio. No se deje engañar. Hay que exigir al “parlamento abierto” del poder legislativo que apruebe las reformas constitucionales en proceso en bien de México y sus ciudadanos, que, entre paréntesis, no debemos quedarnos cruzados de brazos, esperando si las aprueban o no el poder legislativo. 

No se nos olvide que la democracia no es solo representativa sino también participativa. Veremos y diremos qué nos depara el destino en torno a esas reformas que, indudablemente, son ejes fundamentales para nuestra nación y el pueblo.  Espero sus respuestas a mi pregunta del encabezado de esta reflexión en Voz Alta.