La conversión del ex gobernador César Duarte, de ser un personaje público señalado por el actual gobernador como “un vulgar ladrón”, a un perseguido -oficialmente- por la justicia, incluido el ámbito internacional, le ha dado un vuelco a la situación política y social en Chihuahua.

Se trata, sin duda, de una de las ofensivas judiciales más amplias, emprendida por un gobierno estatal en contra de sus antecesores. No pueden llamarse a sorprendidos, ni los señalados, ni sus simpatizantes y compañeros, desde varios años antes de las elecciones del 5 de junio, el rechazo popular al gobierno de César Duarte era generalizado y el sustento de las muy extendidas acusaciones de corrupción abarcaba la casi totalidad de las actividades en las que hubiese inversión estatal.

No había rubro del presupuesto del gobierno de Chihuahua en el que no se señalara que era usado para beneficiar a algunos funcionarios, en especial al ex primer mandatario.

Tampoco sorprende que algunos de los ex funcionarios estuviesen en disposición de cooperar con el actual gobierno, a fin de obtener alguna prebenda judicial, hasta entre ellos causaban repugnancia los increíbles excesos del círculo más selecto de los ex funcionarios que ahora malamente pueden llamarse “perseguidos políticos”.

Son causantes de verdadera indignación los hechos por los cuales son acusados, además de los excesos que poco a poco empiezan a develarse, por ello la cascada de peticiones de amparos.

¿Son culpables todos los señalados o los que se autoconsideran como probables beneficiarios de alguna orden de aprehensión? Por supuesto, no, pero ahora deberán -varios- enfrentar los cargos y destruirlos ante los tribunales.

Por lo que se ve hasta ahora no están desamparados; algunos de ellos han contratado a despachos jurídicos que se cuentan entre los más caros del país.

¿Que hay en todo esto una enorme carga política? Claramente así es, pero hay una pequeña diferencia frente a otros señalamientos por la misma causa, ahora existen muy firmes presunciones de la comisión de delitos en la administración de los casi 300 mil millones de pesos que los chihuahuenses pusimos bajo su administración; ahora los vemos convertidos en suntuosas mansiones, en infinidad de ranchos en México y en el extranjero; en indignantes colecciones de relojes y autos.

Ahora vemos a los ex funcionarios y su tren de vida, hasta llegar a la soberbia de Antonio Tarín, el diputado suplente de Carlos Hermosillo, que puso en verdaderos aprietos a su partido, en plena campaña electoral en el Estado de México, todo con tal de evitar la aplicación de la justicia y ofrecer uno de los peores ridículos políticos de los últimos tiempos, y eso que la clase política gobernante nos los han ofrecido a pasto.

Ahora sí lo podemos decir, la emisión de las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios, y en especial en contra del ex gobernador Duarte, marca una tremenda diferencia frente a la actitud asumida por la PGR, la que no ha emitido una resolución sobre la denuncia presentada por Jaime García Chávez, que acusara a Duarte de varios delitos, entre ellos el del enriquecimiento ilícito.

No puede haber duda que el asesinato de nuestra compañera Miroslava Breach aceleró la presentación de las denuncias en contra de los ex funcionarios, así como el agravamiento de la inseguridad en la entidad y las cada vez más frecuentes críticas en contra del gobernador Corral, el que llegó al extremo de acusar al Secretario de Gobernación de encabezar una campaña en su contra, para beneficiar al candidato del PRI en el Estado de México y que, con el mismo fin, acusara a los familiares de la candidata del PAN ahí mismo, Josefina Vázquez Mota.

Todo ello, ya convertido en leal militante panista, muy olvidado de la conjunción de fuerzas políticas y sociales que lo llevaron al poder, hoy parece enderezar el camino de recuperar las simpatías que recogió su atrevida promesa, la de llevar a la cárcel a César Duarte.

Sí, pero deberá hacer un mejor gobierno que lo realizado hasta ahora.