Chihuahua., Chih

En redes sociales, Twitter, articulistas, legisladores, partidos políticos y abogados se han difundido un cumulo de opiniones en torno a que se respete la presunción de inocencia de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto acusados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de incurrir durante sus gobiernos en graves delitos, como el de la corrupción, los sobornos, desvío de recursos del erario público y saqueo de nuestros recursos naturales.

Cierto es que, de conformidad con los derechos humanos, “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.

Pareciera que no saben que hay evidencias documentales y financieras de los graves daños que los imputados causaron a la nación, el erario y al pueblo.

La sociedad sí que lo sabe porque lo vivió en carne propia.  La inmensa mayoría de los ciudadanos (9 de cada 10 personas) encuestados por teléfono por el periódico El Universal, se mostraron a favor de enjuiciar a los expresidentes referidos.

Enrique Peña Nieto se encuentra en primer lugar con 89.4%, seguido por Carlos Salinas de Gortari con 88.5% y Felipe Calderón el 82.1%. 

No obstante ello, el 53.9% considera que Emilio Lozoya no dirá toda la verdad en contra de los exfuncionarios y el 86.7% afirmó debe ir a prisión. 

Lo más relevante es que a las preguntas “¿La gestión de Andrés Manuel López Obrador debería llevar o no a juicio a funcionarios de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos?”, el 95.6% dijeron que SI y el 2.4 que NO y 2 % que no sabía y a la de “¿Se debería o no continuar con la persecución de funcionarios que hayan cometido algún tipo de delito?”, el 91.7 dijeron que SI, el 5.4 % que NO y el 2.9% se abstuvo.

Pero no solo se abordó el tema de los expresidentes, sino también el de los sobornos que legisladores y políticos que Peña Nieto les dio para aprobar su fatídica pero rentable para él, “reforma energética” que dio al traste a Pemex y benefició a compañías paraestatales. 

El Universal señala: “En la misma denuncia, Lozoya acusa a políticos de recibir dinero a cambio de votar a la reforma energética” y pregunta, “cree usted que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería “Llevarlos a Juicio” o “Debería llamarlos a declarar”. El 69.8% votó por la primera opción, el 14.0% por la segunda y un 11.7 % por “ambas” y 4.5% no contestó.

El 75 % de los entrevistados señaló que debería también sancionarse a Morena en caso de comprobarse que el dinero que el hermano de AMLO en 2015, Pío López Orador, recibió de David León, presuntamente en apoyo a ese partido, que indudablemente en nada contribuye con la 4Tranformación que el presidente impulsa y que tiene como ejes centrales el combate a la corrupción y la impunidad, el Estado de bienestar y la justicia social.

Tan es así, que el 33.4 % de los entrevistados a la pregunta “¿Cree usted que la filtración del video y la denuncia de Emilio Lozoya es por fines electorales, es parte de la lucha contra la corrupción o es para atacar a los adversarios del presidente?”  respondió que era con “fines electorales”, el 30.4 % para “atacar a los adversarios” y el 28.8 % que era parte de “La lucha contra la corrupción”, y el 7.4 se abstuvo.

En este contexto lo mas prudente para no generar incertidumbre ni especulaciones, es realizar la consulta popular que el presidente ha reiterado, la cual, de acuerdo a la Ley, tiene que validarse del 1 al 15 de septiembre, ejercerse por el Instituto Nacional Electoral y celebrarse el primer domingo de agosto del próximo año.

La referida consulta que aprobaron los diputados federales en marzo pasado, de acuerdo a la Ley Federal, puede ser solicitada por el presidente de la República, el 33 % de los integrantes de las Cámaras del Congreso o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que sería alrededor de 1 millón 900 mil.

López Obrador ha dejado en claro que él va a esperar hasta el último momento en convocarla pese a que no va a votar en contra de los expresidentes, si no lo hacen los legisladores o los ciudadanos.

Es por donde quiere que se le escarbe la más transparente y real sobre los deben basarse una sociedad y el Estado, es la Justicia, que es un valor, la ley que es una norma de convivencia y el Derecho, la suma de ambos.

Dicho de manera formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando no se respetan, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.

Justicia es “justamente” lo que requieren los ciudadanos vilipendiados por los expresidentes mediante la corrupción y la impunidad. Y no me refiero solamente a la justicia procesal que establece normas y reglas que deben ser respetadas por todas las personas por igual, y establece sanciones de diversa índole, como dicen los abogados que protegen a los inculpados.

Les vale un comino la justicia distributiva que se basa en la distribución equitativa de la riqueza o los recursos, para que todos los ciudadanos se vean beneficiados.

El presidente de la República, por lo contrario, ha dejado en claro que él no es un verdugo; que él apela a la Justicia restaurativa, la cual se concentra en el bienestar de la víctima, más que en el castigo del victimario por lo que él no juzgará a expresidentes, salvo que la gente lo solicite, pero ha cumplido con su compromiso a los ciudadanos de combatir la corrupción y la impunidad, vengan de donde vengan. 

Y coincido con él. La corrupción y la impunidad son un flagelo para México, que permite que sean cometidos delitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias, lo cual legitima y fomenta la irresponsabilidad y, desdeña los derechos de la víctima y sus derechos humanos.

La impunidad es consecuencia de la corrupción del sistema judiciario, el cual por lo general apela a la negligencia, la falta de evidencias o el soborno e intimidación de los procesados o de las mismas autoridades.

Hay tres tipos de impunidad: La impunidad por ineficiencia que se genera ya sea por negligencia, indiferencia o corrupción del sistema judicial; Impunidad del crimen organizado, fruto de la intimidación, amenazas y violencia a los que recurren los grupos mafiosos para amedrentar a los funcionarios o familiares y finalmente, la impunidad de clase, esto es, cuando el sistema judicial la evade, cuando los acusados son personalidades de peso político y económico.

Por eso puse de encabezado ¿Porque la ley es injusta? ¿Si lo injusto es ilegal? Desde mi punto de vista, es un galimatías. El Estado de Derecho, debe aplicar la Ley por igual a todos los ciudadanos de un país sin importar su clase social.