Chihuahua, Chih.

Luego de meses, años, de que desde prácticamente todos los sectores sociales se exigía la salida de Oscar Alberto Aparicio Avendaño de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, tercamente sostenido por el gobernador Javier Corral, el martes, el Secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, confirmó la renuncia de Aparicio, en lo que fue una salida largamente anunciada.

Lo hizo en el momento en el que el número de ejecuciones, durante el gobierno corralista, rebasa las 8 mil y ubicado el estado en los primeros lugares de feminicidios, violencia doméstica y hostigamiento sexual.

Además, el gobernador Corral le entregó el control de la mayor parte de los municipios en los que, una vez asumido por el funcionario estatal de seguridad, se incrementaron los índices homicidas en ellos y la inseguridad se incrementó, a tal grado que hizo recordar los tiempos de la oleada violenta 2008-2012.

Las denuncias acerca de las sospechas del presunto involucramiento del jefe policiaco (o por lo menos su conducta omisa para con las bandas criminales) corrían a lo largo y ancho de la región serrana, cuya puerta de entrada -el municipio de Cuauhtémoc- se convirtió en campo de batalla de las bandas criminales en el que las fuerzas estatales de seguridad siempre llegaban tarde y mal a los escenarios de las batallas protagonizadas por las bandas criminales.

De ahí pasamos al señalamiento de los criminales al jefe policiaco y a numerosos mandos y elementos de la CES de auspiciar, favorecer y hasta formar parte de alguna de las bandas criminales contrarias, y luego a la cacería en contra de los policías.

En todo ello Aparicio figuraba como un jefe policiaco incapaz de enfrentar la oleada violenta, además de recibir acusaciones de solapar innumerables corruptelas de algunos de los elementos bajo su mando, todo ello bajo un manto de extrema frivolidad.

Lo anterior hacía recordar aquella época en la que la policía federal llegó a Juárez, enviada por el presidente Calderón para presuntamente enfrentar la violencia desatada por la confrontación entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez, que catapultó como nunca todos los índices delictivos, incluidas las extorsiones y los secuestros, hasta el punto que -sin exageraciones- toda la sociedad juarense exigió la salida del cuerpo policiaco federal.

Algo debiera ser tomado en cuenta por el gobernador Corral, finalmente responsable único de lo que ocurre en Chihuahua en materia de seguridad pública, y esto es el común denominador de sus jefes policiacos, todos recomendados por la élite militar y de la seguridad pública federal en el gobierno de Peña Nieto, consistente en que todos los responsables de la seguridad pública en Chihuahua, bajo el mandato del blanquiazul, tienen como origen las fuerzas federales.

Y no es un señalamiento vano. A pesar de que los responsables, en el estado en los últimos meses, eran Aparicio, Julio César Peniche en la Fiscalía y García Ruiz en la Secretaría de Seguridad Pública, todos los índices criminales (de los delitos de alto impacto) se fueron a la alza a pesar de que el presupuesto por él manejado se duplicó, lo que no impidió que durante su gestión se incrementaran los índices delictivos.

Chihuahua se colocó, al 31 de diciembre de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre los primeros ocho estados del país con mayor número de delitos denunciados por sus habitantes, con 71 mil 836 averiguaciones, no obstante que el presupuesto de la CES se duplicara al pasar de 368 millones 805 mil pesos en el año 2017, a 875 millones 565 mil pesos en el 2019. (Nota de El Diario de Juárez, 06 mayo 2020).

Todo fue inútil, hoy se va en medio de señalamientos, sin haber entregado el cargo y sin que el gobernador Corral le lanzara, como a muchos de sus colaboradores defenestrados, un mensaje laudatorio.

Se va el operador, se queda el responsable de lo que sucede en Chihuahua.

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