Chihuahua, Chih.

¿Cómo acusar a los demás de hacer “politiquerías”, si todos los días, con todos los recursos de la presidencia de la república, López Obrador hace exactamente lo que tanto le critica a los demás?

¿Qué hacer con un presidente, si todo lo que hace gira alrededor de las elecciones presidenciales del ’24, en tanto el país se le desmorona con cualquier problema a pasos agigantados?

El problema migratorio no es cualquier problema, como todos, no es merecedor de que involucren en él los conflictos político-partidarios. Es extremadamente complejo y se deriva de la globalidad contemporánea. 

Resolverlo, atenuarlo, requiere de una exhaustiva discusión con los países vecinos y una extrema coordinación de los tres niveles de gobierno.

Nada existe de eso, sólo segmentos de la sociedad se hacen cargo, en la medida de lo posible, de tan descomunal reto.

Además, la improvisación, la dejadez y la irresponsabilidad han contribuido a que, por horas, crezca la xenofobia y cada vez, más ciudadanos mexicanos se suma a la tendencia xenófoba.

Mientras más días pasan, después de la tragedia del 27 de marzo en el centro de detención de migrantes en Juárez, crece el problema para el gobierno federal, ante lo cual el presidente sólo ha atinado a cometer equivocación sobre equivocaciones.

En ellas es acompañado acríticamente, no sólo por los funcionarios de su gobierno y de los órganos de gobierno a los que han accedido los morenistas, -lo cual es comprensible, pero no correcto- sino también por la absoluta mayoría de sus seguidores.

Flaco favor le hacen, no solamente al presidente, sino al país, en virtud de la magnitud del problema y de los problemas por los que atravesamos, en circunstancias en las que, quizá como nunca antes en su gobierno, está obligado a replantearse su política, en este caso la migratoria.

Y no hay duda: La principal responsabilidad de la política migratoria en el país es del presidente de la república y sus funcionarios.

Las demás autoridades coadyuvan, pero solamente eso, y nada más.

Por eso es lamentable el espectáculo que cotidianamente ofrece el presidente en la mañanera, cualquiera que sea el tema.

Ante la desafortunada y equivocada expresión de la gobernadora Maru Campos: “Le pido al gobierno federal: ¡Detengan el flujo migratorio ya!”, (Nota de Mayra Selene González, El Diario de Chihuahua 19/04/23) el presidente reaccionó con una de sus más frecuentes frases, para responder a los que considera adversarios, o enemigos de su “proyecto”; son “politiquerías,  pues, ya saben”, dijo, Maru es una de las aspirantes de la oposición para la elección presidencial.

 Si quien sostuviera tales afirmaciones estuviera exento de tal protagonismo, tendría razón de sobra para acusar a sus adversarios de ello; el problema estriba en que el presidente ha asumido la titularidad de la campaña electoral del partido fundado por él, a tal grado que ya trazó, desde la presidencia de la república, la estrategia para sus compañeros: Deberán ganar, no solamente la presidencia de la república, sino la mayoría calificada del Congreso de la Unión.

Nunca, un presidente mexicano, de la era moderna, había violado tanto y tan flagrantemente las leyes electorales.

Tal actitud prefigura un futuro inmediato, de aquí a la calificación de las elecciones presidenciales y probablemente hasta la toma de posesión del siguiente mandatario, de auténtica preocupación pues se acelerará la polarización conforme se acerque la fecha de las elecciones y se incrementen las acciones violatorias del marco legal-electoral, por parte del presidente y sus seguidores.

Pero, además, como lo han prefigurado diversos gobernantes y especialistas en el tema migratorio, este irá en crescendo en los próximos meses, en dimensiones hasta ahora inciertas en el número preciso, pero no así en comparación con lo que ahora existe.

El mismo día en que la gobernadora Campos le exigía al gobierno federal asumiera por completo su responsabilidad, daba a conocer otra cifra del número de migrantes en Juárez. La ubicó en el orden de los 35 mil, contrastante con la ofrecida por la prensa juarense en los días previos, de los 12 mil.

En ambos casos se aseguró que a ella habían llegado merced a los informes ofrecidos por los responsables de los albergues y centros migratorios, privados y públicos, existentes en el antiguo Paso del Norte.

“Lanzamos esta exigencia al Gobierno federal, para que atienda su responsabilidad y fije de una vez por todas las directrices de la política migratoria”, dijo la gobernadora. (Ibídem).

Y si ni en las expresiones pueden, los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal -además de sus subordinados-, disminuir su beligerancia, poca cosa podemos esperar en la siempre esperada y nunca lograda cooperación de ambos órdenes de gobierno, en todos los ámbitos, y mucho más en este problema en el que, además de las razones ajenas a ellos, se agregan los aportados por cada uno de los gobernantes.

Ante las frases de la gobernadora, ciertamente ríspidas, la hiperreacción del delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, no sorprende -lo contrario sí sería sorpresivo- y acusó a Maru, igual que el presidente, de cometer “un evidente dolo y oportunismo político”. (Ibídem).

Previamente, Maru había sostenido que en la reunión de seguridad, Loera había afirmado “delante de los aproximadamente 25 funcionarios, que no hay una definición de una política migratoria”. (Ibídem).

“No le gustó a la gobernadora que expusiera razones humanitarias en el tema de la migración, en el cual debemos estar unidos”, le respondió Loera a través de los medios. (Ibídem).

De veras que sorprende tal conducta de los funcionarios federales.

Ya es cosa por demás sabida que el gobierno de López Obrador aceptó tácitamente, sin obligar al gobierno norteamericano a firmar compromiso alguno, convertir a nuestro país en el “tercer país seguro”, es decir, el país que se comprometió a recibir a los solicitantes de asilo político en EU.

Y esa aceptación se convirtió en un agregado, ciertamente explosivo -y no es una frase- del problema de los migrantes, ahora incrementado en 30 mil personas mensuales que ingresarán a México en espera de que los norteamericanos resuelvan sobre su estatus.

Son, por tanto, refugiados, y si para los migrantes hay obligaciones  mexicanas que cumplir, en el caso de los refugiados son mayores.

Está -estamos- obligados a prestarles hospedaje, alimentación, seguridad, atención médica, educación, etc., dignas.

¿Cómo se atreve Juan Carlos Loera a afirmar que el gobierno por él representado ha adoptado una conducta “humanitaria” en este tema? ¿Acaso no ha visto los videos del incendio del centro de migración?

¿Acaso no sabe que a los migrantes/refugiados no se les puede mantener encarcelados y que las puertas del centro tenían candados, cuyos llaves estaban perdidas?

¿Cómo pueden catalogarse de humanitarias esas condiciones? Porque, además, son las prevalecientes en casi todos los centros migratorios a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

 ¿Loera no ha accedido a los testimonios de los funcionarios y empleados del INM y de los sobrevivientes, que manifestaron que los empleados les gritaron “que les vaya bien” en tanto las llamas, pero sobre todo, los gases, los aniquilaban?

¿Y que todos los altos funcionarios federales, especialmente los de migración y el delegado federal, estaban, están, obligados a vigilar que las condiciones de los centros de reclusión cumplieran irrestrictamente las normas de protección civil y de las normas internacionales en materia migratoria y que ese no hacerlo, con seguridad, deberán enfrentar en el futuro inmediato y mediato, graves, muy graves acusaciones por los delitos cometidos, que se pueden catalogar, desde ya, como de lesa humanidad?

No hay problema, son politiquerías.

¡Ajá!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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