Política judicializada

query_builder 11 de marzo de 2019
Chihuahua, Chih.

A 100 días del gobierno de López Obrador, resulta oportuno comentar lo que para la mayoría de los analistas políticos será la característica principal de este sexenio: El Poder Judicial convertido en el árbitro entre la inconformidad ciudadana y de la confrontación institucional en contra de las políticas públicas impulsadas por AMLO.

Para una comprensión más clara del tema, debemos recordar que la SCJN es el Máximo Tribunal Constitucional del país; y por ello, es la responsable de defender el orden establecido por la Constitución Federal y “mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad”.

Para el jurista Héctor Fix-Zamudio, “el control y la protección de la supremacía constitucional se mantiene por medio de dos tipos de instrumentos: el control preventivo y el control reparador; éste último, atañe al derecho procesal constitucional, en el que existen instrumentos jurídico-procesales como la acción de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad”.

Por desgracia, el control preventivo constitucional no existe en México. “Es un sistema de control constitucional mediante el cual el Tribunal Constitucional realiza el examen de un texto legislativo una vez aprobado por la Legislatura, con el objeto de determinar si el mismo se ajusta a los postulados constitucionales”.

Para el jurista Pedro Salazar Ugarte, existen “cuatro piezas legislativas que han generado mucha polémica en estos cien días y que, por su forma o contenido, podrían ser anuladas por los jueces. Dos de ellas, son:

1. La creación de la Guardia Nacional que, si bien fue el resultado de un amplio debate público y al final se aprobó en su mejor versión posible, jurídicamente es vulnerable; y 2. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LRSS) que está tan mal redactada, que está siendo reformada por el propio poder que la emitió.

Motivo por el cual, un sinnúmero de entes públicos y funcionarios judiciales han promovido controversias constitucionales y juicios de amparo en contra de la LRSS. Inclusive, el gobierno de Michoacán, impugnó las atribuciones de los llamados ‘superdelegados’ de la Secretaría del Bienestar.

En el ámbito del Estado de Chihuahua, el gobierno estatal y el Municipio de Parral presentaron sendas controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior por considerarla “invasiva de la soberanía y de la autonomía financiera y presupuestaria del Estado y de los municipios. El gobierno municipal parralense, formuló una ampliación con base a hechos supervinientes.

En cuanto al uso de los recursos del Fondo Minero para financiar las ‘tandas para el bienestar’ del nuevo Gobierno Federal, también motivó la presentación de decenas de controversias constitucionales, por 33 ayuntamientos de 4 entidades federativas, al impugnar la Ley de Ingresos de la Federación de 2019.

En días pasados, los diputados federales del PAN anunciaron que 23 estancias infantiles de Delicias “ganaron el amparo en contra de las reglas de operación del programa de guarderías, y que los jueces de distrito concedieron 110 amparos en Chihuahua a diversos administradores de estancias infantiles”.

Por otra parte, el cinismo de Javier Corral (a) “El Inútil” no tiene límite. Acaba de declarar que “hoy en Chihuahua existe una verdadera autonomía y respeto a los poderes… nunca he hablado con un juez o integrante del poder Judicial para que emita una resolución en un sentido determinado”.

Eso no me consta: pero, ¿Acaso ya se le olvidó que designó a una de sus incondicionales en el TSJ, como lo es ‘Lucha’ Castro? Corral no necesita hablar con nadie; le es más que suficiente incrustar a sus achichincles.

Por si eso fuera poco, tiene el control de los diputados panistas, quienes por más de 6 meses, evadieron integrar la Comisión Jurisdiccional -precisamente- para evitar sancionar los actos de corrupción del inútil ese…