Chihuahua, Chih.

El sistema judicial en México sigue en gran medida a expensas de las decisiones del poder Ejecutivo, por lo que su nivel de autonomía y confiabilidad es todavía insuficiente, en un entorno difícil dominado por la violencia del crimen organizado, la corrupción y los huecos legales que impiden un efectivo acceso a la justicia.

Aunque existen los esfuerzos de México en los años recientes, no hay mecanismos de protección para el Poder Judicial.

El caso de Chihuahua, cuando el Gobernador Corral siente que toca la bóveda celeste, no toma en cuenta ninguna recomendación. Como ejemplo, la Corte en diversas controversias constitucionales, en las que resolvió decretar la inconstitucionalidad de diversas normas Constitucionales y secundarias, removiendo al entonces Presidente del Poder Judicial, así como el acotamiento en casi la totalidad de las facultades del Consejo de la Judicatura del Estado.

Es decir, se salva parcialmente al Poder Judicial, pero la Corte determinó claramente que el Ejecutivo Estatal, violentó la autonomía del diverso poder. Esto debe ser atendido.

Es lastimoso recibir llamadas telefónicas por el Gobernador, invitando a la ciudadanía para protestar contra el Gobierno Federal, cuando éste no respeta a los demás poderes, es decir, en lugar de gobernar, pretende que la sociedad lo avale como el mejor titular del ejecutivo

México vive un periodo crítico debido al aumento exponencial de episodios violentos vinculados principalmente al crimen organizado en gran parte del país, lo cual afecta la labor de todo el aparato judicial, por lo que llamo a adoptar cuanto antes un sistema integral de protección para todos los operadores de justicia.

En cuanto al nivel de independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo, en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Uno de los puntos más débiles de la cadena de impartición de justicia, señaló, son los ministerios públicos, pues esta instancia también depende del Poder Ejecutivo, y ello puede minar la credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos.

El sistema judicial en México sigue en gran medida a expensas de las decisiones del poder Ejecutivo, por lo que su nivel de autonomía y confiabilidad es todavía insuficiente, en un entorno difícil dominado por la violencia del crimen organizado, la corrupción y los huecos legales, que impiden una oposición a todas decisiones del Ejecutivo.

El acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes. Y por si fuera poco los poderes del Estado, no salen de los conflictos inútiles, que afectan directamente a los ciudadanos.

Puntualizó que el amparo se ha convertido en un recurso inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, y que casi todos los elementos del proceso de impartición de justicia tienen serias deficiencias, desde los agentes de policía, hasta los abogados, los defensores de oficio y algunos jueces.

Si bien todavía existen fallas en múltiples sectores del aparato judicial mexicano, apuntó, en general sigue funcionando, aunque el aumento en el grado de violencia que vive el país puede dar la impresión de que no es así.

Acerca de las reformas constitucionales en justicia penal y derechos humanos, Knaul consideró que el cambio del modelo inquisitivo al acusatorio es un paso adelante, y recordó que siguen pendientes cambios a 11 artículos, que darían un mayor estatus a los tratados internacionales para proteger a los ciudadanos extranjeros.

En suma es grave el actuar del gobernador Corral, sometiendo al Poder Judicial y Legislativo, y estos se dejan querer, buscando beneficios.

Dicen que los efectos de las controversias constitucionales se están negociando entre corralistas y duartistas.

Otra raya al tigre: Un juez federal determinó que la competencia de la muerte de Miroslava, le corresponde a éste y no al fuero común.

Triste la falta de asesoría jurídica del gobernador.

Las marchas no resuelven asuntos en los tribunales.

Salud y larga vida.